¡No a la militarización! III

Por Román Munguía Huato

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de octubre de 2022.- El Ejército en la vida política nacional ha venido cobrando mayor presencia desde el 2006 cuando salió a las calles dizque a combatir a los cárteles de la drogas por disposición de Felipe Calderón, pero a partir del 1 de diciembre del 2018, con el inicio del gobierno de López Obrador, tiene una omnipresencia muy preocupante para una gran parte de la sociedad civil, pues es un peligro de autoritarismo con el pretexto de seguir “combatiendo” a los poderosísimos grupos del crimen organizado. Es una obstinación de la presidencia de AMLO mantener el respaldo creciente de las Fuerzas Armadas para su gobierno; pero esta necedad puede tener un alto costo político para la estabilidad de las instituciones civiles gubernamentales debilitando el Estado de Derecho; pues lo primero que es afectado son las garantías constitucionales de la seguridad ciudadana en sus derechos humanos. El riesgo de un mayor autoritarismo es latente. La fortaleza del Estado de Derecho, la democracia formal, depende de la fortaleza de las instituciones civiles.

La historia del México posrevolucionario es la historia de la institucionalización gubernamental civil. Con el general  Manuel Ávila Camacho llega el último militar a la presidencia de la República (1940–1946). En lo sucesivo serían presidentes civiles aunque algunos con plena naturaleza militar–autoritaria como Gustavo Díaz Ordaz (1964–1970), quién usó la mano dura criminal genocida para aplastar el pacífico y democrático movimiento estudiantil–popular del 68; algo similar lo sería el halcón Luis Echeverría Álvarez (1970–1976), quienes salieron impunes de sus masacres. En resumidas cuentas, la historia moderna de México de las últimas siete décadas está plagada de acontecimientos sangrientos con crímenes de Estado, desde la “Guerra sucia” hasta Ayotzinapa. El monopolio de la violencia del Estado, sin legitimidad alguna, en realidad ha servido para garantizar la paz social, cuya verdadera beneficiaria es la oligarquía criolla y extranjera.

El grave problema del País con la instauración del capitalismo salvaje neoliberal, especialmente con Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), es la gestación de una hiperviolencia social lacerante para el pueblo mexicano. El lumpendesarrollo capitalista con una lumpenburguesía bananera generó el caos y la muerte: México es una fosa común. Pero este neoliberalismo no ha muerto, se ha vuelto un poco más sutil, disfrazado con un ropaje de un nuevo populismo mimetizado con la retórica demagógica de un viejo nacionalismo revolucionario encarnado en la 4T. Un “gatopardismo” morenista.

México estuvo gobernado durante más de 70 años por un mismo partido que lo controlaba todo, “apoyado en una de las instituciones que ha estado siempre presente en la historia moderna del país: el ejército.” Escribe lo anterior Roció Ruiz

Lagier en un estupendo ensayo: México ¿la dictadura perfecta?, en el cual sostiene que: “Con el reconocimiento de los mecanismos represivos que operaban el régimen unipartidista mexicano del siglo XX, pretendo no solo aportar al conocimiento de la historia política nacional… el mito del México pacífico y democrático, exponiendo los distintos elementos que en realidad eran propios de un régimen dictatorial, es decir, un sistema en el que había una interrupción temporal de las instituciones legales y de las garantías constitucionales (…) Cuando en 1990 Vargas Llosa pronunció la famosa frase México es la dictadura perfecta hacía referencia a que el partido en el poder –el PRI– llevaba más de 60 años en el poder, reproduciendo y legitimando un sistema de partido que era propio de una dictadura, pero que no lo parecía, es decir, una dictadura oculta, lo cual la convertía en perfecta. Si bien podría argumentarse que no era un gobierno militar y en realidad se trataba de un sistema de partido de dominación hegemónica, sería impreciso, pues si definimos una dictadura como un régimen político que por la fuerza o la violencia concentra el poder en una persona, un grupo o una organización, México contaba con dichas características. Pero, sobre todo, porque la historia de México del siglo XX está marcada por una política militar oculta…” https://journals.openedition.org/alhim/8256

La dictadura del capital, es decir, la del poder y el dinero, asume diversas formas históricas concretas. El Estado capitalista tiene formas de dominación específicas en las que el aparato que ejerce el monopolio de la violencia aparece a veces en su forma más descarnada y brutal (fascismo, dictaduras o juntas militares) o en su forma más discreta y reservada (democracia parlamentaria). El Ejército, la policía, etcétera, actúan en relación al nivel de los conflictos clasistas con el objetivo de garantizar la acumulación del capital e impedir cualquier amenaza a la hegemonía de la clase dominante. En última instancia, el Estado burgués se sostiene con los aparatos represivos. En México –el bonapartismo sui generis–, ha sido así desde su conformación moderna como sociedad capitalista semicolonial. El intervencionismo militar en la vida nacional ha dependido del grado de polarización social y su conflictividad clasista. Manuel Aguilar Mora escribe que “AMLO no escatima elogios y favores hacia el ejército y la Armada. Son los pilares de la construcción de sus proyectos icónicos, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya. Y ante todo son y serán siempre los garantes de la estabilidad cuando las turbulencias de la lucha de clases así lo amerite para serenar a México”. https://vientosur.info/amlo-y-la-restauracion-del-bonapartismo-mexicano/

La historia militar desde el año 1968 ha sido una historia de impunidad para quienes han cometido directa e indirectamente crímenes por razones de Estado.  Una omnipresencia castrense tiene muchos factores alarmantes a considerar como es precisamente la impunidad del poder armado cuando trasgrede violentamente los derechos humanos. La búsqueda de la justicia se entorpece como ha sido el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) o la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el caso de los 43 estudiantes de la Noche de Iguala. La renuncia de Omar Gómez Trejo –titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR)– deriva de un juego perverso el poder. Especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la actuación de Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y las resistencias de la Sedena a entregar información, así como la de proteger indirectamente a Jesús Murillo Karam, no obstante existir evidencia y prueba de su participación en la construcción de la mal llamada “Verdad Histórica”. Lo siniestro: los abogados de los militares acusados procederán penalmente contra Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), de Ayotzinapa.

AMLO afirmó que la única manera de procesar a Enrique Peña Nieto por su presunta responsabilidad en el caso de Ayotzinapa es la confesión del ex Procurador Murillo Karam; pero tal delación es muy improbable porque Murillo podría quedar libre en cualquier momento. También dice que detrás de las acusaciones en contra de militares vinculados al Caso Ayotzinapa hay intereses de quienes buscaban “reventar” la indagatoria y propiciar una rebelión dentro del Ejército. Se quiso “dinamitar” el proceso porque estaba de por medio la detención de Karam y de militares involucrados, incluido un General. Externó que “tenemos muchas presiones de todo tipo” por Ayotzinapa. Con tan poca claridad del presidente de quien o quienes quieren “dinamitar” el proceso, o dónde provienen las presiones y cuáles son los intereses, así como lo de la “rebelión” interna en el Ejército, lo que si va quedando muy claro es no quiere resolver el caso y el de inmiscuirse en terrenos judiciales ajenos a su responsabilidad política.

Eso sí, una vez mas López Obrador pidió a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “que le tengan confianza, ya que el gobierno federal continuará con la investigación y que le crean cuando dice que recibe presiones de muchas partes y que tiene la firme voluntad de hacer justicia.” Cierto. “El camino al Infierno está empedrado de buenas intenciones”, una frase evangélica que bien puede usar un buen predicador mesiánico.

 

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