La derrota del PRIAN y su intento de apropiarse de las causas en Puebla
Por Ana Lluvia García
Por Ana Lluvia García
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de abril de 2026.- La derrota del PRIAN en los últimos procesos electorales no puede explicarse únicamente como un resultado adverso en las urnas. Lo que hemos presenciado es algo más profundo: el agotamiento de un proyecto político que durante años perdió contacto con la sociedad, vació de contenido sus propias banderas y terminó por diluir su credibilidad frente a amplios sectores de la población. No se trata solo de una derrota electoral, sino de una crisis que combina pérdida de legitimidad, de narrativa y de capacidad real de representación.
Cuando un proyecto político se queda sin identidad, suele buscar sobrevivir apropiándose de aquello que sí tiene legitimidad social. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Sin una propuesta clara, sin arraigo en las luchas reales y sin una base social sólida, sectores vinculados a esos partidos intentan reposicionarse colgándose de causas que no construyeron, que no acompañaron y que, en muchos casos, ignoraron cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar.
En Puebla, este fenómeno se expresa con claridad. Las discusiones en torno al Cablebús y al relleno sanitario que se pretende implementar en San José Chiapa no surgieron de agendas partidistas ni de cálculos electorales. Son resultado de procesos sociales concretos, de preocupaciones legítimas construidas desde el territorio: la defensa del entorno, la exigencia de transparencia, la crítica a decisiones tomadas sin consulta, la preocupación por los impactos ambientales y por las consecuencias en la vida comunitaria. Son luchas que han implicado organización, debate, presencia constante y, sobre todo, compromiso.
Sin embargo, ante su propia debilidad, personajes ajenos a estos procesos han comenzado a aparecer, intentando colocarse como referentes o voceros de estas causas. No lo hacen desde la construcción colectiva ni desde una trayectoria que respalde su participación, sino desde la conveniencia política. No es acompañamiento: es oportunismo. No es compromiso: es cálculo. Y eso no solo es evidente, sino profundamente problemático, porque busca distorsionar el sentido de luchas que tienen origen, historia y legitimidad propias.
El problema de fondo es que no se puede simular arraigo donde no lo hay. No se puede improvisar compromiso en medio de una coyuntura. No se puede pretender representar causas sociales cuando no se ha estado en los momentos clave en los que esas causas se construyen. Quienes hoy intentan subirse a estas agendas no solo parten de un diagnóstico equivocado de la realidad, sino que evidencian la ausencia de un proyecto propio. Al haber perdido sus banderas, intentan apropiarse de las banderas de otros.
En Puebla esto adquiere una dimensión particularmente clara. Vemos a quienes antes avalaron decisiones verticales, hoy hablar de participación ciudadana. A quienes fueron omisos frente a impactos ambientales, hoy presentarse como defensores del territorio. A quienes nunca caminaron con las comunidades, hoy intentar encabezar sus demandas. No es una transformación política; es una estrategia de reciclaje que busca reconstruir credibilidad sin asumir responsabilidades históricas.
Es importante decirlo con claridad: que distintos actores coincidan en una crítica no implica que compartan un proyecto. Las luchas sociales no son espacios neutrales ni plataformas disponibles para quien necesite reposicionarse. Tienen contenido, dirección, memoria y horizonte. Y cuando actores sin legitimidad buscan utilizarlas como vehículo político, lo que está en riesgo no es solo la coherencia, sino la propia integridad de esas luchas.
Frente a esto, la respuesta no puede ser ingenua. Los movimientos sociales y ciudadanos en Puebla tienen memoria, tienen historia y tienen claridad sobre quién ha estado y quién no. Sabemos quién ha acompañado desde el territorio, quién ha sostenido las críticas de fondo, quién ha asumido costos por defender estas causas, y también sabemos quién aparece únicamente cuando hay reflectores y oportunidad política.
Pero también hay que señalar algo con la misma firmeza: tampoco es justo ni aceptable que desde el gobierno en Puebla se intente descalificar estas luchas señalando a colectivos, organizaciones y ciudadanía como “panistas” o como instrumentos de la oposición para justificar decisiones ya tomadas. Esa narrativa no solo simplifica y distorsiona la realidad, sino que busca deslegitimar la crítica social para imponer proyectos sin abrir verdaderos espacios de diálogo.
Reducir la inconformidad social a una supuesta manipulación partidista es una forma de evadir el fondo de los problemas. Es ignorar que las preocupaciones sobre el territorio, el medio ambiente y la participación no nacen de partidos, sino de experiencias concretas de vida, de afectaciones reales y de la necesidad de defender lo común. Esa descalificación no construye soluciones; rompe puentes y profundiza la desconfianza.
Al final, lo que está en juego no es una disputa entre partidos, sino la forma en que se toman decisiones que impactan la vida de miles de personas. Y en esa correlación de fuerzas, históricamente han sido los mismos quienes cargan con las consecuencias: los de abajo, las comunidades, quienes viven en los territorios, quienes enfrentan directamente los efectos de decisiones tomadas muchas veces sin ellos.
La derrota del PRIAN los dejó sin proyecto, sin narrativa y sin conexión social. Y frente a ese vacío, intentan apropiarse de lo que sí tiene legitimidad. Pero tampoco se puede permitir que, desde el poder, se descalifique la organización social para imponer decisiones. Las luchas no son botín político, pero tampoco pueden ser objeto de estigmatización.