Por Román Munguía Huato
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de octubre de 2026.- El problema del suministro de agua potable para la población es muy grave en casi todo México. En el mundo, “alrededor de 2,000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, 771 millones no tienen acceso a servicios básicos de agua potable, de acuerdo con datos del Banco Mundial”. De manera directa o indirecta, este problema es causado por el desarrollo del capitalismo global. Una de las causas del desastre hídrico es derivado por el calentamiento planetario, que a su vez tiene sus orígenes desde hace siglo y medio con el proceso de industrialización capitalista que empezó a utilizar masivamente combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) que, por ende, empezó a elevar la temperatura global, aumentándola más de 1.1 °C desde entonces. A esta industrialización se añaden las alteraciones climáticas provocadas por la agricultura y la deforestación a gran escala. “El capitalismo –dice Marx– tiende a socavar sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano.”
México no está exento de esta problemática, causada por factores como gestiones hídricas insuficientes y sequías. Pero una cosa es carecer de agua y otra cosa totalmente distinta es recibirla muy contaminada, sucia, maloliente y hasta con residuos fecales. Esto es lo que le sucede a una parte considerable de la población de la zona metropolitana de Guadalajara.
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El problema del suministro del agua potable es un problema eminentemente político. Es político porque el Estado no quiere ni puede resolverlo, pues las políticas públicas hídricas, aunque satisfacen parcialmente las necesidades de consumo de la población tienden a favorecer las necesidades del consumo productivo del capital en general. El proceso de privatización del agua sigue avanzando, porque las políticas públicas han derivado en la administración del suministro de agua potable o del acceso a los acuíferos por parte de empresas o entidades privadas mediante concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
México atraviesa una severa crisis hídrica provocada por la mala distribución del recurso, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la contaminación generalizada de sus fuentes. De acuerdo con datos estadísticos la disponibilidad de agua por habitante pasó de más de 10,000 metros cúbicos anuales en 1960 a menos de 3,358 metros cúbicos en la actualidad, con proyecciones a la baja.
La crisis también consiste en la degradación creciente de sus ríos, lagos y lagunas. Por ejemplo, la cuenca hídrica Lerma–Santiago, una de las más importantes del país, es la más contaminada, y el Río Santiago está terriblemente contaminado desde el Lago de Chapala hasta el litoral del Pacífico; es un río muerto. Gran parte del suministro del agua de Guadalajara proviene de este lago. Arroyo Seco –afluente de la Presa Las Pintas, donde llega el agua del Lago de Chapala– está contaminadísimo. Aunque la contaminación de las cuencas hídricas viene de décadas atrás, el saneamiento de las cuencas hídricas del país es política ficción. Ocho años de la Cuarta Transformación (4T) en el gobierno federal y todo ha quedado en una farsa absoluta de Morena, partido gobernante, respecto a una política de regeneración ambiental.
La metrópolis de Guadalajara, como toda gran ciudad capitalista, está plagada de problemas sociales muy graves: La urbanización caótica misma, la corrupción urbanística y el problema habitacional, la contaminación ambiental y el problema de la basura y sus vertederos con lixiviados, el caro y deficitario transporte público, déficit de áreas verdes, etcétera. Pero al gravísimo problema de la inseguridad en Jalisco (16 mil desapariciones forzadas), la delincuencia criminal y el narco (Cártel Jalisco Nueva Generación. CJNG), se viene a sumar el del suministro de la escasez y del agua contaminada. Detrás de todo se encuentra la profunda corrupción política en todos las esferas del poder político. Jalisco es una de las entidades ideológica y políticamente ultraconservadoras, cuyos grupos de poder son representativos de una rancia oligarquía con sus partidos políticos derechistas; pero eso no impide que no haya expresiones minoritarias de oposición democrática en las diversas esferas sociales y políticas. Ejemplo de ello son las manifestaciones ciudadanas reivindicando el derecho al agua potable.
El problema del suministro de agua potable no es reciente, por lo menos tiene tres décadas. Una parte de la población metropolitana no tiene acceso domiciliario al agua. La zona metropolitana de Guadalajara tiene alrededor de cinco millones y medio de habitantes y aproximadamente medio millón de personas no cuentan con conexión directa a la red de agua potable del SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado), afectando a más de 150 colonias irregulares o periferias. En el caso del municipio de Guadalajara, según un estudio de la Universidad Iberoamericana, tiene la probabilidad más alta de fallas y fugas de agua potable entre las 90 principales ciudades de México. La escasez y las fallas en la provisión del líquido son producidas políticamente pues se distribuyen de manera desigual en las viviendas. En los hogares de estrato bajo la probabilidad de sufrir fallas es 68 por ciento mayor que en los de estrato alto.
