Urge ordenar la judicatura
Foto: Cuartoscuro
Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de julio de 2020.- En la lucha contra el narcotráfico, “el sistema judicial es el que ha tenido más dificultades para cumplir sus funciones”, le dijo el general Cresencio Sandoval al colega Jorge Fernández Menéndez, quien lo entrevistó para un libro sobre seguridad que próximamente saldrá a la venta.
El general secretario se refirió a la “puerta giratoria”, ésa por la que entran delincuentes que no tardan en salir, porque el sistema judicial los libera y vuelven a delinquir, lo que, por supuesto, “afecta demasiado” a la ciudadanía y para las instituciones, “como la Secretaría de la Defensa Nacional, representa una causa de desmoralización, porque nuestro personal —agrega el militar—detiene al delincuente, lo consigna y después es liberado, situación que sucede hasta en dos o tres ocasiones, minando el esfuerzo que se está haciendo, así como la moral para seguir trabajando”.
Don Cresencio Sandoval tocó donde duele, pues refirió que “en algunas ocasiones, quienes tienen que aplicar las leyes le buscan el camino para, de alguna manera, favorecer a la delincuencia”. Algo que, agregamos, ocurre por abulia, corrupción o miedo de los jueces y quienes los auxilian.
Responsable, el militar señaló que “también se ha dado el caso” de que la delincuencia amenaza a quien tiene en sus manos la aplicación de la justicia. En efecto, las amenazas son algo común y en algunos casos se cumplen, con saldos tan trágicos como el de hace unas semanas en Colima, donde el juez Uriel Villegas y su esposa fueron asesinados, dejando en la orfandad a dos menores.
Villegas, cuando se desempeñaba como juez sexto de Distrito en Procesos Penales en Jalisco, llevaba el caso de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del capo Nemesio Oseguera El Mencho, lo que, por razones obvias, destacaron los medios.
En días más recientes, en Toluca, la juez segunda de Distrito de Procesos Penales, María del Socorro Castillo Sánchez, puso en libertad a José Ángel Salgado Covarrubias, alias El Mochomo, uno de los capos de la mafia conocida como Guerreros Unidos, a quien se señala como implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien, al salir de la prisión, fue nuevamente detenido, pues había obtenido la liberación a cambio de dos millones de dólares.
El cochupo fue descubierto gracias a una grabación que circuló profusamente. En ella se escucha al abogado del criminal comentar a la madre de éste cómo se puso de acuerdo con el secretario del juzgado. Pese a lo anterior, actuando con inexplicable benevolencia, el Consejo de la Judicatura Federal sólo suspendió por seis meses al funcionario, del que, piadosamente, omitió el nombre. Lo más vergonzoso es que, hasta ahora, no se sabe de sanción alguna contra la juez responsable de la liberación, que debe contar con muy poderosos bienhechores.
De este modo se libera a peligrosos criminales que vuelven a delinquir y los funcionarios del Poder Judicial se benefician de ese trato, pues se saben protegidos dentro de la propia judicatura por una intrincada red de intereses espurios, por padrinazgos que propician carreras exitosas e impunidad ante la corrupción.
En contraste, los togados suelen ser rigurosísimos cuando alguien se atreve a señalarlos como ineptos o corruptos. Un caso ilustrativo es el de la abogada laboral Susana Prieto Terrazas, defensora de quienes trabajan en las maquiladoras de la frontera y antes obrera ella misma de esas empresas que sirven a intereses extranjeros. Es la misma que encabezó exitosamente una huelga de 48 horas en las maquiladoras, la que terminó con un aumento de salarios de 20% y la entrega a los operarios de un bono de 32 mil pesos.
En el curso de la actual pandemia defendió a los trabajadores contagiados y exigió medidas a las empresas para evitar la propagación del virus. Eso le pareció intolerable a los dueños de las maquiladoras y a las autoridades tamaulipecas, que ordenaron su detención y la acusaron de delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares, cargos que, mansamente, aceptó un descontrolado juez de control.
En suma, puerta giratoria para los criminales más peligrosos, hostigamiento y cárcel para quien defiende a los trabajadores y muerte para los jueces honestos. ¿Hasta cuándo?