Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de febrero de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador suele repetir que ellos, los integrantes del gobierno de Morena, no son iguales a los funcionarios de gobiernos pasados, en los cuales el enriquecimiento ilegítimo, el abuso de poder y la discriminación de género eran usuales. Pese a lo anterior, en la Secretaría de Gobernación, algunos burócratas de alto rango siguen estacionados en la era priista.
Blanca Mabel García Alpízar, jefa de familia y madre de tres hijos, trabaja en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y está adscrita a la Dirección General de Coordinación Interinstitucional como subdirectora de Estrategias para la Coordinación de Servicios Públicos de Participación Social, cargo al que llegó mediante el Servicio Profesional de Carrera.
El Servicio Profesional de Carrera, dice la ley respectiva, “es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad”. Son principios rectores del sistema “la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género”. La norma establece que el servidor público de carrera “sólo podrá ser nombrado y removido en los casos y bajo los procedimientos previstos por esta ley”.
Dicho lo anterior, resulta obvio que los superiores jerárquicos no pueden ejercer coacción, violencia y otros recursos ilegítimos y/o ilegales para deshacerse de un servidor público de carrera, pues se trata de una persona que llega a cierto puesto por mérito propio y después de cumplir con todos los requisitos que establece la ley.
Para desgracia de la señora García Alpízar, el primero de enero de 2022, Emeterio Carlón Acosta fue designado director general de la Coordinación Interinstitucional de la Subsecretaria de Desarrollo Democrático. Como resulta obvio, ese funcionario no ha leído la Ley del Servicio Profesional de Carrera, pues considera que quien ha cumplido con dicho ordenamiento puede ser tratado como mero peón y que su permanencia está sujeta al capricho de los superiores.
La señora García Alpízar enfermó en el mes de diciembre de 2022 y desde entonces fue sometida a tratamiento en busca de su recuperación, la que, una vez conseguida, le permitió reincorporarse a labores el pasado 5 de abril, todo lo cual consta en los comprobantes médicos extendidos por personal del ISSSTE y puntualmente entregados en los departamentos correspondientes.
Pese a lo anterior, el mismo día de su regreso a labores, la señora García Alpízar fue llamada por Raúl Castellanos Baltazar, director general adjunto, Alfonso Rodríguez Cabo y Adriana Yolanda Ávila Galindo, directores de área, quienes, “por órdenes del director general Emeterio Carlón”, le pidieron su renuncia con el peregrino argumento de que su ciclo había terminado. La afectada se negó a firmar, pues no había razón para hacerlo, a lo que Ávila Galindo respondió que, en tal caso, buscarían motivos.
Por supuesto, no existen tales motivos, aunque son expertos en inventarlos. Además, ejercen un trato descortés y abiertamente ofensivo, en especial de un tal Luis Gerardo Rodríguez Hernández, especie de capataz de los superiores, quien, en presencia de doña Mabel, estrella objetos y cierra la puerta con violencia con fines intimidatorios. Por si fuera poco, a la señora le han efectuado descuentos injustificados y le dijeron que le han levantado varias actas administrativas, sin notificárselo y sin extenderle copia, si es que en verdad existen.
Seguramente, el caso de doña Mabel García Alpízar no es el único, pues nada permite suponer que esos funcionarios, ejemplo ruin del viejo estilo priista, tengan un mejor trato hacia otros subordinados.
Lo recomendable es que doña Mabel y otros afectados acudan al padre de la maestra Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, quien seguramente ignora esta nefasta historia de abuso laboral. El progenitor de la secretaria es el licenciado don Arturo Alcalde Justiniani, célebre abogado laboralista que sabe cómo defender a los trabajadores de jefes abusivos e ignorantes. Hay que recurrir a él.