Los reportes recurrentes y masivos de agua turbia y maloliente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se intensificaron fuertemente a finales de 2025 y principios de 2026, aunque las denuncias ciudadanas por mala calidad y sedimentos en las tuberías del SIAPA existen desde hace años; con picos importantes registrados desde 2016 y de forma más notoria a mediados de 2020. Antecedentes (2016–2024): Vecinos de diversas colonias comenzaron a reportar agua con sedimentos, coloraciones extrañas y olor fétido, motivando recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Inicio de la crisis actual (finales de 2025–enero de 2026): Se dispararon de forma masiva los reportes de agua turbia, color café, naranja o negra en los hogares, alcanzando entre 243 y 655 colonias. Agravamiento y medidas (octubre de 2026): La crisis escaló a protestas y cierres en el suministro; el gobierno estatal anunció el cierre temporal de la extracción de la presa Las Pintas y esquemas de tandeos para mitigar la emergencia biológica y de turbiedad detectada en la red. “Aunque el problema de la calidad del agua se ha intensificado recientemente, las denuncias ciudadanas por desabasto y suministro se remontan a casi una década”.
No obstante el agua insalubre que llega a las tomas domiciliarias de la metrópoli, el gobierno estatal mediante la Secretaría de Salud de Jalisco nunca emitió ninguna alerta sanitaria como prevención del problema. La ineptitud burocrática se presenta en todas las dependencias.
El perfil de Pablo Lemus Navarro es el de un junior empresario –fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Jalisco (2008–2011)– metido a político rapaz para lucrar con el erario siendo presidente municipal de Zapopan (2015–2021) y de Guadalajara (2021–2023), por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Lemus Navarro aprendió muchísimo de su antecesor Enrique Alfaro Ramírez, sobre todo las lecciones represivas contra la población: El 4 y 5 de junio de 2020, miles de jóvenes y ciudadanos salieron a las calles de Guadalajara para exigir justicia frente al Palacio de Gobierno y las instalaciones de la Fiscalía por el homicidio de Giovanni López. Las manifestaciones de protesta fueron reprimidas brutalmente por las corporaciones de seguridad. El episodio más crítico ocurrió el 5 de junio, conocido como el Halconazo jalisciense, cuando agentes ministeriales vestidos de civil y a bordo de camionetas sin placas detuvieron de forma arbitraria, golpearon y mantuvieron incomunicados o desaparecidos por horas a decenas de jóvenes.
Alfaro Ramírez 13 de octubre de 2024 afirmó que su primera acción como gobernador de Jalisco fue visitar el río más contaminado de México, el Río Santiago y que para el saneamiento en los últimos seis años fueron invertidos más de siete mil millones de pesos en 66 acciones que incluye la puesta en marcha de 20 plantas de tratamiento, lo que permite que el 75 por ciento del agua ya está siendo tratada, es decir, ocho mil metros cúbicos por segundo, detalló el mandatario. Más aún, dijo que el agua para Guadalajara estaba garantizada para los próximos 50 años años. “Es decir, vamos a llegar prácticamente a los 10 mil litros por segundo de aguas tratadas. Y faltarían los cuatro mil que ya explicamos son el reto del próximo gobierno, que son las cuatro pequeñas plantas de tratamiento que se tienen que hacer en esta parte de la ciudad.” Alfaro Ramírez entregó el documento final al gobernador electo Pablo Lemus para que tenga toda la información del avance que se alcanzó y lo que le va a tocar hacer. Lemus Navarro adelantó que pedirá el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum para que continúe la limpieza de este río.
Todo lo anterior fue una total demagogia absoluta y una verdadera farsa; pero la desaparición de los siete mil millones de pesos parece veridica. Justamente dos años después, ya en tiempos del gobernador actual, vinieron las consecuencias nefastas de uno y otro gobernadores.
La crisis del agua estalla violentamente en Guadalajara.
A la Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, el domingo 11 de octubre llegó una manifestación pacífica ciudadana para exigirle el suministro de agua potable. En vez de una respuesta política mediante el diálogo y propuestas razonables, el gobernador había preparado vilmente otra respuesta política: era una muy violenta, pues las hordas policiacas de los antimotines entraron en acción aventando gases lacrimógenos y los bomberos lanzando potentes chorros de agua, irónicamente agua limpia, y pedradas. Había por doquier vallas de protección para que la gente no se acercara a la Casa. Una parte de los poco más de diez mil participantes de jóvenes adultos, ancianos, mujeres y niños resultaron heridos. Un día antes Lemus se había comprometido publicamente a respetar la manifestación, pero fue todo lo contrario, aplicó mano dura; una infamia “Al estilo Jalisco”, su lema político. Ante la ineptitud manifiesta de proponer una alternativa de solución al problema, su alternativa fue la violencia. Poco más de 50 personas, jóvenes en su mayoría, fueron arrastrados por la policía hacia dentro de la Casa Jalisco, que en los hechos se convirtió en cárcel y lugar de secuestro (desaparición forzada temporal), tortura y amenazas; algunos de ellos fueron llevados y consignados arbitrariamente a la penal de Puente Grande. Por supuesto, en la represión participaron jóvenes como Halcones, gente vestida de civil provocando a la policía para deslegitimar la protesta pacífica.
