Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de marzo de 2022.- Laura Morán Servín tenía 87 años (hoy registra 94) cuando falleció Federico Gertz Manero de 82 otoños. Eso ocurrió en septiembre de 2015. Hace siete años.
Desde el momento del fallecimiento del citado señor, su hermano Alejandro buscó encarcelar a su cuñada y a la hija de ella, Alejandra Cuevas Morán.
No lo pudo lograr el ex secretario de Seguridad Pública, en el periodo de 2000 a 2004, hasta que llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que no esperaba ya que estaba destinado para el honorable, Bernardo Batiz, pero éste declinó por no sentirse con las fortalezas anímicas para ese trascendente y vital puesto.
Ya posicionado, Alejandro hizo que encarcelaran a Alejandra, en octubre de 2020 por homicidio doloso (en Santa Martha Acatitla) y que le imputaran a su madre Laura Morán, auto de formal prisión.
Son siete años de persecución contra dos mujeres por un individuo que tiene a la ley en su mano, ya que le dijo a Julio Scherer Ibarra: “Es mejor tener un amigo Fiscal que un enemigo”, algo que pasará a la historia de la personalización de la ley, en lugar de la imparcialidad.
La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que elaboró el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y dada a conocer el 23 de marzo, aunque se discutirá y votará el lunes 28 de ese mes, otorga el amparo liso y llano a las dos señoras agraviadas.
Hay seis votos a favor, ya que desde la posición del también ministro: Alberto Pérez Dayán, tenían esas posiciones el sexteto de togados, pero algunos señalan que será por unanimidad; o sea que los 11 juristas que componen el máximo tribunal estarán por otorgarle la libertad a Alejandra y Laura.
Dos cuestiones, entre las muchas que están mal en esta sentencia es que se impusieron los absurdos criterios de género acerca que una mujer debe estar a cargo de la salud y vida de un individuo (en el caso de Laura) y que se inventó el delito de “garante de la salud” (para Alejandra).
Además, la jueza, Marcela Ángeles Arrieta, que dictó sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCdMx), no tomó en cuenta los documentos de la defensa e incurrieron en múltiples errores, al decir de abogados especialistas en estos casos.
¿Por qué esa saña de un Fiscal contra un par de señoras que han sufrido daños físicos y mentales en todo este tiempo, a pesar de sus avanzadas edades?
Hay múltiples explicaciones, desde bienes que tenía Federico y quiere recuperar Alejandro hasta cuentas en paraísos fiscales que manejaba el primero a favor del segundo.
Todo puede ser o no falso, el asunto toral es que un Fiscal que ha quedado a deber pues sus casos emblemáticos como el de Emilio Lozoya y Rosario Robles están prendido con alfileres y otros más intocados, no debió espiar al Máximo Tribunal Judicial como lo hizo mediante la conversación que tuvo con su brazo derecho en la Fiscalía, Juan Ramos.
Pronto, se dice, sabremos quién grabó esa conversación, algo muy correcto, pero el hecho que la justicia mexicana esté envenenada no hace tener esperanzas de un pueblo que ha reclamado por ello muchos decenios y por lo mismo votó abrumadoramente por Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Eduardo Huchim, señala en su texto del periódico Reforma (23 de marzo), que en los tribunales de la Ciudad de México hay: “venta de sentencias, tráfico de influencias, aplicación de criterios absurdos, consignas emitidas por tribunales superiores… instrucciones del Poder Ejecutivo”.
Todo muy grave, amén que señala: la Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, participó para que llegaran a esa terrible situación Alejandra Cuevas y Laura Morán.
¿Qué dirá ahora el vocero de Ernestina, Ulises Lara?
Posición destacable de la SCJN y muchos personajes en entredicho. Principalmente un Fiscal a quien se le acumulan los negativos en muchos terrenos. ¿Hasta cuándo?