La sociedad civil organizada puede y debe participar en políticas públicas
Por Gregorio Ortega
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En el reordenamiento de las rutas aéreas no puede exigirse mayor compromiso por parte de la sociedad civil. Esperamos que la respuesta de los administradores públicos sea acorde a su mandato constitucional
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de junio de 2022.- El aparente control de la sociedad, de sus filias y fobias, dejó de ser feudo de los líderes sociales, los sindicatos y los “reconocidos” como representantes populares, incrustados en los presupuestos del Congreso Federal y de los congresos locales.
La sociedad civil tiene voz, y debe adquirir el voto, pues para eso se supone que es la consulta popular. El asunto de las rutas aéreas debiera pasar por ese camino legal, como ya lo hacen organizaciones sin membrete y sin financiamiento, sólo por la pura necesidad de contribuir en la edificación de un mejor país.
Comparto con ustedes, lectores, un mensaje que muestra cómo se lucha con la razón, para que las rutas aéreas sean las idóneas y se eviten accidentes.
1. Ayer asistimos un grupo de expertos aeronáuticos, pilotos, ingenieros, expertos en aeropuertos y tratados internacionales, y Tere Soria y yo como representantes del interés ciudadano, a una reunión con el Subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons.
2. En dicha reunión se abordaron los 2 temas importantes: seguridad y ruido.
3. Se habló del mal rediseño del espacio aéreo que no funcionó ni económicamente para las aerolíneas, ni como solución a la compatibilidad con el AIFA, y sí como riesgos adicionales innecesarios para la población y viajeros, por seguridad y salud.
También exigimos la necesidad y el derecho de los ciudadanos de ser informados cómo y cuándo se resolverá el problema.
Todos expusimos a detalle las aristas del problema.
4. Aspectos positivos:
a) Las autoridades tienen plena conciencia del problema de seguridad y manifestaron conocer el malestar de la población por el ruido.
b) Ya han establecido mesas de trabajo técnicas para buscar soluciones.
c) Aceptaron la ayuda que les ofrecimos para que participen en la solución los diversos Colegios Nacionales para proporcionar expertos en los diversos temas del problema aeronáutico y de operatividad.
d) Nos dejaron la puerta abierta para futuras reuniones para analizar los avances y seguir atentos y vigilantes de lo que se vaya haciendo.
5. Aspectos negativos:
a) El presupuesto para las mejoras que se requieren es insuficiente (el famoso austericidio). Esto también lleva fuertes implicaciones para la recuperación de la Categoría 1.
b) No sabemos cuánto tiempo les va a tomar hacer las modificaciones que subsanen inseguridad y ruido por malas rutas.
LO BUENO: ya están en eso, sí va a cambiar.
LO MALO: no sabemos cómo se solucionarán las rutas debido a los cálculos específicamente técnicos que se requieren y que ya están abordando. Tampoco sabemos cuánto tiempo les va a tomar.
¿Qué nos toca a nosotros?
A) Continuar la lucha pues, como Santo Tomás… hasta no ver no creer.
B) Seguir con nuestros caminos legales: amparos, denuncia popular; apoyo de senadores y diputados, y mucha prensa, radio y televisión.
Espero que este comunicado les proporcione un poco de esperanza, se comienza a ver un rayo de luz después de todo lo que hemos luchado en diferentes frentes.
De todos modos, no pecaremos de ingenuos y continuaremos igual: la ciudadanía no claudica hasta no ver respetados nuestros derechos a una vida sana y un aerotransporte seguro.
P.D. El cochinero de aeropuerto que es el AICM y su pésimo servicio a viajeros es una vergüenza nacional cuya solución depende del presupuesto que le quiera inyectar el gobierno; uno de los problemas más serios del AICM es su director, el indefendible cretino, Carlos Morán Moguel, quien fuera el anterior Subsecretario de Transporte y causante de la degradación de la aeronáutica mexicana, junto con su nefasto compinche, Víctor Hernández, quien ya no es director de SENEAM y que fue sustituido por Ricardo Torres Muela cuya capacidad está por verse.
No puede exigirse mayor compromiso por parte de la sociedad civil. Esperamos que la respuesta de los administradores públicos sea acorde a su mandato constitucional.