Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de mayo de 2024.- En la presentación de Las heridas, novela de Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cuauhtémoc Cárdenas recordó que en 1988 el sistema electoral “se cayó de caerse y se calló de callarse”, y que los votos de 25 mil casillas no fueron contados, sino inventados, de lo que resultó que 45% de los sufragios fueran más falsos que los gobernantes de entonces.
El beneficiario del gigantesco fraude fue Carlos Salinas de Gortari, en cuyo sexenio fueron asesinados “mil luchadores sociales”, lo que ese presidente, hoy exiliado, pretendió compensar dando empleo a cientos o miles de militantes de izquierda y poniendo en práctica el programa Solidaridad, mientras que, paralelamente, hacía pedazos el sector público de la economía y vendía o regalaba fábricas, bancos, empresas comerciales y todo aquello que alguna vez apuntaló la economía mixta y sostuvo una economía con tasas de crecimiento de seis y más por ciento durante tres décadas.
El fraude electoral de 1988 abrió de par en par la puerta a la demolición de la economía mixta, al sepelio de la llamada ideología de la Revolución Mexicana y a la esperanza de los mexicanos de hacer de su país un espacio de libertades y prosperidad. Desde entonces, el promedio de la tasa de crecimiento de la economía ni siquiera compensa el aumento de la población. Así de amargo ha sido para México lo ocurrido en el salinato.
En 1988, el país estaba hirviendo luego de las canalladas que desplegó el PRI-gobierno en aquel annus horribilis, cuando los priistas, dentro y fuera del gobierno, se encargaban de convocar a elecciones, de organizarlas y realizarlas, de llevar acarreados a las urnas (mediante billete, torta y chesco, como solían decir), contar los votos y, siempre que era necesario (para ellos, por supuesto), de llenar las papeletas que necesitaban.
Ésa fue siempre la democracia priista que el pueblo aceptaba a regañadientes, pero en 1988 había una notoria disposición para lanzarse al combate y echar del poder a los usurpadores, lo que no ocurrió porque, una y otra vez, Cuauhtémoc se negó a aceptarlo. “Podría haber incitado a la gente a lanzarse contra edificios o sitios simbólicos, como Palacio Nacional”, pero…
“Quien lo hubiera hecho habría cometido no sólo un acto de inmensa irresponsabilidad, sino un verdadero crimen, pues se habría pagado un altísimo costo en sangre y represión, y sólo se hubiera logrado, además de una masacre, un régimen más arbitrario y represivo del que se tuvo”.
“Que no se olvide —dijo por su parte Felipe de la Mata— que el México de la hegemonía y el autoritarismo puede regresar, que está latente en nuestra condición cultural. Ya lo hemos vivido”. Sí, ya lo hemos vivido, pero no porque esa pulsión se aloje en nuestra condición cultural, sino porque hay sectores de la llamada clase política dispuestos a lo que sea para no perder “el privilegio de mandar” y todo aquello que lo acompaña.
Ayer, Excélsior informaba que, “a 18 días de la jornada electoral del 2 de junio, cuatro entidades están en riesgo alto presupuestalmente por falta de recursos, de tal forma que algunos no tienen para pagar la documentación electoral que se usará en las casillas, otros más no pueden pagar la realización del PREP, entre otras cosas”.
Sobra decir que, sin papelería y sin PREP, nadie puede garantizar la limpieza de los comicios. Los OPLES (Órganos Públicos Locales Electorales) que están en esa situación son el de San Luis Potosí, al que se le deben 29 millones; el de Yucatán, que requiere más de 50 millones para cumplir la tarea; el de Zacatecas, que está en espera de que el gobernador acepte darle lo que pide; el de Morelos y el de Oaxaca, que no tienen con qué sufragar gastos indispensables; y el de Nayarit, que requiere 17 millones para más o menos salir airoso, aunque el gobernador parece estar sordo.
En este sexenio ha privado la tendencia a reducir presupuestos de los órganos electorales, empezando por el INE, que se halla ante su más importante actividad. Y hay que decirlo claramente: si los árbitros electorales no tienen medios para realizar su tarea, se propician el fraude y los resultados dudosos. En suma, lo peor puede ocurrir. Luego no se quejen.