Libertad de expresión: 10 de junio y Bernardo Barranco

Por Jorge Meléndez Preciado

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de junio de 2021.-  En la conmemoración del famoso halconazo, asesinato de estudiantes llevado a cabo por Luis Echeverría el 10 de junio de 1971, no se ha resaltado un acontecimiento que tiene que ver con la libertad de expresión: fue la primera ocasión, después del 2 de octubre donde los medios taparon y exculparon al poder, que los periodistas, básicamente los fotógrafos, reclamaron y evidenciaron que la represión se organizaba por fuerzas entrenadas y manejadas por el gobierno.

Fue tan amplia la protesta contra los llamados halcones (muchachos preparados por la policía capitalina), y tan evidente que esos asesinos (hubo 44 fallecidos) fueron protegidos por cuerpos policiacos, que Echeverría cesó a Alfonso Martínez Domínguez, jefe del entonces Distrito Federal, nombrado por el mismo presidente.

Resultó más que contundente la protesta y las fotografías presentadas por los compañeros en sus medios que a los dueños no les quedó más que publicarlas, junto con algunas crónicas importantes.

Esa gran rebelión de los fotógrafos y redactores, fue importante para avanzar en la libertad de expresión, la cual estaba manipulada por los intereses económicos en turno.

Así pues, el 10 de junio aparte de la protesta estudiantil, debe inscribirse como un acto de valor, audacia y defensa de los principios de la libertad de expresión.

Y justamente en ese aniversario se quiere censurar y reprimir a un periodista que ha dado a conocer informaciones que ponen en entredicho “la maravillosa jornada electoral que vivimos el 6 de junio”.

El maestro Bernardo Barranco comentó con Julio Astillero y publicó en Milenio del Estado de México que en dicha  entidad,   donde se eligieron alcaldes y el Congreso Local, se improvisaron tres de cada 10 integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, porque los elegidos no llegaron ese día para ocupar sus puestos y fueron sustituidos por ciudadanos que estaba en una lista, lo que denotaría la mala organización y capacitación durante los trabajos preparativos del proceso, y pudo poner en riesgo la contienda  ante la posible filtración de “ciudadanos partidizados” (Proceso, 9 de junio).

Bernardo Barranco, quien ha sido funcionario del Instituto Electoral del Edomex, sabe lo que dice y ha señalado con antelación que el grupo Atlacomulco continuaba haciendo de las suyas en materia electoral.

Ahora, según el resultado de la jornada del 6 de junio, Morena perdió la mitad de municipios, los cuales estarán en manos del PAN y el PRI, fundamentalmente.

Algo que puede deberse a la operación realizada por Alfredo del Mazo Maza, quien conquistó a la mala la gubernatura del mencionado estado, ante la morenista Delfina Gómez.

Tan dio en el blanco don Bernardo que de inmediato el PRI del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por medio de Tonatiuh Medina Meza, promovió una petición de investigación contra Barranco por supuestamente vulnerar el sistema nacional de información electoral.

Fue respaldado por Alejandro Neyra, ex colaborador de Enrique Peña Nieto, y representante de Fuerza por México- que perdió su registro nacional-y por César Severiano, de Movimiento Ciudadano, el PRD y otras agrupaciones. Severiano incluso acusó al periodista de “delincuencia organizada” (sic que regresa a la guerra fría y a 1971).

Tonatiuh exigió que todos los participantes del Instituto Electoral pusieran a disposición sus teléfonos y dispositivos móviles, y se iniciaran demandas y denuncias ante la Fepade, la fiscalía local y el INE.

Barranco señaló que sus investigaciones son protegidas por leyes nacionales e internacionales, no revelará sus fuentes e hizo derecho de su libertad periodística.

Hace poco, en la sexagésima legislatura del Edomex, el 31 de mayo, se aprobó una nueva ley de protección a informadores, que en el artículo 51 promueve el secreto profesional del periodista, quienes no están obligados a revelar sus fuentes ni a identificarlas.

Y en la fracción segunda del mencionado artículo se dice: que los periodistas “no serán requeridos por las autoridades judiciales o administrativas para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de una investigación periodística”.

Así pues, la pelota está en la cancha del INE, de las autoridades e incluso de Kamala Harris, la cual aseguró que vino a México para defender el periodismo libre.

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