Las Calificadoras Internacionales no tienen calidad para hacer recomendaciones de política

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de octubre de 2024.- Hay que recordar que la crisis financiera internacional de 2008-2009 fue en gran medida ocasionada debido a que las calificadoras no alertaron de los títulos financieros emitidos por las instituciones hipotecarias que ofrecían alto rendimiento y no tenían respaldo alguno y ellas los calificaron con niveles de Triple AAA, libres de riesgo por lo que fueron adquiridos por bancos y otros inversionistas. Se inundaron los mercados financieros con dichos títulos y cuando los poseedores de éstos trataron de tomar dividendos, se dieron cuenta que no tenían valor alguno. Y resulta que los gobiernos siguen a pie puntillas las recomendaciones de dichas calificadoras, debido a que sirven a los mercados financieros internacionales y requieren de buena calificación para tener acceso a los créditos en dichos mercados y para que no les aumenten la tasa de interés. El problema es que las recomendaciones de política, de las calificadoras de que los gobiernos deben instrumentar políticas de austeridad fiscal para que aseguren condiciones de pago de la deuda, actúan a favor del sector financiero, tanto por ello, como porque tal política reduce el tamaño y participación del gobierno en la economía y le abre espacios de inversión a la cúpula empresarial. Tal política no encara los problemas que generan el déficit externo, que frenan la dinámica de acumulación y aumentan las presiones financieras sobre el sector público y privado, por lo que siguen los problemas de incapacidad de pago de la deuda.

Las calificadoras están por la reducción del déficit fiscal en México, que en el 2024 terminará en un nivel de 5.9% del PIB y la secretaría de Hacienda lo pretende reducir entre 3.0 y 3.5% del PIB para el 2025, y la calificadora Moody’s el 25 de septiembre del 2024, dijo que ello no se cumplirá, dadas las presiones que enfrentan las finanzas públicas. Entre éstas ellos señalan el alto costo del servicio de la deuda por la alta tasa de interés, la carga que representa el pago de pensiones, así como los recursos transferidos a Pemex para el pago de su deuda y la reducción de la recaudación tributaria por la desaceleración de la actividad económica. Señala Moody’s que, si el gobierno absorbe la deuda de Pemex como propia, incrementará la relación de endeudamiento arriba del 50% del PIB y que ello comprometería la calificación crediticia. Hay que señalar que dicha deuda no es alta. La deuda de Brasil es el 78% del PIB, la de Colombia en 61%. Todo depende de que haces con la deuda. Si el mayor gasto lo canalizas a impulsar la inversión productiva, a un sector estratégico como Pemex y la actividad económica, ello incrementa el ingreso nacional y la recaudación tributaria y reduciría el déficit y la deuda. El problema del déficit fiscal en México es derivado de la alta tasa de interés, por lo que Moody’s en vez de recomendar recortes al gasto público, debe aconsejar que baje substancialmente la tasa de interés. Pero no lo hacen, pues la alta tasa de interés favorece al sector financiero al cual responden.

Afirma Moody’s que el déficit fiscal “implicará una pérdida de espacio fiscal, lo que complica aún más el proceso de consolidación para reducir el déficit”. Se oponen al déficit fiscal, lo que condena a la economía al estancamiento, pues no hay crecimiento del consumo e inversión privada y la economía tiene déficit externo que actúa contra el crecimiento económico y si el gobierno contrae el gasto, más se restringirá la actividad económica. Perfectamente el gobierno puede trabajar con gasto público deficitario y financiarse con su moneda, para lo cual el banco central debe comprar deuda pública a baja tasa de interés para que el gobierno gaste lo necesario para impulsar el sector agrícola e industrial, los sectores estratégicos y el empleo.
La calificadora Moody’s señala que las “elecciones en EUA podrían impactar a la nota soberana porque se reducirían los flujos de inversiones en caso de que avance su propuesta de imponer tarifas a las exportaciones”. Cabe decir que esta situación no solo afectará a México, sino a una gran cantidad de países que mantienen su crecimiento a través de exportaciones a EUA, por lo que las calificadoras deberían recomendar políticas que impulsen crecimiento dirigido a sustituir importaciones para reducir las presiones sobre el sector externo y así generar condiciones de pago de la deuda y no seguir recomendado reducción del déficit fiscal que disminuye el crecimiento económico y la capacidad de gasto e inversión de los países, por lo que menos condiciones tienen para encarar los problemas productivos que están detrás del déficit externo que les impide condiciones de pago.

Moody’s hace un mal diagnóstico al colocar como fortalezas de la economía mexicana al nearshoring y a “una efectiva política monetaria”. El nearshoring se ve comprometido por las políticas proteccionistas que ambos candidatos presidenciales en EUA han anunciado que establecerán y que el mismo Moody’s ha colocado como alerta, ya que afectará nuestras exportaciones, por lo que no vendrán las inversiones al país. Y en relación con la política monetaria, ellos mismos señalan como riesgo la alta carga del servicio de la deuda pública (que es debido a la alta tasa de interés establecida por Banxico) que ha incrementado el déficit fiscal, por lo que no deberían colocan a la política monetaria como fortaleza de la economía mexicana, sino deberían cuestionarla.

Moody’s habla también de los riesgos por la reforma judicial, que según ellos “puede limitar el respeto de los contratos, acotar la imparcialidad en la resolución de conflictos legales, afectar el ambiente de negocios…la inversión…y el crecimiento económico de México en los próximos años». Ello no acontecerá. La reforma judicial está encaminada a hacer más eficiente y a limpiar a dicho poder de corrupción para que desempeñe mejor su función, y la inversión no caerá mientras la economía ofrezca condiciones de crecimiento, y para ello el gobierno no debe seguir las recomendaciones de política económica de las calificadoras.