Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de octubre de 2021.- Hay que insistir en que la UNAM necesita cambios, una gran reforma discutida y acordada por la comunidad de profesores, investigadores y estudiantes; modificaciones de fondo que deberán aplicar las autoridades y respetar los trabajadores administrativos, por supuesto, sin que eso signifique mengua de sus legítimos derechos, pero, también, sin que implique incumplimiento de sus tareas ni intromisión en los movimientos de personal que deben decidirse por aptitud y competencia, no por influencias sindicales.
La autonomía no es autarquía. La UNAM vive de los impuestos que pagan los ciudadanos y a ellos debe rendir cuentas. Sus autoridades están obligadas a preservar el patrimonio de la institución, lo que, entre otras cosas, implica rescatar bienes que hoy están en manos del lumpen, como el auditorio Justo Sierra/Che Guevara, convertido en prostíbulo, hotel, lugar seguro para traficantes de drogas y mercado de mercancía robada, entre otras linduras.
La Universidad debe acotar al sindicalismo corrupto y corruptor, como el que regentea el estadio de la CU, donde se permite la entrada sin boleto con un módico pago o se venden y revenden los boletos recogidos a la entrada, y ocurren otros delitos. Igualmente, es inaceptable que el Club Universidad, que no paga por uso ni mantenimiento del estadio y otras instalaciones, reciba 46 millones de pesos por entradas a partidos que se realizaron a puerta cerrada durante la pandemia.
Tarea impostergable es la actualización de planes y programas de estudio, el enriquecimiento de los acervos bibliográficos, el adecuado equipamiento de laboratorios y talleres, en suma, la mejor capacitación de los alumnos en cada especialidad, pues de eso dependerá que los egresados encuentren empleo remunerado conforme a las capacidades adquiridas.
No podrá elevarse el nivel académico mientras los profesores de carrera (de tiempo completo o medio tiempo) sean una minoría que oscila entre 11 y 15%, según diversas estimaciones. Con maestros que en promedio perciben entre 6 y 8 mil pesos mensuales no hay la posibilidad de que actualicen permanentemente sus conocimientos ni pongan en práctica nuevos métodos pedagógicos. En otras palabras, la elevación del nivel académico pasa por una rigurosa profesionalización de la planta docente.
La investigación y renovación del conocimiento debe estimularse y difundirse adecuadamente. La abrumadora mayoría de los universitarios desconoce qué, cómo, para qué y para quiénes se investiga. Dice María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Conacyt, que hay 100 mil becarios que participan en lo que llama “70 grandes agendas de investigación”, con lo que “se renueva y articula un esfuerzo nacional científico con impacto social y ambiental” y “se asegura la renovación de talentos en estas agendas donde se desempeñan los casi 100 mil becarios al año que apoya el Conacyt desde 2019”.
Esperamos que el optimismo de la doctora Álvarez-Buylla se justifique en los hechos, pero habrá que esperar la difusión y aplicación de resultados, porque, hasta ahora, el Sistema Nacional de Investigadores ha propiciado burocratismo, pérdida de tiempo en el llenado de formularios, la copia de obras ajenas y el autorrefrito, todo ello en perjuicio de la verdadera investigación.
Otro punto que deberá discutirse es la absurda moda de abrir sedes de la UNAM por todo el país. La Universidad es nacional por su importancia, carácter y resultados, no por abrir una especie de miniuniversidades patito en diversos lugares del país, por supuesto a un alto costo, sin que se informe de sus ventajas ni mucho menos de sus resultados. Parece más urgente reforzar lo que ya se tiene en la Ciudad de México.
La comunidad universitaria, lejos de rechazar la crítica, debe asimilarla y entrar a un proceso de cambios que son urgentes, indispensables.