Por Luis Carlos Rodríguez
AMEXI. Ciudad de México. 09 de abril de 2024.- A más de cinco años de iniciado el proceso de militarización del Instituto Nacional de Migración, instancia encabezada por Francisco Garduño, con una veintena de sus 32 delegaciones estatales dirigidas por militares y marinos de alto rango, sumado al incremento de violaciones a los derechos humanos contra migrantes en encierro y el aumento de casos de corrupción, marcarán el fracaso de la política migratoria del actual sexenio en este tema.
El caso más emblemático de este fracaso es la tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023, que dejó 40 migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela muertos y 27 lesionados.
El delegado de dicha estación migratoria era el contralmirante Salvador González Guerrero. Un año después no hay ninguna sentencia ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas. Ni siquiera el titular del INM, Francisco Garduño, vinculado a proceso, ha sido destituido del cargo e incluso ha sido respaldado en su labor por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso Juárez y su impunidad, las redadas y detenciones diarias de cientos de migrantes, acciones que se promocionan en boletines del INM como “rescates” con el apoyo de “Border Patrol” mexicana, es decir la Guardia Nacional dedicada a la persecución de extranjeros en lugar de enfocarse en los delincuentes y narcotraficantes.
Organizaciones no gubernamentales y activistas han denunciado que la política migratoria del actual gobierno federal criminaliza la migración en México y existen 69 recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigidas al Instituto Nacional de Migración (INM) por violentar las garantías individuales de los migrantes.
Sumado a que la Secretaría de la Función Pública ha recibido casi una veintena de denuncias contra marinos y elementos del Ejército en retiro que ocupan puestos de mando en el INM por casos de violaciones a derechos humanos y corrupción.
En la recta final del sexenio del presidente López Obrador, quien presume de una política migratoria “humanista”, en los hechos heredará a la nueva mandataria, del partido que sea, un INM militarizado, la impunidad en la tragedia de Ciudad Juárez y récords en detenciones y deportaciones que con eufemismos se les llaman “rescates” y “repatriaciones voluntarias”. Tal Cual.