Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de abril de 2024.- Toda auditoría requiere de una sólida formación, de imaginación y osadía, pues quien audita no ha de conformarse con la versión que ofrecen los analizados, sino que debe resistir presiones y llevar a fondo su indagación, la que es una actividad de valientes, ya que sus profesionales suelen pisar callos. De ahí que cualquier auditoría resulte chocante para los auditados, incluso si todo está en orden, pues los pone bajo la lupa debido a que han de confrontarse los hechos con los dichos, los haberes con los deberes y los inventarios con los inventos.
Por desgracia, lejos estamos de contar con una administración pública satisfactoria. Privan en la esfera pública no el acatamiento de las normas ni el manejo impoluto de los fondos, sino la arbitrariedad de los poderosos, las ocurrencias más costosas, el desprecio por la ley, las cooptaciones indebidas, las complicidades, los caprichos de quien manda y los compromisos inconfesables, todo lo cual propicia el desorden, la falta de control, las ineficiencias y, como consecuencia, la corrupción, una enfermedad contagiosa, progresiva y disolvente.
Lo anterior se desprende del libro de Muna D. Buchahin, La casa sucia (Ed. Grijalbo, 2024), un valiente “yo acuso”, una elocuente radiografía de ese submundo de lo inconfesable, una implacable relación de procesos recientes que, lejos de afrontarse con la ley en la mano, se eluden, se minimizan, se esconden o se disfrazan porque, al menos hasta ahora, pueden más los intereses políticos, el amiguismo y, por supuesto, la corrupción, esa especie de cemento que une a los sinvergüenzas.
Si hubiera voluntad política, mucho podrían hacer las autoridades. Pero no es el caso. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se supone que es el organismo cúpula en la materia, es una construcción más propicia al ocultamiento que a la clarificación, pues lo integran entidades públicas también sujetas a ser auditadas y, por tanto, alérgicas a toda investigación.
Integrante destacadísimo de dicho Sistema es David Colmenares Páramo, quien representa la mejor garantía de que nada se hará para combatir corruptelas. En 2018 fue designado auditor superior de la Federación, pese a que años antes había sido despedido de ahí mismo por escandalosas omisiones cometidas en su revisión de las cuentas dejadas por el que fuera gobernador de Tabasco, Andrés Granier, a quien Colmenares llama “hermano”.
Con ese antecedente, parecería inexplicable el nombramiento de Colmenares, pero esto es México y aquí la resbaladiza política propicia tales desfiguros, como lo prueba el despido de Muna D. Buchahin, pues ella y su equipo revelaron la Estafa Maestra, el “extravío” de más de siete mil millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En la red de complicidades es inaceptable que funcionarios honrados denunciaran un atraco a la nación por siete mil millones de pesos. Fue así como Colmenares y sus compinches desataron una guerra feroz contra la autora de La casa sucia y su equipo, hasta que lograron sacarlos de la Auditoría, pues ya se sabe que los funcionarios honestos y eficientes son un peligro en los pantanos de la corrupción.
Acostumbrados a pisotear la dignidad y los derechos de los demás, los corruptos no se imaginaron que, lejos de amilanarse ante la sucia campaña de difamación y las amenazas, la valiente Muna Buchahin contestaría con responsabilidad patriótica y valor civil a sus acusadores, a quienes no ha cesado de señalar con índice flamígero.
Tan le asiste la razón, que el proceder de Colmenares no deja de aportar elementos que confirman su ineficiencia, muy probablemente interesada, pues si en 2018 la ASF realizó 1,813 auditorías, en el primer año del actual gobierno fueron 455 menos; en este sexenio, la ASF ha presentado 22 denuncias, contra más de 600 en cada uno de los dos sexenios anteriores, y así en todos los rubros.
La cereza del pastel: hace unos días, Colmenares cesó al auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, quien reveló que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costará al Estado más de 331 mil millones de pesos, más del triple de lo anunciado por gobierno federal. ¿La razón del despido? ¡Cómo se atreve el señor Caso a perturbar la convivencia entre los de antes y los de ahora! ¡Por favor!