Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de agosto de 2025.- La detención del periodista Rafael León Segovia, conocido como «Lafita León», representa una de las acciones más alarmantes contra la libertad de prensa en México. Acusado de terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública por realizar su trabajo periodístico, este caso expone la fragilidad del ejercicio informativo en una de las entidades más peligrosas para los comunicadores.
El pasado 24 de diciembre, en un operativo que involucró a la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, León Segovia fue arrestado. La magnitud del despliegue policial-militar para detener a un reportero de nota roja ya resulta desproporcionada; pero la gravedad del asunto se multiplica cuando conocemos los cargos que se le imputan.
Una acusación desproporcionada y peligrosa
Calificar la labor periodística como «terrorismo» no solo es una injusticia contra Rafael León Segovia, sino un ataque frontal a todos los comunicadores que arriesgan su vida diariamente para informar a la sociedad. El Código Penal señala penas de hasta 30 años de prisión por este delito, definido como actos que «producen alarma, temor y terror en la población».
¿Es terrorismo documentar un accidente vial? ¿Es terrorismo cubrir la nota roja y denunciar abusos policiales? La respuesta es rotundamente no. Sin embargo, las autoridades veracruzanas han decidido utilizar esta figura legal extrema contra un periodista cuyo único «delito» fue ejercer su profesión.
La organización Artículo 19 ha denunciado con claridad lo que muchos temen: esta imputación es desproporcionada y representa una criminalización del periodismo. El director regional de la organización, Leopoldo Maldonado, advirtió que debido a que el terrorismo amerita prisión preventiva oficiosa, León Segovia podría permanecer hasta un año en prisión sin que se acrediten pruebas de su responsabilidad. Un año de vida arrebatado por hacer periodismo.
El contexto revela la verdadera intención
Según testimonios de colegas del reportero, el origen de esta persecución judicial se encuentra en la transmisión en vivo de un accidente ocurrido el 16 de diciembre, en el que resultó lesionada una mujer embarazada. En ese video aparecía involucrada la hija de Leticia Zurita Dávila, identificada por otros periodistas como «la abogada con más poder en Veracruz». Presuntamente, la litigante habría amenazado al reportero con hacerle «un desmadre», advertencia que se materializó con su detención bajo acusaciones de terrorismo.
Si esta versión es correcta, estaríamos ante un caso aún más grave: el uso del aparato estatal para satisfacer venganzas personales, disfrazadas de procesos legales. Esto convierte la detención no solo en injusta, sino en una perversión del sistema de justicia.
Veracruz: tierra hostil para el periodismo
Veracruz es una de las entidades con los peores registros históricos de agresiones contra periodistas en México. El estado ha sido escenario de asesinatos, desapariciones y amenazas constantes contra comunicadores. En este contexto, utilizar figuras penales como «terrorismo» y «delitos contra las instituciones de seguridad pública» para acallar voces críticas representa un mensaje intimidatorio para todo el gremio periodístico.
La gobernadora Rocío Nahle ha intentado deslindar el caso de la libertad de expresión, argumentando que «para la ley todos somos iguales» y que en Veracruz existe «libertad de expresión, hasta con excesos». Estas declaraciones resultan cínicas cuando un periodista enfrenta hasta 30 años de prisión por grabar un accidente de tránsito.
Organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están dando seguimiento al caso. La Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos ha exigido garantías para la salud e integridad de León Segovia, mientras que Artículo 19 demanda a las autoridades veracruzanas «erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión».
El próximo 30 de diciembre se celebrará la audiencia de continuación que definirá la situación jurídica de Rafael León Segovia. Este caso no es solo sobre un periodista; es sobre todos nosotros, sobre nuestra capacidad como sociedad de recibir información veraz, sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión.
La encarcelación de Rafael León Segovia es injusta. Pero el mote de «terrorismo» aplicado a su labor periodística es aún más injusto y representa un peligro para toda la democracia mexicana. Como señaló Artículo 19: «El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia».
En un país donde decenas de periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo, donde la violencia contra la prensa es sistemática, utilizar el terrorismo como herramienta de censura es inaceptable. Rafael León Segovia debe ser liberado de inmediato y todas las acusaciones en su contra deben ser retiradas. Su única actividad «criminal» fue informar a la sociedad, y eso nunca debe ser castigado.