Por Arturo Huerta González
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de agosto de 2025.- El INEGI reportó el 13 de agosto de 2025 que 51.9 millones de la población en 2018 estaba en situación de pobreza multidimensional y en 2024 pasaron a ser 38.5 millones, por lo que la pobreza disminuyó en 13.4 millones. La pobreza extrema pasó de 8.7 millones en 2018 a 3.8 millones de personas en 2024.
La población en situación de pobreza multidimensional es definida como “aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación”. Y en pobreza extrema “se considera a quienes presentan tres carencias o más y tienen un ingreso inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos, según ámbito rural y urbano, equivalentes al valor monetario mensual de la canasta alimentaria, por persona”. Y en el mes de diciembre de 2024 dicho valor monetario fue de $2,363.7 pesos.
El 14 de agosto la presidenta de la República señaló que “el modelo funciona porque redujo la pobreza y la desigualdad, debido al aumento del salario mínimo, a los programas sociales y al acceso a los derechos”. Al respecto hay que decir que el modelo económico no funciona, debido al contexto de estancamiento económico que ha generado. La economía creció del 2018 a 2024 en 0.8% promedio anual y el PIB per cápita es negativo. Se ha depauperado la estructura salarial. En el primer trimestre de 2018 la población ocupada que recibía un salario mínimo era el 16.22% y en el primer trimestre de 2025 el 40% de la población ocupada pasó a ganar un salario mínimo. Disminuyó significativamente el número de trabajadores que ganan arriba de dos salarios mínimos, que pasaron de ser el 35.61% de la población ocupada en el 2018 a ser el 9.3% en el primer trimestre de 2025, y el resto de la población ocupada está en el rubro de que no reciben ingresos, y no especificados, como los que ganan entre uno y dos salarios mínimos cuyo cambio fue mínimo de 28.78% en el 2018 al 29.3% en el 2025 (datos de INEGI). Las empresas han procedido a despedir trabajadores de altos salarios y los recontratan con un salario mínimo, evidenciando que se ha depauperado la estructura salarial y se ha incrementado la desigualdad salarial, y si a ello sumamos las altas ganancias bancarias, se evidencia que no ha disminuido la desigualdad del ingreso en el país. Si en realidad hubiera disminuido ésta, no estaría contraído el consumo (en julio 2025 cayó en 0.4% respecto a igual mes del año anterior), hubiera crecido la demanda interna, el mercado interno y la actividad económica, lo que no aconteció.
En relación con el acceso a los derechos señalados por parte de la presidenta, efectivamente aumentaron los gastos de educación y salud en relación con el PIB en el sexenio de 2018 a 2024, sin embargo, ello no está aconteciendo en el 2025. Hacienda reportó que de enero a mayo de 2025 se manifiesta una reducción del gasto anual en salud de 10.8 % y el de educación de 8.0 % anual en relación con el mismo período de 2024.
La inversión pública se contrajo en el primer semestre de 2025 en 30% en relación con igual período de 2024 y al continuar dichos recortes presupuestales y la alta tasa de interés, seguirá la desaceleración económica, como la reducción del empleo formal, así como las presiones sobre las finanzas públicas y privadas, que los llevará a disminuir más el gasto e inversión para cubrir el pago de sus deudas. Al continuar cayendo el ingreso nacional proseguirá el deterioro del nivel de vida de la mayoría de la población, que no es contrarrestado por los programas sociales.
El gobierno no puede decir que su modelo funciona, pues no configura condiciones de crecimiento económico, ni impulsa el desarrollo industrial, ni la producción de granos básicos, ni la generación de empleo productivo formal bien remunerado, ni disminuye las presiones sobre el sector externo, ni los requerimientos de entrada de capitales, ni mejora los niveles de ingreso de los deudores para que puedan cubrir el pago de sus deudas sin tener que disminuir el gasto e inversión para ello. Ese modelo económico nos encamina a una recesión y a la vulnerabilidad bancaria ante el crecimiento de los problemas de insolvencia, y, además, a mayor descontento político-social al no satisfacerse las demandas sociales, de empleo y bienestar.