La salida de Gertz Manero, una ventana para purgar las fiscalías y transitar hacia la justicia

Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de noviembre de 2025.-Alejandro Gertz Manero como Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025 no es solo el cierre de un capítulo controvertido, sino una oportunidad histórica para replantear el sistema de procuración de justicia en México. Tras seis años al frente de la FGR, su salida —formalizada ante el Senado de la República con una carta que lo destina a un ambiguo puesto diplomático— deja un legado de omisiones, encubrimientos y casos estancados que han profundizado la desconfianza en las instituciones. Pero, paradójicamente, este vacío abre la puerta a una depuración profunda de las fiscalías a nivel nacional y a la implementación de una justicia transicional que priorice la verdad, la reparación y la no repetición, con el objetivo de resolver los primeros casos emblemáticos y, sobre todo, contribuir a atenuar la ola de violencia que azota al país. En un país donde la impunidad se ha convertido en la norma y la violencia en el pan de cada día, la renuncia de

Gertz Manero, designado el 18 de enero de 2019 con un mandato que se extendía hasta 2028, se va tres años antes de tiempo, envuelto en una nube de críticas que no son nuevas, pero que hoy resuenan con mayor fuerza. Su gestión, marcada por ausencias prolongadas y un estado de salud precario que lo alejó de sus responsabilidades durante meses, se caracterizó por una “justicia selectiva” que priorizó venganzas personales sobre la imparcialidad. Uno de los escándalos más notorios fue el caso de su sobrina política, Alejandra Cuevas Morán, detenida arbitrariamente en 2020 por la muerte de su hermano Federico en 2015. La FGR, bajo su mando, inventó la figura de “garante accesoria” para imputarle homicidio por omisión, manteniéndola presa 528 días hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la liberó en 2022, calificando la detención como ilegal. Audios filtrados revelaron incluso insultos del fiscal hacia Cuevas, exponiendo cómo la institución se convirtió en un “despacho particular” para rencillas familiares.

Pero los fallos no se limitan a lo personal. Gertz Manero dejó un rastro de casos no resueltos que claman por justicia. En el escándalo de Odebrecht y la Estafa Maestra, heredados del sexenio de Peña Nieto, la FGR mostró pasividad crónica: Emilio Lozoya sigue en un limbo judicial pese a confesiones que implican a altos funcionarios priistas. El caso Ayotzinapa avanzó a cuentagotas, con tensiones constantes entre la FGR y la Comisión para la Verdad, y sin avances concluyentes en la identificación de responsables estatales. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos en 2020, acusado en EE.UU. de nexos con el narcotráfico y absuelto en 72 horas por “falta de pruebas”, generó acusaciones de encubrimiento a mandos militares. Y no olvidemos el espionaje con Pegasus, donde la FGR archivó investigaciones contra opositores y periodistas sin profundidad, o las reformas fallidas para excluir a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, rechazada por colectivos de derechos humanos. Estas omisiones no solo perpetuaron la impunidad —que en delitos como tortura y desaparición roza el 100 %—, sino que alimentaron la corrupción interna y la politización de la justicia, convirtiendo a la FGR en un instrumento de agendas personales y políticas.

En este contexto, la renuncia de Gertz Manero no debe ser un relevo cosmético, sino el catalizador para una depuración radical de las fiscalías estatales y federales que logren por primera vez «una colaboración entre la 4T y la Fiscalía», como apunta José Reveles en una entrevista con Julio Astillero.  México arrastra una red de impunidad sistémica que no solo está en las fiscalías locales: la propia FGR sigue operada, en sus niveles medios y altos, por una mezcla tóxica de exfuncionarios y agentes del Ministerio Público que vienen de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Muchos de ellos fueron formados o protegidos durante los años de los pactos documentados (y no tan documentados) con grupos del crimen organizado, desde la “guerra” calderonista hasta los arreglos peñistas. Son precisamente estos cuadros los que han sabido dónde archivar, cómo extraviar y cuándo “congelar” las carpetas que podrían exhibir los acuerdos de impunidad entre Estado y cárteles. Junto con las bases trabajadoras heredadas de Mancera en la CDMX —que mantienen vínculos con redes locales como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac—, conforman el verdadero muro que ha impedido cualquier avance real en casos de desapariciones, ejecuciones y corrupción de alto nivel.

Aquí radica la esperanza: su salida habilita la implementación de una justicia transicional, un marco probado en contextos de violencia masiva como el nuestro. La justicia transicional —con pilares como la verdad, la justicia penal, la reparación integral y la no repetición— no es un lujo académico, sino una necesidad para sociedades saliendo de ciclos de represión o conflicto armado. En México, donde la “guerra contra el narco” desde 2006 ha dejado más de 100 mil desaparecidos y decenas de miles de víctimas, este enfoque permitiría esclarecer hechos en casos prioritarios como Ayotzinapa o los feminicidios en Guerrero y Jalisco. Una comisión de la verdad podría escuchar a víctimas y perpetradores, como en Sudáfrica o Perú, reconstruyendo narrativas que fomenten la reconciliación y prevengan la polarización. Al mismo tiempo, reformas institucionales —como capacitar a fiscales en perspectiva de género y derechos humanos— garantizarían la no repetición, atacando raíces de la violencia como la militarización de la seguridad. Resolver estos primeros casos no solo honraría a las víctimas, sino que enviaría un mensaje disuasorio, contribuyendo a desmantelar economías criminales y reducir la incidencia delictiva en zonas focalizadas.

En este panorama, el nombre que más resuena como posible sucesora es Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica de la Presidencia y exfiscal de la CDMX. Su trayectoria incluye logros como la reducción de delitos de alto impacto en la capital y el destape del cártel inmobiliario. Sin embargo, su gestión en la Fiscalía capitalina no estuvo exenta de sombras: dejó un rezago de 228 mil carpetas pendientes (entre ellas el multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte) y fue criticada por no depurar la base trabajadora heredada de Mancera —un equipo con presuntos vínculos a redes de protección para cárteles locales como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac. Acusaciones de persecución política y un “carpetazo” selectivo en casos como la Línea 12 alimentaron dudas sobre su imparcialidad.

Aun así, Godoy tiene ante sí una oportunidad redentora. Al frente de la FGR podría romper con ese legado mancerista y, sobre todo, con la estructura calderonista-peñista que aún controla buena parte de la institución nacional, depurando fiscalías estatales, implementando protocolos de justicia transicional y priorizando casos de violencia de género y desapariciones. Sería su forma de sanar la deuda que dejó en la Ciudad de México y de no repetir los fracasos del pasado: la Fiscalía Especial (FEMOSPP) de Ignacio Carrillo Prieto en el sexenio de Fox, que no consignó a ningún alto responsable de la guerra sucia, y la Comisión para el Acceso a la Verdad coordinada por Alejandro Encinas en el gobierno de AMLO, que tampoco llegó a traducirse en justicia penal ni reparación efectiva.

La salida de Gertz Manero no es un fin, sino un comienzo. Si el Senado de la República ratifica un liderazgo comprometido con la depuración y la justicia transicional, México podría dar sus primeros pasos hacia una paz sostenible. De lo contrario, la violencia seguirá cobrando vidas, y la impunidad, riéndose de nosotros. Es momento de elegir: ¿continuamos el ciclo o rompemos la cadena?

Creo que es momento de elegir por la la justicia de las víctimas y la paz de México.