Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de mayo de 2022.- Pese a que la situación es poco favorable para una reforma electoral consensuada, la oposición da muestras de interés en el tema y el PRI lanza una propuesta ciertamente audaz, la que, en su mayor parte, parece razonable, aunque algunos puntos seguramente serán objeto de un agitado debate.
La propuesta priista contiene varios puntos que permitirían reducir el enorme gasto electoral. Por ejemplo, se propone reducir de 500 a 300 el número de diputados federales, lo que implicaría la reducción de juntas distritales en la misma proporción. En igual sentido va la propuesta de suprimir en las entidades federativas los llamados Oples (organismos públicos locales electorales) para concentrar en un solo instituto la organización de comicios federales, estatales y municipales, así como desaparecer los tribunales electorales de cada entidad para dejar todos los litigios en manos del tribunal federal, lo que coincide con la iniciativa presidencial.
Contra la propuesta de AMLO de eliminar las diputaciones de mayoría relativa, el PRI apuesta por crear 150 de éstas y otras tantas de representación proporcional, lo que parece positivo, pues, salvo excepciones por confirmar, son los antes llamados representantes plurinominales los que llevan el peso de las discusiones parlamentarias y el análisis de las iniciativas, con la ventaja adicional de que las candidaturas independientes tendrán un espacio para la disputa por los cargos.
Los priistas proponen también que se institucionalice la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, siempre y cuando en la primera ninguno de los candidatos obtenga más de 50% de la votación, lo que daría mayor legitimidad al ganador. Un problema, por supuesto, es que los ahorros derivados de la reducción de distritos y organismos electorales podrían esfumarse por la erogación que implica esa segunda vuelta.
La iniciativa de AMLO propone designar por voto secreto, universal y directo a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, lo que favorecería al partido mayoritario. Para el PRI, en cambio, sería mejor seguir el procedimiento actual de convocatoria, registro y evaluación de los aspirantes, pero recurriendo finalmente al método de insaculación y no de elección por los partidos, como ocurre ahora.
El PRI plantea la creación de la figura de vicepresidente, la que en México ha estado ausente desde el porfiriato.
El candidato al cargo deberá ir en fórmula con el aspirante presidencial. La idea es que el vicepresidente se encargue de la política interior y sea jefe de gobierno, en tanto que el mandatario lo sería de Estado y, en caso de ausencia definitiva, sería suplido por el vicepresidente.
Un punto que será motivo de arduos debates es el relativo al financiamiento de los partidos, que los priistas proponen reducirlo de manera paulatina para dejarlo en 30 por ciento.
La iniciativa de AMLO establece mantener las prerrogativas para las campañas electorales y suprimir el financiamiento regular para que el sostenimiento de los partidos corra a cargo de la militancia de cada organización.
Sobra advertir que, hasta ahora, los candidatos a uno u otro cargo reciben financiamiento público, pero, sobre todo, cubren sus gastos mediante aportaciones privadas, frecuentemente de dinero ilícito, lo que, con disimulo o sin él, propicia que los gobernantes apoyen a sus candidatos y que lo mismo hagan los poderes fácticos y, especialmente, el crimen organizado. En 2012 fue escandaloso el derroche del candidato presidencial del PRI sin que los consejeros del IFE se dieran por enterados, mientras que con la oposición adoptaron una gran severidad.
El punto más delicado de la iniciativa presidencial es la pretensión de suprimir al INE para sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, lo que implicaría despedir a los actuales consejeros. Se olvida que éstos son los que arbitraron las elecciones de 2018 y 2021, las que ganó Morena, pese a lo cual ese partido ha convertido en blanco de sus diatribas a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama.
Hay que repetirlo: el INE es resultado de una añeja demanda popular. Dejen en paz al árbitro y no insistan en someterlo a la voluntad de partido o personaje alguno.