Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de abrir de 2022.- A principios de mayo de 2017, en Chilpancingo, Andrés Manuel López Obrador dijo: “En esta plaza hago el compromiso de que se haga una investigación a fondo del caso… Se va a castigar a los autores materiales e intelectuales del caso. Vamos a hablar con la verdad. Se tiene que decir quiénes fueron los responsables, y aquí incluyo al Ejército Mexicano, el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala”.
El entonces aspirante a la Presidencia de la República se refería, por supuesto, a los 43 muchachos de Ayotzinapa que en septiembre de 2014 fueron detenidos por la policía de Iguala en presencia de elementos militares, para ser posteriormente “desaparecidos”, sin que se pueda saber qué pasó con esos jóvenes.
AMLO ganó las elecciones presidenciales en 2018, pero la promesa de investigar a fondo, de hablar con la verdad sobre el caso y castigar a los responsables, incluido el Ejército Mexicano, hasta ahora no ha sido posible. Incluso, el Presidente en algún momento descalificó la justa exigencia de los familiares de los desaparecidos y de los estudiantes de Ayotzinapa, ciertamente hartos de promesas incumplidas.
El encargado de la búsqueda, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, no es hombre que tema entrarle al toro. Si el caso sigue en la oscuridad se debe a los obstáculos que fuerzas estatales muy poderosas han levantado en torno al asunto, lo que Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló que eso “se debe a la destrucción de evidencias, a su ocultamiento y a la construcción de una mentira desde las más altas esferas”.
Pero todo eso ya lo sabe cualquier persona medianamente informada. Lo interesante es que el lunes de esta semana se difundió un video que, hasta ahora, tenía carácter secreto, pues, de acuerdo con Ángela Buitrago, quien pertenece también al GIEI, “toda esta información la desconocíamos durante seis años. Nunca fue entregada ni a la investigación ni a peritos”.
El presidente López Obrador informó que se tuvo acceso al video porque el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, “abrió las puertas al grupo” y en él se aprecia la alteración de la escena por 40 personas, entre las cuales hay policías federales, elementos de la Procuraduría General de la República y personal de la Marina, quienes operaron en el basurero de Cocula, donde, al parecer, manipularon cadáveres.
Además de lo anterior, las autoridades encabezadas por Tomás Zerón reportaron llamadas telefónicas que nunca ocurrieron, se simularon fechas en la captura de los detenidos, varios de los cuales fueron suplantados; se presentaron reportes policiacos falsos, se alteraron y destruyeron evidencias, se procedió al ocultamiento de hechos y a diversas falsificaciones.
Al presentar el GIEI su informe, el subsecretario Encinas declaró que dependencias como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial han ofrecido resistencias; y el Ejército “está colaborando”, pero “faltan detalles”. Además, Encinas dijo que han muerto 22 personas ligadas al caso, de las cuales sólo dos perecieron de muerte natural y el resto fueron ejecutadas por las mafias.
En otros videos se aprecia cómo se torturó a medio centenar de personas con el fin de que se autoinculparan o señalaran a otros presuntos responsables. En la tortura a los detenidos participaron agentes del Ministerio Público y policías ministeriales de la PGR; personal de la Policía Federal y del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). De esa manera, el gobierno de Enrique Peña Nieto se confeccionó un traje a la medida, la llamada “verdad histórica”, de la cual el sastre fue Jesús Murillo Karam.
Se sabe también que el Ejército colocó en la Normal de Ayotzinapa al menos dos elementos, pero uno de ellos fue asesinado en la noche negra. Igualmente, personal de la Defensa Nacional tenía intervenidos los teléfonos de varias personas relacionadas con lo ocurrido, por lo que esos elementos están en deuda con la sociedad mexicana y el marco jurídico de la República.
En suma, parece que esta vez se podrá saber qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Se podrá, claro, si los poderes involucrados lo permiten.