La soberanía no se negocia: el mensaje geopolítico de la presidenta Sheinbaum frente a la injerencia extranjera

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de junio de 2026.- Uno de los elementos más relevantes del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue económico ni administrativo. Fue político. En un contexto internacional marcado por el endurecimiento de la política exterior estadounidense, las presiones comerciales, las disputas migratorias y el creciente uso de mecanismos extraterritoriales de seguridad, la presidenta colocó en el centro de su discurso una idea que históricamente ha sido una de las banderas más importantes del nacionalismo mexicano: la defensa de la soberanía.

En las últimas décadas, buena parte de la clase política mexicana asumió como normal que las decisiones estratégicas del país estuvieran condicionadas por organismos financieros internacionales, agencias de seguridad extranjeras, tratados comerciales asimétricos o intereses corporativos transnacionales. La soberanía fue reducida a una formalidad jurídica mientras las decisiones económicas fundamentales se desplazaban hacia espacios donde la ciudadanía mexicana no tenía capacidad de incidencia.

En ese sentido, cuando la presidenta Sheinbaum afirma que México mantiene cooperación con otros países pero no subordinación, está enviando un mensaje que va mucho más allá de la diplomacia. Está delimitando una frontera política entre dos proyectos de nación.

Por un lado, el proyecto neoliberal que concibe al Estado como administrador de intereses privados y entiende la integración internacional como aceptación de reglas impuestas desde los grandes centros de poder económico.

Por otro, una visión que reivindica la capacidad del Estado nacional para decidir sobre sus recursos estratégicos, su política energética, su modelo de desarrollo y sus prioridades sociales.

La insistencia en rechazar cualquier forma de injerencia adquiere especial relevancia en momentos donde sectores políticos estadounidenses han impulsado propuestas que vulneran abiertamente la soberanía mexicana. Desde las voces que plantean intervenciones directas bajo el argumento del combate al narcotráfico, hasta quienes buscan imponer medidas comerciales o migratorias unilaterales, existe una tendencia creciente a tratar a México como una extensión subordinada de la agenda de seguridad de Washington.

El mensaje presidencial parece responder precisamente a ese escenario.

Sin embargo, la defensa de la soberanía no puede limitarse a la relación con gobiernos extranjeros. La soberanía tiene múltiples dimensiones y se construye todos los días en los territorios, en las comunidades y en la capacidad del pueblo para decidir sobre su propio destino.

Existe soberanía plena cuando el agua se reconoce como un bien común y las comunidades tienen garantizado su acceso por encima de cualquier interés privado.

Existe soberanía ambiental cuando los ríos, los bosques, las montañas y los ecosistemas son protegidos como patrimonio colectivo, y cuando quienes generan impactos ambientales asumen plenamente su responsabilidad con la sociedad y con las futuras generaciones.

Existe soberanía alimentaria cuando los pueblos fortalecen su capacidad para producir los alimentos que consumen, impulsando el campo mexicano, la agricultura campesina y la autosuficiencia nacional.

Existe soberanía tecnológica cuando el conocimiento, los datos y las infraestructuras estratégicas se desarrollan con capacidades nacionales y se ponen al servicio del bienestar colectivo.

Existe soberanía popular cuando la ciudadanía organizada participa activamente en las decisiones públicas y el interés general prevalece sobre cualquier privilegio económico o político.

Desde esta perspectiva, la soberanía no es solamente una cuestión de fronteras. Es una disputa permanente por el control democrático de los recursos, de la economía y del futuro colectivo. Es la capacidad de un pueblo para gobernarse a sí mismo y decidir el rumbo de su historia sin tutelas ni imposiciones externas.

Por ello, el desafío para el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no consiste únicamente en resistir las presiones provenientes del exterior. El verdadero reto es profundizar las transformaciones que fortalezcan la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus territorios, proteger sus bienes comunes y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas.

La historia latinoamericana muestra que las mayores amenazas a la soberanía rara vez llegan únicamente desde el exterior. Con frecuencia encuentran aliados internos: élites económicas, grupos de poder y estructuras burocráticas que obtienen beneficios de la dependencia, del despojo y de la subordinación. Por ello, la defensa de la soberanía no puede ser una tarea exclusiva del gobierno. Debe convertirse en una causa nacional.

La fuerza más importante con la que cuenta México para defender su independencia no está en los mercados financieros ni en los acuerdos diplomáticos. Está en su pueblo. Está en las comunidades indígenas que defienden sus bosques y sus ríos; en los campesinos que producen alimentos; en los trabajadores que sostienen la economía; en las mujeres que organizan la vida comunitaria; en los jóvenes que se niegan a aceptar que el destino de la nación sea decidido desde oficinas corporativas o centros de poder extranjeros.

La soberanía necesita organización popular. Necesita que el pueblo participe, se informe, se movilice y construya poder colectivo para defender los territorios frente a las múltiples formas de injerencia transnacional que buscan convertir la tierra, el agua, los minerales, la energía e incluso la información en mercancías sujetas a la lógica de la ganancia privada.

Aún falta mucho por recorrer. Persisten desigualdades, rezagos y desafíos estructurales que demandan trabajo, organización y compromiso colectivo. Sin embargo, también es evidente que México ha comenzado a recuperar herramientas fundamentales para ejercer su autodeterminación y fortalecer su independencia. Ese camino no está exento de contradicciones, pero representa una ruta esperanzadora para millones de personas que durante décadas vieron cómo las decisiones estratégicas del país eran condicionadas por intereses ajenos al bienestar nacional.

Por ello, la defensa de la soberanía no debe entenderse únicamente como una consigna gubernamental, sino como una convocatoria colectiva para seguir construyendo la transformación nacional. Una invitación a participar activamente en la construcción de un país más justo, más democrático y más independiente.

Como enseñó José Carlos Mariátegui, nuestro proyecto no puede ser “calco ni copia”, sino una creación heroica de nuestros pueblos. La transformación mexicana no puede reproducir modelos ajenos ni recetas importadas; debe surgir de nuestras propias realidades, de nuestras luchas y de nuestras aspiraciones colectivas.

Y es precisamente en ese esfuerzo donde se juega el futuro de nuestra nación. Porque mientras algunos pretenden restaurar viejas formas de dependencia, México avanza en la construcción de un proyecto propio. Mientras intereses transnacionales buscan influir sobre nuestras decisiones estratégicas, millones de mexicanas y mexicanos siguen defendiendo la dignidad de una patria libre.

Frente al embate de un imperio decadente que se resiste a aceptar la emergencia de un mundo más equilibrado y multipolar, la respuesta no puede ser la resignación. Debe ser la organización, la conciencia, la participación popular y la unidad nacional.

Porque esta tierra que nos cubre con sus cielos, que alimenta nuestros corazones y guarda la memoria de quienes lucharon antes que nosotros, merece ser defendida y transformada. Y si la soberanía es, en última instancia, el derecho de un pueblo a decidir libremente su destino, entonces su fortalecimiento seguirá siendo una de las tareas más nobles y trascendentes de nuestra época.