No se puede continuar con la política fiscal que nos ha llevado al estancamiento

Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de noviembre de 2024.- El Paquete Económico presentado al Congreso por la SHCP para el 2025 contempla un crecimiento del PIB entre 2 y 3%. Según el documento, ello se logrará con “el avance de la demanda interna, apoyada por la generación de empleo, aumento de la masa salarial, avance de la inversión, el incremento del crédito al consumo, la baja inflación y las remesas”. Es difícil que ello se logre, debido a que al contraerse el gasto e inversión del sector público para disminuir el déficit fiscal del 5.9% del PIB en el 2024 a 3.9% en el 2025, restringirá la demanda, el empleo, la masa salarial, la capacidad productiva y seguirán las presiones de oferta sobre precios, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios. Ya ha crecido mucho el crédito al consumo (12.6% de septiembre 2024 respecto al mismo mes del 2023), por lo que las familias tendrán que disminuir su gasto para pagar su deuda. El Paquete Económico espera dinamismo de la demanda proveniente de EUA, como entrada de inversión por la relocalización, y no considera las medidas anunciadas por el presidente electo de dicho país que establecerá contra México, de que impondrá aranceles a las exportaciones provenientes de nuestro país. Ello frenará la entrada de inversión extranjera en México esperada por la relocalización ya que preferirán invertir en el propio EUA aprovechando los estímulos fiscales que se están instrumentando para invertir ahí.

Los pronósticos sobre el tipo de cambio que a fines del 2025 estará en 18.50 pesos por dólar, es difícil que se dé, tanto porque seguirá la inflación, como por el déficit de comercio exterior y porque el país recibirá menos entrada de divisas, tanto por la menor inversión extranjera, como menores remesas, como consecuencia de las deportaciones que el gobierno de Trump realizará, todo lo cual presionará sobre la paridad cambiaria. Al estar latentes dichas presiones, es difícil que se logre que la tasa de interés a fines del 2025 esté en 8%, considerando la posición de Banxico de mantener alta la tasa de interés para frenar la inflación y atraer capitales para que prosiga la estabilidad cambiaria. Por lo tanto, al seguir los recortes presupuestales para bajar el déficit fiscal y al continuar la alta tasa de interés, permanecerá la contracción de la producción y la trayectoria de estancamiento con inflación que ha estado presente del 2018 al 2024.

Se contempla un superávit primario de 0.6% del PIB, donde el gobierno gasta menos de lo que recauda, excluyendo el pago de la deuda. Con tal política el gobierno deja de tener política fiscal a favor del crecimiento y del empleo, debido a que contrae la demanda, a lo que se suma a la caída del consumo e inversión privada y al efecto negativo que el déficit externo origina sobre la economía. A pesar que el Paquete Económico 2025 incrementa algunos programas sociales, ello no contrarresta los efectos negativos que se derivan del menor gasto e inversión pública.

Las finanzas públicas no deben estar en equilibrio en un contexto donde la economía no crece. Las finanzas públicas deben ser evaluadas en torno a su impacto sobre la actividad económica. Se justifica un incremento del gasto y del déficit público si ello va dirigido a incrementar la capacidad productiva y el empleo, lo que dinamizará la economía y se traducirá en mayor recaudación tributaria que reduciría el déficit fiscal y la deuda impulsores del crecimiento. El problema de la economía es que el déficit fiscal no es por qué el gobierno hay incrementado su gasto, sino es ocasionado por la alta tasa de interés que aumenta el costo del servicio de la deuda y ello favorece a la banca.

No se puede mantener la alta tasa de interés de Banxico, que es la causante del déficit fiscal y de la restricción del gasto público, evidenciando que la política de Banxico es funcional al sector bancario y disfuncional al crecimiento económico. El gobierno traslada recursos al pago de la deuda a costa de restringir el gasto en la gran mayoría de las dependencias, entidades federativas y servicios que debe ofrecer. Al sector salud la restricción presupuestal es de -31.2%; en cultura de -30.9%. Con el recorte presupuestal a la Guardia Nacional de -54.19%, el gobierno se meterá en problemas cuando Trump presione a México para frenar la inmigración centroamericana y del país a EUA, así como para contener la delincuencia que ocasionará el mayor desempleo derivado del efecto negativo que ocasionarán los recortes presupuestales. A la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Centro Nacional de Prevención de Desastres se restringió el presupuesto en 39.4% y 13.11% respectivamente, y acontece en un entrono donde los daños ocasionados por el cambio climático son crecientes. La Coordinación Antisecuestros y Delitos de Alto Impacto tendrá un recorte de 9.45%, en un contexto donde esos delitos son crecientes. Desaparece el mantenimiento de infraestructura, al igual que el proyecto de construcción de carreteras, para privilegiar ahora los trenes de pasajeros y carga. También el presupuesto de 1,536 millones de pesos al aeropuerto de la CDMX desaparece.

Por más disminución del gasto público no se alcanzará a reducir el déficit fiscal, ni la relación de endeudamiento. El menor gasto público contrae la economía y con ello la recaudación tributaria, por lo que seguirá el déficit. Si el gobierno gasta poco, recauda poco. La contracción económica aumentará las presiones de oferta sobre precios, lo que hará que se mantenga la alta tasa de interés, la que continuará presionando sobre las finanzas públicas y del sector privado, restringiendo su capacidad de gasto e inversión. Los problemas de desempleo, miseria y delincuencia demandarán mayores gastos sociales y de seguridad.

Las partidas de jubilaciones en Pemex y la CFE han venido descapitalizando y sobreendeudando a tales empresas. Pemex destinará 83,827 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones, que corresponde al 18% de lo que recibirá y equivale al 40% de lo que dicha empresa invertirá en el 2025. En el caso de la CFE, 64,337 millones de pesos se destinarán para pensiones y jubilaciones (12% del total que recibirá) y ello es superior al gasto de inversión proyectado para 2025 que es de 61,587 millones de pesos. No es posible tener jubilados de primera en tales empresas, como en las financieras del gobierno y en el Poder Judicial, mientras la gran mayoría de la población está excluida de jubilaciones, por lo que urge una reforma al sistema de pensiones en el país.

La política fiscal no debe seguir las recomendaciones de las calificadoras internacionales, sino debe responder a los reclamos nacionales de crecimiento, empleo, equidad y bienestar.