Un primero de mayo en reclusión (y en soledades)

Foto: Alejandro Meléndez / FotorreporterosMx

Por Saúl Escobar Toledo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de mayo de 2020.- Ese día las calles estuvieron vacías. Los trabajadores no marcharon. Por primera vez en toda la historia de México, desde el primer primero de mayo de 1913, sólo algunas voces representativas del movimiento obrero se pudieron escuchar por medio del internet. El gobierno, por su parte, en Palacio Nacional, rememoró la fecha frente a un puñado de reporteros, sin la presencia de alguna representación sindical. La razón fue evidente: la epidemia estaba (y está) en la fase más peligrosa. Llevar a cabo una concentración de personas, sobre todo en la capital del país, representaba un serio peligro de contagio masivo.

Un panorama similar se observó en muchas partes del mundo, pero ello no debe ocultarnos el hecho de que, a pesar de todo, las organizaciones de los trabajadores siguen vivas. Tal cosa podría parecer intrascendente. No lo es si tomamos en cuenta que están enfrentando, todos los días y en la vida real, una lucha singular: defender la vida frente a la presión de las empresas para echar andar las máquinas, lo más pronto posible, sin proteger debidamente la salud de sus empleados; y, al mismo tiempo, tratar de evitar los despidos, las reducciones salariales y los recortes de los contratos colectivos. Lo están haciendo como pueden, en condiciones muy adversas. En muchos casos, sin la presencia física de sus dirigentes y en otros negociando con los representantes patronales.

En México, ante la ausencia casi total de sindicatos representativos, son los trabajadores, de manera directa, sin el respaldo de sus gremios, los que están dando la batalla. Como sucede en las maquiladoras del norte del país, los obreros se niegan a entrar a trabajar, protestan dentro o fuera de la fábrica, y dan a conocer su situación con grandes dificultades. Son también, junto con el personal de salud que busca salvar vidas, los héroes de estas jornadas, aunque su reconocimiento sea muy escaso.

Desgraciadamente, las presiones serán cada vez más fuertes. La acumulación de días sin el acceso a insumos, sin producción y sin ventas harán más imperiosa la necesidad de “volver a la normalidad”. Los trabajadores, de igual manera, resentirán cada vez más la necesidad de acudir al trabajo ante el riesgo del despido o la falta de ingresos.

Lo que viene será más difícil. Una confrontación más intensa y al mismo tiempo más desigual. Ante ello, el papel de los gobiernos y los juzgados laborales será muy importante. La política laboral deberá regirse en primer lugar por el objetivo de salvar vidas y no por las presiones de nuestros socios comerciales. De ahí la urgencia de llevar a cabo un programa de rescate mediante un salario o ingreso básico dirigido a las familias más pobres, y legislar un seguro de desempleo. Sin estos instrumentos, no hay muchas opciones para los trabajadores, quienes pueden caer presa de la enfermedad, la pobreza, o de ambas.

Frente a esta situación, vale la pena recordar los pronunciamientos hechos este primero de mayo. La declaración del gobierno de la república aludió a los logros obtenidos: una nueva política de salarios mínimos que ha logrado la recuperación de su valor en un 35%; la reforma laboral que busca “pasar de los contratos de protección, de la corrupción sindical,… a la autonomía e independencia de los sindicatos para que sean fuertes y defiendan a los trabajadores”; el programa de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro; el principio de proporcionalidad de género en la representación sindical; el programa piloto para incorporar a las y los trabajadores del hogar a la seguridad social. También se comprometió a erradicar las prácticas ilegales de la subcontratación.

Sin embargo, todos esos avances, sin duda importantes, ya existían antes de esta crisis. En cambio, a pesar del reconocimiento de estos “momentos difíciles”, no hay ninguna medida adicional que responda a la nueva situación.

Por su parte, las organizaciones independientes, particularmente la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT), así como la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), aunque esta última de manera más discreta pues no planteó ninguna agenda o programa frente a la crisis, difundieron sus propios manifiestos. La UNT puso en el centro la necesidad del diálogo social y el establecimiento de un Acuerdo Nacional que conduzca a un nuevo Pacto Social. Además, entre otras cosas planteó:  control de precios de medicamentos y alimentos de la canasta básica; suspensión temporal de cobro de créditos de Infonavit, Fovissste y Fonacot; establecimiento del seguro de desempleo; erradicar el outsourcing (seguramente se refieren a la subcontratación laboral); y solución a los conflictos laborales: Notimex, Chapingo, UNTyPP y Universidad Michoacana. Sorprende que no haya sugerido ningún apoyo especial para los trabajadores informales o para las familias más afectadas por la crisis.

Por su parte la NCT llamó en primer lugar  a una Convención Nacional Democrática de los Trabajadores y a la solución de las huelgas existentes y  propuso un  Seguro de Desempleo Universal para el sector formal e informal; la abrogación del outsourcing (subcontratación); un Ingreso Básico Universal para las familias de bajos recursos; la suspensión temporal de pago de hipotecas y rentas domiciliarias; la abrogación del sistema de AFORES y el restablecimiento de una sistema solidario de jubilaciones; nacionalización de empresas que cierren total o parcialmente; la suspensión de pagos de la deuda externa; y a detener los mega proyectos (seguramente en alusión  a los planes del gobierno anunciados por el presidente: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, y el corredor transístmico). Hay que destacar, finalmente que la NCT se manifestó por una negativa a “los pactos promovidos desde el empresariado y el sindicalismo corporativo”.

Aunque existen varias coincidencias entre estas dos organizaciones, aparentemente la discrepancia mayor puede encontrarse en el llamado a un Acuerdo Nacional. Probablemente también en otros asuntos como la nacionalización de empresas; la suspensión del pago de la deuda externa y la oposición a los megaproyectos. Estas últimas posibles diferencias quizás podrían zanjarse o ponerse a un lado en aras de la unidad.

Sin embargo, lo que más llama la atención de los discursos de las partes aquí citadas es la ignorancia que se manifiestan. El gobierno señala que todos debemos “ser solidarios y corresponsables” pero no hace un llamado al diálogo, la colaboración, o el apoyo de los sindicatos para enfrentar la crisis. Ni a los agrupamientos más representativos ni a aquellos que encarnan mejor la corrupción y el sindicalismo de protección que, asegura, será combatido por la reforma laboral. Por su parte, la UNT y la NCT no aluden directamente al gobierno de la república ni al Congreso de la Unión. Tampoco aceptan ni rechazan la política laboral llevada a cabo hasta ahora, y por lo tanto no hacen una evaluación de sus logros o fallas.   Además, ninguna de las dos agrupaciones independientes se reconoce mutuamente como, por cierto, lo hicieron muchas veces en el pasado inmediato en ocasión del 1o de mayo. Como si nunca se hubieran visto.

Esta indiferencia mutua representa algo más que un calculado desdén. Nos habla de la existencia de un posible desconcierto. El gobierno de la república ha decidido llevar a cabo un plan que no quiere poner a discusión pública. Las organizaciones democráticas, por su parte, tampoco se han propuesto en serio un diálogo que permita  construir la unidad del sindicalismo ni desatar acciones conjuntas para imponer una agenda legislativa que incluya algunos planteamientos en los que hay consenso, como el seguro de desempleo. Cosa, esta última, muy urgente y necesaria.

Los agrupamientos sociales democráticos pueden y deben impulsar la unidad y la búsqueda de acuerdos.  El gobierno más tarde o más temprano tendrá que responder a sus exigencias. Lo malo es que, soliloquios aparte, el tiempo apremia…

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