Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2022.- Se supone que en un régimen democrático su naturaleza política es de carácter civil, por lo que éste gobierno no debería apoyarse para sus política públicas en las instituciones castrenses, más aún cuando se autonombra como adalid histórico de una “Cuarta Transformación”, con la cual pretende emular ilusoriamente los grandes cambios de la historia nacional como la Revolución de Independencia y su Constitución (1810–1824); la Reforma liberal juarista con su Constitución (1857); y la Revolución de 1910 y su Constitución de 1917. Todos estos procesos sociales de gran calado histórico transformador fueron confrontaciones muy violentas de batallas entre ejércitos enemigos en guerra.
Por supuesto, no hay punto de comparación en nada de la 4T con estos momentos históricos trascendentales, ni siquiera con el régimen cardenista de un bonapartismo progresivo de 1934 a 1940. Megalomanía estatal decía Octavio Paz cuando se refería al régimen priísta, que parece continuar con los delirantes aires de grandeza epocal de un mesianismo demagógico. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que los profundos cambios que ha hecho el Poder Legislativo, en el contexto de la Cuarta Transformación, equivalen a una nueva Constitución, equiparándola equívocamente con las tres anteriores que fueron resultado de fuertes enfrentamientos bélicos de polarización clasista. Tales constituciones expresarían nuevos proyectos de Nación bajo un nuevo Estado representativo de esos estallidos revolucionarios, que no es el caso actual de ninguna manera.
Que la Guardia Nacional pase a depender formalmente de la Secretaría de Defensa trasgrediendo la Constitución no es ningún signo democrático legislativo. Pero, ¿por qué hay una creciente militarización de la vida nacional? Cierto es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no inició este proceso. Quien lo empezó el 10 de diciembre 2006 fue el entonces presidente panista Felipe Calderón Hinojosa días después de tomar posesión pretendiendo legitimar el fraude electoral con el cual saldría ganador “haiga sido como haiga sido”. El despliegue del Ejército era para establecer la “guerra” contra el narco, pero los cárteles del crimen organizado son más poderosos hoy día ¿Hay una amenaza de invasión militar extranjera? ¿Hay una amenaza de la “derecha golpista” e impedir su avance?, así lo declaró Mario Delgado. En su momento, como precandidato presidencial AMLO se comprometió a regresar al Ejército a sus cuarteles en seis meses: “No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad… Ejército es una institución que debemos cuidar todos y su encargo es defender la soberanía nacional”. Todo ha sido simulación y ocurrencias… como que “los soldados son pueblo uniformado”, cuando sabemos que el Ejército cumple una función esencial de Estado de dominación clasista.
A diferencia de Felipe calderón, AMLO salió electo con un respaldo de 30 millones de votos, lo que hace suponer que es innecesario buscar un respaldo político con las tropas militares para sostener su gobierno sobre todo cuando sigue manteniendo los llamados índices de popularidad en las encuestas, pues en ningún momento de su mandato el índice ha bajado del 60 por ciento. Pero los índices de criminalidad también son muy elevados.
López Obrador aceptó que cambió de opinión sobre regresar al Ejército a los cuarteles en sus primeros meses de gobierno, como había prometido en campaña, y prefirió crear la Guardia Nacional como respuesta a la violencia; reconoció que modificó su decisión al darse cuenta de la magnitud del problema de inseguridad que tenía el país. Sin embargo, la política de militarizar las fuerzas encargadas de guardar la seguridad no es precisamente un cambio fundamental estratégico ante la creciente violencia social; es la continuidad de una política iniciada por aquellos gobiernos neoliberales que tanto se crítica en los estridentes discursos presidenciales aunque en los hechos prácticos tal política se asemeja a formas revestidas con un “nacionalismo revolucionario” populista trasnochado. Pero la militarización ha fracasado rotundamente para garantizar la seguridad ciudadana, al igual que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una figura decorativa. En teoría el Ejército tiene funciones de seguridad nacional que son distintas de las de seguridad publica. Para generar acciones de seguridad pública, se debe fortalecer a las corporaciones policiales.
Al Ejército se le han dado muchas atribuciones, más allá de las que le corresponde acordes al marco constitucional: vigilancia de aduanas portuarias, construcción de obras de infraestructura, administración de aeropuertos, etcétera. Ojalá así fuese el privilegio con otras instituciones como las educativas, las de salud pública, etcétera.
De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), “el gasto militar mundial del año 2021 alcanzó su máximo histórico alcanzando un total de 2.133 billones de dólares. En nuestro continente, los países que más gastaron fueron Brasil con 19.187 millones de dólares; Colombia con 10.180 millones de dólares; México con 8.680 millones de dólares; Chile con 6.230 millones de dólares; y Argentina con 2.591 millones de dólares. En América Central y el Caribe, el gasto militar ascendió a 11.000 millones de dólares”. https://soaw.org/carta-contra-el-gasto-militar-y-la-militarizacion-en-america-latina-y-el-caribe
Para 2022, considerando el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, son más de 230 mil millones de pesos ¿En que estatus quedan los programas necesarios para el bienestar social?
Mientras todos los retrógradas piensan que se debe aumentar la presencia de los militares en las calles y mejorar la policía para mejorar el país, es necesario cambiar al país si se quiere mejorar la seguridad ciudadana. Una profunda reforma de la policía para la seguridad pública es posible si se parte de la reforma del país; pero una verdadera reforma solamente vendrá de la lucha popular, de los trabajadores del campo y las ciudades, organizada políticamente para cambiar radicalmente a la Nación.
Extrañamos muchísimo a CaldeRón y García Luna, porfa, regresen!