Penuria fiscal y facturación falsa

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de septiembre de 2019.- Saúl Álvarez, un boxeador a quien apodan El Canelo, es uno de los cuatro deportistas mejor pagados del mundo. En su pelea más reciente obtuvo 33 millones de dólares, de modo que no sufre por necesidades económicas. Sin embargo, el Sistema de Administración Tributaria le condonó impuestos por tres millones 800 mil pesos.

Mejor le fue al Consejo de la Judicatura Federal, al que el SAT le perdonó 11 millones 177 mil pesos, suponemos que de impuestos retenidos y gastados indebidamente. La misma generosidad fiscal benefició a la empresa privada Gas Express Nieto, a la que se eximió de pagar dos millones 706 mil pesos.

En lo que va de este año, el SAT ha actuado como beneficencia pública con personas físicas y morales a las que ha perdonado el pago de impuestos por casi 294 millones de pesos, algo así como el doble de lo que el gobierno necesita para cumplir con el presupuesto de egresos de 2020, y eso sin considerar las profecías catastrofistas del Banco de México.

Tanta largueza acentúa las inopias de nuestro sistema fiscal, pues, para vergüenza de quienes manejaron el sistema tributario en los últimos sexenios, México ocupa el último lugar —sí, el último— de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los que algunos promedian hasta 33.4% de recaudación, mientras que aquí el fisco levanta apenas 13.6% del Producto Interno Bruto.

Para Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, habrá que poner el énfasis en la recaudación, para lo cual se deberá atacar la evasión y la elusión de impuestos, que anualmente representan cientos de miles de millones de pesos. Otro problema que incide en la situación económica es la caída de la inversión pública, que entre 2011 y 2018 pasó de 4.6 a 2.9% del PIB, lo que se pretende compensar con inversión privada, apuesta ciertamente arriesgada, porque la inversión pública estimula la privada. Si no hay una, tampoco veremos la otra.

Por lo pronto, el paquete fiscal para 2020 prevé gravar las operaciones mercantiles por internet, con lo cual Uber, Mercado Libre, Amazon y muchas otras firmas tendrán que pagar lo que corresponda a sus operaciones, que representan 4% del comercio total, con una gran expectativa de crecimiento, pues ahora se estima que uno de cada tres usuarios de internet recurre a esta vía para sus adquisiciones, proporción que esperan que aumente notoriamente en el futuro próximo.

Para fines recaudatorios, donde se pretende poner el acento es en la subcontratación y las llamadas “factureras”, esto es, las “empresas”, a veces meros membretes, que emiten facturas por operaciones inexistentes. En lo que se refiere a la subcontratación, también llamada outsourcing o tercerización, hay áreas de la economía donde resulta indispensable, sobre todo para allegarse personal para tareas eventuales o estacionales. El problema es otro.

El llamado outsourcing floreció en el periodo neoliberal. Se fomentó deliberadamente ese tipo de actividad que exime a las empresas del pago de prestaciones, permite que no otorguen base laboral y propicia fraudes de diverso tipo. El colmo fue que en el sector público se cancelara la contratación directa de personal y se recurriera a la tercerización, que ha sido una manera canallesca de privar de derechos a los trabajadores, sin que el hecho preocupe a los sindicatos ni antes de ahora al fisco, pues las firmas precontratantes suelen facturar al gusto del cliente, inflando el número de trabajadores subcontratados y el pago que presuntamente reciben.

Las factureras incurren en fraude fiscal de manera deliberada, sistemática y masiva. Es crimen organizado porque se requiere la colusión de dos o más personas. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar denunció que las facturas apócrifas han sido utilizadas por gobernadores, universidades, autoridades estatales y municipales y hasta por el Congreso de la Ciudad de México (¡nombres, nombres!).

El SAT ha detectado a decenas de factureras que, de 2017 a la fecha, han emitido facturas falsas por un monto total de un billón 600 mil millones de pesos. La pregunta obligada es: ¿qué esperan para proceder contra ellas y encarcelar a los responsables?