Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de mayo de 2021.- Corre por ahí el chiste de que el juez Juan Pablo Gómez Fierro es el santo patrono de los amparados (los derechos de autor son de Carlos Noriega Félix), pues con inusual largueza expide amparos a diestra (no a siniestra) para proteger a los pudientes de las leyes que pudieran perjudicar sus negocios.
Se dirá que el recurso de amparo es un derecho de todos los mexicanos, lo cual es cierto, pero no puede omitirse que quien lo aprovecha es aquel que puede pagarlo, porque la justicia mexicana (cualquier cosa que eso signifique) es muy cara y no está al alcance de cualquiera.
Un elocuente ejemplo de lo anterior es el tratamiento que generosamente reciben los grandes pájaros de cuenta. Por ejemplo, el señor Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de corrupción, crimen organizado, tráfico de influencias y lavado de dinero por muchos millones de dólares, no está en la cárcel, sino en su casa, desde donde suelta periódicamente alguna información, lo que le permite evitar las incomodidades de una celda, a donde sí mandan al modesto burócrata que recibe mordidas.
Otro caso que resulta indignante es el de Alonso Ancira, extraditado de España para que respondiera por daños causados a Pemex por un monto superior a 216 millones de dólares, suma derivada de la compraventa irregular de Agro Nitrogenados. El señor estuvo unas horas en el Reclusorio Norte, donde se comprometió a pagar esa fortuna y salió muy tranquilo para subirse a una camioneta que cuesta tres y medio millones de pesos, en la cual encendió su puro y, con aire de suficiencia, se fue a casa.
Lejos de mostrar indignación o de criticar el tratamiento judicial para personajes como los citados, el presidente López Obrador celebró el acuerdo porque, según dijo, es un “hecho posiblemente inédito” o no registrado desde hace mucho tiempo. Tal vez, pero se trata de un delito de orden mayor y el arreglo no debiera celebrarse.
Y todo eso ocurre cuando la mitad de los mexicanos que están en las cárceles esperan sentencia y, en numerosos casos, esa espera sobrepasa los diez o más años, como ocurre con Israel Vallarta, quien fue acusado, con Florence Cassez, de secuestro, pero mientras ella fue liberada y enviada a Francia por las irregularidades que rodearon la aprehensión, él continúa encarcelado después de 16 años.
Debemos suponer que en algunos países el sistema judicial sí funciona, pero en México es un laberinto donde se pierden los que tienen menos dinero e influencias.
Es discutible que pueda acusarse al Poder Judicial de neoliberal, pero lo cierto y evidente es que se trata de un poder conservador. Está en su naturaleza, pues con la ley en la mano debe conservar el orden, aun contra lo dispuesto o actuado por los otros poderes. En muchos casos, ese conservadurismo le permite sobrevivir a cambios de gobierno y hasta golpes de Estado.
Y está muy bien que se actúe con apego a la ley, pero cuando caben varias interpretaciones de un texto legal, como casi siempre sucede, se abre un amplio espacio para la arbitrariedad o la corrupción, pues, como dijo anteayer AMLO, la postura del juez Juan Pablo Gómez Fierro y de otros como él “es entendible, porque son magistrados que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero”.
Por eso se hace necesario que el Ejecutivo vigile el comportamiento y el patrimonio de los jueces y sus familiares. Igualmente, es necesario que se proceda a una reforma profunda del Poder Judicial, la que tendría que ser objeto de una amplia consulta, de negociaciones en las que cada fuerza política ponga por delante los intereses de la nación, no de algunas empresas, por poderosas que sean.
¿Sueños guajiros? Tal vez, pero de alguna manera tendrá que iniciarse la gran reforma judicial que requiere el interés de los mexicanos.