Por Arturo Huerta González
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de mayo de 2024.- Se ha mencionado mucho por parte de economistas convencionales que el gobierno no tiene margen de maniobra para seguir gastando, que se requiere de una reforma tributaria. Para ello se pronuncian por ampliar la base tributaria, gravar a las herencias, al gran capital. Ello hay que hacerlo, pero no para financiar el gasto del gobierno. Un gobierno soberano que controla la moneda y no se compromete a su convertibilidad a un tipo de cambio fijo, o apreciado como ha estado por mucho tiempo en el país, puede gastar, sin haber recaudado primero. El gasto es el que genera el ingreso, pues al gastar el gobierno reactiva la economía, incrementa el ingreso de empresas e individuos y termina recaudando lo que gasta.
La Teoría Moderna del Dinero señala que los impuestos son para que la moneda emitida por el gobierno sea aceptada, lo que le permite al gobierno gastar y los que venden bienes y servicios la aceptan porque con ella tienen que pagar impuestos. También los impuestos son para restar poder de gasto a los que más tienen, y que el gobierno pase a gastar donde ellos dejan de hacerlo. El neoliberalismo con la autonomía del banco central le quitó el poder al gobierno de financiarse con su moneda, para así obligarlo a trabajar con austeridad fiscal a costa de dejar de invertir en los sectores estratégicos y en infraestructura y en muchos otros rubros, para que la cúpula empresarial pasara a invertir donde el gobierno dejara de hacerlo. Los impuestos deben gravar al gran capital para reducirles su poder económico, y que el gobierno pase a invertir donde ellos dejan de hacerlo (no porque requiera de esos impuestos, pues un gobierno soberano que controla la moneda no necesita impuestos ni deuda para poder gastar, simplemente gasta) para cubrir el espacio dejado por el menor gasto de la cúpula empresarial. Se debe gravar al sector financiero que ha obtenido altas ganancias por las altas tasas de interés y comisiones que cobra, gravar a las grandes empresas y a las que han especulado con altos precios durante la inflación.
La diferencia entre un gobierno soberano que controla la moneda y el sector privado es que el gobierno no requiere de ingreso, ni de deuda para gastar, simplemente gasta, a diferencia de las empresas y familias que requieren de ingreso y/o de deuda para poder gastar.
El gobierno gasta acreditando en la cuenta bancaria de los que le venden bienes y servicios, lo que incrementa los depósitos y las reservas bancarias y ahí es donde interviene el banco central emitiendo deuda, no para financiar el gasto, sino para regular las reservas bancarias y evitar que la tasa de interés objetivo baje a cero. Así, el banco central acompaña el mayor gasto púbico, independientemente de la autonomía del banco central.
El gobierno no enfrenta restricción financiera. Su restricción está dada por la disponibilidad de recursos reales con los cuales cuenta la economía y no puede gastar más allá de ello, pues generaría inflación. El mayor gasto público tiene que estar canalizado a sectores que tengan capacidad ociosa, como a incrementar la capacidad productiva y el empleo. Debe impulsar la sustitución de importaciones de granos básicos, como de productos manufactureros de bienes de consumo asalariado para evitar presiones sobre precios y sobre el sector externo. Las finanzas públicas hay que evaluarlas en torno a su impacto en la actividad económica y no en torno a su equilibrio fiscal o baja relación de endeudamiento.
Al financiarse el gobierno con su moneda, no cae en insolvencia. Se refinancia y se tiene que asegurar baja tasa de interés, para evitar que ésta genere un déficit público financiero y le reduzca la capacidad de gasto e inversión del gobierno como acontece ahora.
Tanto el banco central como Hacienda son instituciones del Estado y la deuda entre ellas puede cancelarse sin que pase nada, sino al contrario, se beneficiaría la capacidad del gobierno para atender los reclamos nacionales de crecimiento, empleo, beneficio y combate al cambio climático.
Para incrementar el gasto público y bajar la tasa de interés para el cumplimiento de los propósitos nacionales, se debe dejar de priorizar el peso fuerte y trabajar con tipo de cambio flexible que a su vez favorecería la competitividad de la producción nacional. La política económica debe responder al sector productivo y al objetivo de pleno empleo, y no al interés del sector financiero, como ha venido aconteciendo.