Testimonios recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ratifican tortura y amedrentamiento a manifestantes por parte de policías dentro de Casa Jalisco durante las protestas del 11 de octubre.
https://x.com/DiariodeGDL/status/2112502769047212163
No era la primera represión gubernamental a protestas ciudadanas pacíficas, pues ya en el año 2024, el gobierno de Jalisco —encabezado en su primera parte por Enrique Alfaro Ramírez y a partir de diciembre por Pablo Lemus Navarro— enfrentó señalamientos, como mencionamos, por el manejo ilegal de la seguridad pública e investigaciones a comisarías municipales por presunta corrupción y uso de la violencia policial. Asimismo, en dicho año se registraron tensiones por movilizaciones sociales y operativos policiales. Veinte años antes la represión histórica más recordada en Jalisco ocurrió el 28 de mayo de 2004, durante la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE) en Guadalajara, cuando el gobierno panista de Francisco Ramírez Acuña ordenó detenciones arbitrarias y torturas a manifestantes, pues cientos de activistas, jóvenes y altermundistas protestaron contra la cumbre ALCUE y el sistema neoliberal, y los policías estatales reprimieron la movilización, persiguiendo y deteniendo a más de un centenar de personas (incluyendo transeúntes y menores de edad).
El 18 de octubre el auténtico movimiento ciudadano opositor democrático a Movimiento Ciudadano en el poder autoritario, nuevamente organizó una protesta pacífica; el destino no era la Casa Jalisco sino en el céntrico Palacio de Gobierno. Se estima una cantidad de 10 mil manifestantes exigiendo suministro de agua potable, el rechazo a la privatización del SIAPA y a los tandeos (recortes temporales del agua). Pero a todo ello se añadía una legítima demanda política: Revocación de mandato del gobernador, derivado de la brutal represión en la Casa Jalisco y de la insistencia de hacer negocio privado con el agua.
Ante el enérgico rechazo popular a la represión, Pablo Lemus ya no se atrevió ordenar a sus hordas antimotines policiacas volvieran a ejercer violencia contra los manifestantes, pero si volvió a sacar a sus Halcones mercenarios para provocar e intimidar a los participantes de la marcha de protesta que fueron expulsados del contingente masivo, trasladándose los vándalos al Palacio causando desmanes y daños a comercios, especialmente dañando el edificio gubernamental e incendiando uno de los pórticos de entrada. Para tener algunos pocos chivos expiatorios la policía detuvo a 40 personas tras los disturbios y actos de vandalismo. Con los hechos represivos ocurridos el 11 de octubre y su intento grotesco de deslegitimar la protesta a la semana siguiente, Lemus, su gobierno y MC, sigue hundido en un pantano político putrefacto de agua contaminada.
El miércoles 21 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno aportará 13 mil millones de pesos para el suministro de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero ¿Por qué no lo hizo desde el inicio de su administración, hace dos años? A su vez, Lemus descarta, según él, deuda o privatización de servicios para obras de agua en Jalisco y anunció una inversión estatal de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos para obras de infraestructura hídrica. Pero mientras no se resuelva el saneamiento de la cuenca hídrica Lerma–Santiago persistirá el problema de abasto y calidad del agua para Guadalajara.
Días antes, el 15 de octubre, Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por la presunta detención y presunta tortura de los manifestantes que protestaron en Guadalajara contra el desabasto y la mala calidad del agua. En la denuncia se solicita que la FGR atraiga las investigaciones por la represión y agresiones contra los manifestantes. En tal sentido, es muy legítima la demanda ciudadana de la revocación inmediata de mandato del gobernador.
Mientras tanto, hay incertidumbre de la decisión gubernamental definitiva al problema del agua, pero lo único claro es la total ineptitud del gobierno de Lemus para resolver los grandes y graves problemas que afectan a la mayoría de los trabajadores jaliscienses del campo y las ciudades, como la de Guadalajara, la tercera en importancia demográfica nacional; un reflejo funesto de lo que sucede en todo el país.