Las calificadoras y su intromisión en las decisiones soberanas del país

Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de septiembre de 2024.- Las calificadoras internacionales velan por los intereses de los acreedores internacionales y recomiendan políticas económicas para que los países deudores aseguren condiciones de pago de la deuda. De ahí que predominan las políticas de austeridad fiscal y que se promueva entrada de capitales para que los gobiernos cuenten con recursos para que cubran sus obligaciones financieras. Cuando una economía no cumple con la austeridad fiscal e instrumenta políticas que comprometen la entrada de capitales, y el pago de la deuda, le bajan el grado de inversión, lo que reduce el acceso a créditos en los mercados financieros internacionales y le incrementan la tasa de interés de estos. El problema es que las calificadoras son las que determinan la política en los países deudores a favor de los acreedores y les impide a los países que establezcan sus políticas a favor de los objetivos nacionales. En ese tenor la calificadora Moody’s el 11 de septiembre del 2024, advirtió del riesgo de bajar la calificación de inversión a México por la aprobación de la reforma judicial, que según ellos comprometerá los procesos jurídicos para que los bancos puedan cobrarse las garantías de los créditos bancarios que caigan en insolvencia. Y que mientras permanezca la incertidumbre al respecto, los bancos pueden desacelerar el otorgamiento de créditos, incrementar la tasa de interés, lo que afectará las finanzas del sector público y frenará la inversión y el crecimiento económico. Cabe afirmar que la reforma judicial está encaminada a agilizar y que eficiente las tareas que el poder judicial realiza, por lo que no se afectaría el sistema bancario como aduce Moody’s, sino al contrario se beneficiaría debido a que se acortarían los procesos de resolución de quiebras y del cumplimiento de las leyes de garantías. Además, la disponibilidad de créditos está en función de la capacidad de reembolso de los deudores y si no se vislumbran perspectivas de recuperar el crédito, debido a que la economía no crece, la banca no otorgará el crédito. Moody’s en lugar de preocuparse de que los tribunales actúen a favor de los trámites de cobranza que la banca realiza para quedarse con las garantías de los créditos insolventes y con los embargos, debería dejar de recomendar políticas económicas restrictivas que no aseguran condiciones de reembolso, sino deben pronunciarse por políticas de expansión del gasto público y bajas tasas de interés para dinamizar la economía para que los deudores cuenten con ingresos suficientes para cubrir el pago de sus deudas.

Aduce Moody’s que la reforma constitucional deteriora la independencia del poder judicial. Al respecto hay que decir que la independencia de dicho poder seguirá en relación con el Legislativo y al Ejecutivo. La reforma pretende limpiar de nepotismo y corrupción existentes en el poder judicial y que no se subordine a los intereses de los grupos de poder y que actúe en torno al cumplimiento de las leyes.

Las futuras inversiones del nearshoring no se verían afectadas por la reforma judicial como afirma Moody’s. Hay que señalar que éstas no han venido en la cantidad que se esperaba, pues están en función de las perspectivas de crecimiento que ofrezca la economía de EUA, como de las políticas proteccionistas que se establecen ahí. Hasta ahora ello no ha sido favorable para que haya un gran flujo de esas inversiones al país para exportar a EUA, por lo que la reforma judicial aprobada no tiene injerencia en las decisiones de dichas empresas, dado que no afecta sus intereses, pues seguirá el Estado de derecho.

La calificadora afirma que la reforma judicial frenará la inversión. Hay que señalar que ésta no ha venido creciendo debido a las consecuencias de las políticas recomendadas por las calificadoras, de que se tiene que trabajar con austeridad fiscal y estabilidad cambiaria (a través de alta tasa de interés para atraer capitales) a favor del sector financiero que actúan contra las decisiones de inversión a favor del sector productivo. EL poder judicial sin reforma o con reforma no incide en las decisiones de inversión al cumplir su función del cumplimiento de las leyes y normas establecidas.

De bajarle el grado de inversión al país, efectivamente se limitaría el acceso a los mercados financieros internacionales y se incrementaría la tasa de interés de dichos créditos. Lo que tiene que hacer el gobierno es financiarse con su moneda y no recurrir a los mercados internacionales y para que la moneda nacional sea aceptada por los que nos venden bienes del exterior, se tiene que ofrecer oportunidades atractivas de inversión en el sector productivo, para lo cual hay que modificar la política económica actual.

Banxico, el viernes 13 de septiembre del 2024, en la presentación del reporte sobre economías regionales, se sumó a la posición de Moody’s al afirmar que la incertidumbre y la preocupación por la reforma judicial son de los principales riesgos que enfrenta la economía y que implican cautela en las decisiones de inversión. Hay que señalar que la incertidumbre está desde hace años, y ha sido generada por la falta de crecimiento económico deriva de la alta tasa de interés (instrumentada por Banxico), como por la austeridad fiscal, que encarecen el crédito y contraen la demanda respectivamente. Y la atonía presentada en las regiones y el panorama complejo que avizora Banxico, no deben adjudicarse a la reforma judicial, sino han sido resultado de la política económica neoliberal que actúa contra el sector productivo.

Señala Banxico que se requiere fortalecer el Estado de derecho, y justamente la reforma judicial aprobada está encaminada a tal propósito, donde se elegirá gente competente para ello. El mero fortalecimiento del Estado de derecho no basta para impulsar la inversión, sino se requiere dejar de lado las políticas monetaria y fiscal restrictivas, así como revisar la apertura comercial y el movimiento de capitales, como el funcionamiento del banco central y la banca comercial. Se requiere de una sociedad democráticamente organizada que fiscalice los tres Poderes de la Unión para evitar nepotismo y corrupción en los tres poderes y que cumplan con sus obligaciones y con los propósitos nacionales de soberanía, igualdad y bienestar.