Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2024.- Se vale estar en contra de la reforma al Poder Judicial porque eso forma parte de la democracia, pero que Ernesto Zedillo salga a criticar el paquete legislativo requiere, en verdad, ser un caradura, pues no olvidemos que fue él, quien siendo Presidente de la República, de un manotazo echó a los ministros de la Suprema Corte.
Pero que un mero lamesuelas de las trasnacionales critique lo que ocurre en México no le resta validez a las realidades y observaciones que llegan desde otras partes. La prensa, tan vilipendiada en este agónico sexenio, sigue cumpliendo con su tarea de difundir lo que importa a la ciudadanía, y la contundencia de los hechos otorga validez a quienes advierten que el panorama no es precisamente idílico.
Sólo en estos días se informó que, en Culiacán, los enfrentamientos entre mafias le costaron la vida a más de 30 personas; que en Chihuahua murieron nueve delincuentes en un choque entre grupos rivales; en Puerto Peñasco, Sonora, una balacera entre marinos y traficantes de especies naturales protegidas dejó dos muertos y 20 detenidos; en la carretera México-Querétaro una patrulla de la Guardia Nacional fue destrozada por sujetos que aprovechaban la volcadura de un camión para sus actos de rapiña; en seis municipios de Nuevo León se produjeron bloqueos, ataques armados contra policías y otros hechos delictivos, y en Tamaulipas los narcos atacaron a la policía con saldo de dos uniformados heridos, mientras en Puebla se trafica con niños al igual que en Morelos, entidad que dejó en ruinas Cuauhtémoc Blanco…
En Chiapas no cesan los tiroteos entre los cárteles que se disputan el territorio fronterizo para el tráfico de drogas, lo que ha costado muertos, desaparecidos y el despoblamiento de pueblos enteros. A lo anterior hay que agregar el secuestro o la destrucción de vehículos, el saqueo de comercios y la severa alteración de la vida.
No resulta tranquilizante que en decenas de municipios de varios estados se hayan suspendido la ceremonia del Grito y el desfile del día 16. La brutal alteración de la vida cotidiana ha causado el paro de actividades comerciales, el cierre de escuelas y otros hechos que lamenta la población, ante lo cual las autoridades de todo nivel responden exhortando a los delincuentes a portarse bien.
Ante la explosividad de la situación que azota a Sinaloa, al inepto y corrupto gobernador Rubén Rocha Moya sólo se le ocurre pedir a sus paisanos que no salgan de sus casas o que recen para que él pueda llegar vivo al final de su sexenio. Lo secundó el comandante de la Tercera Región Militar, quien se lavó las manos y pidió esperar que la tranquilidad llegue pronto, pero advirtió que eso no depende de las autoridades ni de la aplicación de la ley, sino “de que los grupos antagónicos dejen de hacer su confrontación y que dejen a la población en paz”.
Para el presidente López Obrador, la confrontación criminal que azota a Sinaloa se resuelve “con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamientos”, lo que está visto que no es suficiente, pues los balazos se escuchan a toda hora. Para el mandatario, los delincuentes “deben actuar con un mínimo de responsabilidad” y pide a Los Chapitos y a Los Mayos “encontrar otra manera de resolver sus diferencias”. Desde luego, López Obrador confía en que él cuenta con suficiente “autoridad moral” y espera que sus exhortos sean atendidos por los malosos.
Y mientras todo eso sucede, un estudio de la ONU reporta que en México las detenciones arbitrarias son algo corriente, que la tortura es una práctica común de las autoridades policiales, que se impide el acceso a una defensa legal y que casi la mitad de la población carcelaria espera sentencia, en algunos casos después de diez, 15 y más años, pues subsiste la prisión preventiva oficiosa.
La criminalidad y la inoperancia de la fuerza pública son dos caras de la misma moneda, ésa que castiga inocentes y otorga impunidad a los culpables. En este sexenio, el Estado renunció a sus funciones, convirtió el cumplimiento de la ley en algo opcional y sumió a la República en el caos. Pero Morena, con sus adherencias y sus votos comprados, optó por atacar al Poder Judicial, sin atender las causas de fondo del desastre. López Obrador deja una herencia negra.