La reforma al poder judicial no resolverá la corrupción en dicho poder

Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de septiembre de 2024.- El gran capital internacional y la Embajada de Estados Unidos en México presionan al gobierno y al Congreso para que no se apruebe la reforma al poder judicial, argumentando que ello generará incertidumbre jurídica que afectará las inversiones y las relaciones comerciales con el exterior. Tales declaraciones reflejan una injerencia directa en las decisiones que solo competen al país. Ello trata de evitar que se tomen determinaciones en las cuales ellos no han sido consultados, por lo que ejercen su poder económico y político para imponerse, lo cual es inadmisible, pues deben respetar las decisiones soberanas del gobierno.

En el plano interno, se ha señalado que dicha reforma y la elección popular de los jueces, atenta contra la división de poderes, de tal manera que se concentrará más poder en el ejecutivo, de tal manera que se conformará un poder judicial subordinado al gobierno, para que la Suprema Corte de Justicia no frene sus diversas iniciativas y decisiones.

El gobierno federal saliente ha venido criticando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la defensa a ultranza de las leyes neoliberales incorporadas en la Constitución por los gobiernos anteriores que abrieron los sectores estratégicos (Pemex y CFE) al capital internacional y nacional, por lo que el gobierno ha venido tratando de acotar y limitar dicha participación. Si la finalidad es esa, la de priorizar la participación de Pemex y la CFE en la producción y la prestación del servicio eléctrico y energético en el país, lo que debería hacer el gobierno (ahora que tendrá mayoría calificada en el Congreso), es proponer iniciativas de ley encaminadas a recuperar para la nación dichos sectores y una vez cambiada la Constitución, la Suprema Corte de Justicia tendrá que acatar el cumplimiento de ella. Por consecuencia, no hay necesidad de pasar por el proceso de elección popular de jueces y magistrados, además que no hay evidencia de que esta medida a nivel mundial haya resuelto el problema de corrupción en dicho poder.

El problema es que el gobierno federal y el Congreso no se atreven a plantear iniciativas de cambios constitucionales para erradicar las políticas neoliberales presentes ahí, pues temen que las calificadoras internacionales le bajen el grado de inversión al país. De ahí, que optan mejor por esa reforma al poder judicial donde se indica que los candidatos a jueces y magistrados para la elección popular sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo que terminará configurando (dada la mayoría del partido oficialista), una Suprema Corte de Justicia a modo para que no ponga travas a las decisiones que el gobierno vaya tomando.

Así como el gobierno critica a la Embajada de Estados Unidos por entrometerse en las decisiones nacionales, debería defender la soberanía frente a las calificadoras y los organismos financieros internacionales que vienen señalando que el gobierno entrante debe proceder a la consolidación fiscal, lo cual es una intromisión a las decisiones soberanas de política económica.

Desafortunadamente ningún gobierno ha instrumentado políticas a favor de los intereses de las mayorías, sino se han subordinado a los dictámenes dados por las calificadoras y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para ser bien vistos por ellos, y de ahí que la política económica ha actuado a favor del sector financiero, en vez recuperar el manejo soberano de la política económica para responder a las demandas de las grandes mayorías de crecimiento económico y empleo.