¿La muerte tiene permiso?

Foto: Danilo Balderrama / Reuters

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de agosto de 2020.- Circula en redes sociales una Carta Abierta a Humberto Musacchio, a propósito de mi artículo Cofepris vs. dióxido de cloro, aparecido en este espacio hace una semana. La firma el señor Javier Delgado Rosas, editor de Verificiencia, quien dice, en plural: “hemos leído con preocupación su artículo” en el que “usted acusa sin evidencia a la Cofepris de posicionarse sin bases científicas contra esa sustancia” (el dióxido de cloro).

El señor Delgado Rosas me acusa de promover “varias teorías de la conspiración para respaldar el uso pseudocientífico de esta sustancia química —un desinfectante— como cura mágica para diversos padecimientos”. Para empezar, rechazo que pueda yo emplear teoría alguna para respaldar el uso del dióxido de cloro. Lo que dije, y ratifico, es que la Cofepris niega al dióxido de cloro todo beneficio en los tratamientos contra el covid-19, pese a que cada vez son más las experiencias que muestran su eficacia.

Advertí también que, por supuesto, esa sustancia puede tener efectos secundarios, pero, hasta ahora, no hay pruebas concluyentes de que haga daño al organismo humano mezclada con agua en dosis inferiores al tres por ciento. Desde luego, si existen estadísticas o pruebas de cualquier tipo sobre la letalidad de dióxido de cloro, la Cofepris y la Secretaría de Salud están obligadas a difundirlas profusamente e impedir que cause daños. Y en tal caso, al no hacerlo, incurren en negligencia criminal.

Igualmente, si “los vendedores del dióxido de cloro han falseado informes de la Cruz Roja Internacional y además se presentan ellos mismos como científicos con títulos expedidos por universidades fraudulentas”, la Cofepris ha sido omisa en el cumplimiento de una de sus funciones, que es, como lo escribí, “el control y vigilancia de los establecimientos de salud y de aquellos que procesan productos u ofrecen servicios con el mismo fin”.

Por supuesto, lejos de mí toda intención de recetar el dióxido de cloro o de recomendar su empleo, porque no soy médico. No obstante, como ciudadano, tengo todo el derecho a ser informado con veracidad y oportunidad sobre productos cuya ingestión puede causar la muerte, aunque me atengo a que, como dice el señor Delgado Rosas, “la dosis hace el veneno”, como lo demuestra la potabilización del agua, precisamente con cloro, el que, según don Javier, es un “biocida no específico” que sólo se recomienda como antiséptico externo (¿aunque luego nos lo bebamos con el agua?).

Mi corresponsal niega que “médicos responsables” hayan administrado el “dióxido de cloro de manera exitosa en otros países”. Y también en México, don Javier, aunque usted no se haya enterado y quiera reducirlo todo a “anécdotas no contrastadas científicamente”.

Afirma el señor Delgado Rosas que “son los vendedores de dióxido de cloro y no las farmacéuticas quienes ganan con la promoción de este falso remedio”, pero lo cierto es que el dióxido de cloro es muy barato, en tanto que los tratamientos a base de medicamentos que sí aprueba la Cofepris cuestan mucho dinero y no han mostrado ser más eficaces, pues no han impedido la muerte de 50 mil contagiados.

En su cruzada, el director de Verificiencia olvida verificar datos y se atreve a decir que “no existe ningún estudio que avale la eficacia del escozul”. Seguramente no existe estudio alguno de la Cofepris, pero en Cuba y otros países, incluido México, hay pruebas abundantes de las cualidades terapéuticas de ese medicamento cubano, y le recuerdo que Cuba es uno de los países con más baja morbilidad porque cuenta con un avanzado sistema de salud, pese a las dificultades que ha tenido para adquirir medicamentos en el mercado internacional, entre otras cosas, por su política de prevención sanitaria y el empleo de terapias alternativas.

El señor Delgado también se lanza contra las “nanomoléculas” que toma doña Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y en forma temeraria rechaza toda medicina alternativa, lo que, según él, “se debe simplemente a que no se ha demostrado que funcionen”. ¿No? ¿Y cómo cree que sobreviven los pobres?

Ante la reiterada condena de las terapias alternativas por las autoridades “sanitarias”, cabe preguntar, a la manera de llorado Edmundo Valadés: ¿La muerte tiene permiso?