Lo ocurrido y lo que falta
Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro
Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de enero de 2019.- Dicho de otra manera, la guerra contra el huachicol comenzó con apoyo social inusitado, resta saber cómo inciden los acontecimientos en la percepción popular y, sobre todo, falta ver si la actuación gubernamental cumple con las expectativas de la ciudadanía.
Por lo pronto, ya contamos con fiscal general de la República en la persona de Alejandro Gertz Manero, funcionario público de larga trayectoria, intelectual de obra sólida y político responsable, quien ha mostrado su aptitud y honestidad —lo que en México no es poco— en los puestos que le ha tocado ocupar. Gertz está ahora al frente de las investigaciones y esperamos prontos y convincentes resultados.
El huachicoleo, tolerado desde hace varios sexenios, hoy se ha convertido en un problema extremadamente grave, pues los puntos de extracción ilegal de combustible han aumentado exponencialmente. Los huachicoleros se apropian de una riqueza que es de todos los mexicanos, lo que suscita rechazo de la gente, pero, a la vez, se convierte en una atractiva actividad ilícita en el país de los bajos salarios y el desempleo masivo.
A cambio del apoyo social a la batida contra la delincuencia, lo menos que pueden esperar los ciudadanos es que el gobierno ofrezca resultados. Para empezar, que cese o se acote en forma determinante el robo de combustibles, que se regularice el abasto en toda la República y que empiecen las aprehensiones, no de los infelices que se juegan la vida al llenar un bidón o una cubeta, sino de los huachicoleros de arriba, los capos de las bandas, los transportistas involucrados y los dueños de gasolinerías que compran petrolíferos robados y que, de paso, estafan al fisco.
Queremos ver tras las rejas a los huachicoleros de cuello blanco, a esos funcionarios públicos que han hecho todo para llevar a Pemex a la quiebra, descapitalizando la empresa mediante impuestos bárbaros, abandonando campos productivos, dejando en el abandono las instalaciones para reducir la empresa a la inutilidad y justificar la decisión de importar cada vez más gasolinas, además, por supuesto, de las raterías directas de esos mismos funcionarios, enriquecidos hasta la náusea.
En el contubernio para liquidar a Pemex están metidos jefes militares y policiacos, alcaldes y civiles sin más interés que embolsarse unos pesos. Pero, junto a ellos o por encima de ellos, está la mafia sindical, amamantada por los gobiernos priistas y panistas para controlar a los trabajadores petroleros. Alguien tendrá que explicar de dónde salen los dineros que se gastan los líderes charros en sus francachelas, sus viajes y sus lujos.
El hijo de Carlos Romero Deschamps, máximo dirigente sindical, se pasea en Florida a bordo de un Ferrari que cuesta millones, mientras que la hijita del mismo líder recorre el mundo en un avión particular acompañada de su perrito y sus sirvientes. Para justificar ese gasto descomunal y la adquisición de inmuebles en diversos centros de recreo, ciertamente se requieren ingresos que ese señor no podría justificar. Pero durante 30 años lo dejaron hacer y lo protegieron. ¿Lo llegaremos a ver tras las rejas?
Cabe esperar que la tragedia de Tlahuelilpan marque un punto de inflexión en la cruzada antihuachicolera. La tardanza de cuatro horas para cerrar el ducto permite sospechar que estamos ante un caso mayor de sabotaje y que, por ineptitud, desidia o franca complicidad, se dejó que el líquido llegara a 10 o 15 metros de altura, que se invitara a la población al saqueo y que aquello desembocara en la tremenda pérdida de casi un centenar de vidas.
A la vista de todos hay delitos que perseguir, de ahora y de antes. Ya se sabe que hasta la mitad de combustible que se vendía en las gasolinerías era robado, ya están detectadas bodegas de combustible ilegal, ya se congelaron cuentas de varias decenas de empresas, pero no hay detenciones y la venta de huachicol continúa realizándose a la vista de policías y otras autoridades. Es bueno saberlo, pero será mejor proceder jurídicamente para terminar ya con tales lacras.
Los mexicanos votaron (votamos) para acabar con todas esas miserias de nuestra triste vida republicana. En eso estamos.