La batalla por el Conacyt

Foto: Moises Pablo / Cuartoscuro

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de marzo de 2019.- De lo anterior, por supuesto, no se presentan pruebas. Tampoco se toma en cuenta que María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se deslindó de la iniciativa de ley y señaló que no forma parte de los proyectos del actual gobierno.

Pero nada de eso importa y se insiste en que el Conacyt —lo que implica a su actual directora— trata de imponer un punto de vista único en la ciencia y amenaza con perseguir o eliminar a los adversarios, como lo hizo José Stalin en la Unión Soviética, quien impuso al agrónomo Trofim Lysenko como comisario rojo de la intolerancia científica. Como ejemplo, se cita “la renuncia forzada de la genetista Beatriz Xoconostle Cázares”, quien era directora del Centro de Investigación Científica de Yucatán.

Se da por hecho, otra vez sin prueba alguna, que el Conacyt es la guarida de los partidarios de Lysenko e incluso, en la gaceta del actual gobierno, el columnista Javier Flores se aparta del rigor al que nos tiene acostumbrados y pregunta si “el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a convertirse en el Stalin que necesitan quienes estigmatizan áreas completas del conocimiento, como la biotecnología, y pretenden imponer restricciones a la libertad de investigación”. Sobra decir que la respuesta queda implícita en esa pregunta.

En otra parte de su texto, el citado periodista acusa al actual gobierno de intentar impedir, “no la diseminación de plantas modificadas genéticamente”, que eso corresponde a otras regulaciones, sino “la investigación, gracias a la cual podemos conocer con certeza las oportunidades y riesgos de los organismos genéticamente modificados”.

De todo lo citado se desprende que el centro de la polémica es precisamente la introducción y cultivo de transgénicos. Hay que coincidir con Javier Flores en que no podemos renunciar al conocimiento “de las oportunidades y riesgos” de tales variedades, pero igualmente cabe recordar que, pese a las prohibiciones existentes, en México se cultivan y se comercializan abiertamente variedades de efectos desconocidos en el cuerpo humano.

Algo que omiten los críticos de la doctora Álvarez-Buylla es que Monsanto y otras empresas transnacionales están muy interesadas en incentivar la investigación de especies modificadas genéticamente, y no lo hacen por mero altruismo, sino para ganar dinero, del cual reparten una parte miserable a los científicos a su servicio. En el caso de algunas variedades modificadas de maíz y otros granos, lo cosechado no sirve para la resiembra, sino que hay que acudir nuevamente al proveedor, con el riesgo de que la tierra se esterilice por el empleo de transgénicos.

En la embestida contra la directora del Conacyt no son ajenas las empresas transnacionales, unas pocas de matriz mexicana y la mayoría con oficina central en Estados Unidos o Europa. La doctora Álvarez-Buylla decidió cancelar las transferencias de recursos a esas firmas, que sumaron unos 50 mil millones de pesos en el sexenio pasado y otro tanto en los sexenios panistas, sin contar las exenciones de impuestos y otros beneficios para las empresas que realizaran investigación, aunque ésta sea para beneficio exclusivo de esas compañías, no de la sociedad mexicana.

De modo, pues, que es mucho lo que está en juego y nadie puede alegar ingenuidad ni mucho menos acusar de ignorancia. Protagonizan la batalla diversos grupos de científicos con diversidad de intereses y orientaciones, pues, por fortuna, su comunidad no es homogénea. Entre otras cosas está a discusión si debe continuar el Sistema Nacional de Investigadores por la misma ruta, la que, por lo menos en el área de humanidades, ha propiciado, desde su origen, la producción masiva de refritos, la mediocridad bien pagada y la ausencia de obras relevantes, con las excepciones por conocer.

Como en otras áreas, la ciencia mexicana tendrá que experimentar una buena sacudida porque el dinero público que se le destina pocas veces beneficia a la ciudadanía. Ése es el punto. Lo demás es grilla y competencia por el hueso.