Por Arturo Sandoval
«Cada vez que un médico no puede hacer el bien, debe evitar hacer el daño”. Hipócrates.
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de noviembre de 2026.- El cinismo, la bajeza, la ruindad, no pasan de ser meros eufemismos* y se tendrá que inventar nuevas palabras como disfemismos* para acercar un poco descripciones de la violencia, brutalidad y descarnada conductas de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
“Medicinas Siempre, hospitales y médicos”. Creen que el pueblo es tonto, pero más tonto es quién cree eso; o sea: los panistas.Hoy, el PAN promete en su propaganda política en espectaculares:
Oculto tras ese anuncio están los complementos de la frase: Medicinas siempre: siempre que pagues los altos precios de ellas, de los médicos y de los hospitales. Igual que como lo hicimos de 2000 al 2018, sobre todo en gobiernos panistas, aunque Peña Nieto dio cabal continuidad.
Imaginar sus posibles torcidos argumentos es fácil: “es nuestra verdad, aquí ni la educación ni medicinas ni hospitales ni servicios médicos ni respirar es gratis; así que cáele con tu lana o muérete de dolor. Y no te pases de vivo, porque tenemos las mejores cárceles con tortura gratis”.
Durante los gobiernos de Vicente Fox de 2000 a 2006 y Felipe Calderón de 2006 a 2012, la participación del sector privado en las cárceles y los hospitales públicos de México se impulsó principalmente mediante esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).
Con este modelo, empresas privadas financiaron, construyeron y operaron los inmuebles durante plazos de entre 20 y 25 años. A cambio, el Estado se comprometió a pagar rentas anuales millonarias, para mantener únicamente la rectoría médica o la custodia de seguridad.
- Privatización parcial de hospitales de 2000 a 2012
El modelo comienza a aplicarse en el sector salud durante el sexenio de Vicente Fox, paralelo a la creación del Seguro Popular, con el argumento de ampliar la cobertura de alta especialidad sin desembolsar recursos públicos inmediatos. Felipe Calderón continuó y amplió este esquema.
- Funcionamiento del esquema
Consorcios privados construían los hospitales y administraban los servicios no médicos como mantenimiento, limpieza, alimentación, lavandería, seguridad y equipo tecnológico; mientras, el personal médico y de enfermería seguía regido por el sector público en responsabilidad laboral.
- Proyectos emblemáticos. Durante estas administraciones y extendiéndose hacia el sexenio siguiente, se adjudicaron contratos bajo esquema APP para hospitales como los de Alta Especialidad del Bajío en León y Guanajuato, Ciudad Victoria Tamaulipas, Ixtapaluca y Zumpango en el Estado de México; así como clínicas del ISSSTE e IMSS en Mérida, Tapachula y Villahermosa.
- Impacto financiero y críticas. Investigaciones académicas y auditorías posteriores documentaron los sobre costos generados por el modelo, muy severos para el erario. Por ejemplo: un paquete de nueve hospitales contratados bajo APP en estos periodos tenía un valor comercial aproximado de 5,242 millones de pesos, pero los contratos obligaban al Estado a pagar más de 93,800 millones de pesos a lo largo de 25 años. Además, varios centros operaron por debajo de su capacidad instalada.
(https://www.youtube.com/watch?v=U2z6mBR7Xfk) A partir del minuto 6:40.
- Privatización parcial de cárceles de 2010 a 2012
A diferencia de los hospitales, pero también en deterioro de la salud pública, la apertura de centros penitenciarios al capital privado ocurrió específicamente durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2010, en el contexto del aumento de la población penitenciaria derivado de la estrategia de seguridad y las recomendaciones de la CNDH por hacinamiento, se anunció la creación de penales federales mediante Contratos de Prestación de Servicios (CPS).
Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, las muertes violentas en cárceles mexicanas se quintuplicaron al pasar de 64 registros oficiales con Fox a más de 330 con Calderón, mientras que la atención a enfermos graves estuvo marcada por el abandono institucional, la falta de medicamentos y miles de quejas por negligencia médica ante organismos de derechos humanos.
- Alcance del proyecto. Aunque la meta inicial era construir hasta 12 ó 16 centros, finalmente se concretaron ocho Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) bajo este esquema (ubicados en estados como Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Coahuila), además de proyectos similares a nivel local en la Ciudad de México.
- División de responsabilidades. Las empresas constructoras e inversionistas se encargaron de edificar los penales y proveer servicios internos (alimentos, mantenimiento, lavandería y equipamiento). El Estado conservó exclusivamente la seguridad perimetral, la custodia y el control jurídico de las personas privadas de la libertad.
- Condiciones contractuales. Los contratos, firmados por plazos de 20 años, estipulaban que el gobierno debía pagar una cuota fija diaria por el uso y mantenimiento de las instalaciones sin importar si las celdas estaban llenas o vacías. Esto comprometió alrededor de 10,000 millones de pesos anuales del presupuesto de seguridad pública.
- Resultados y cuestionamientos. Organizaciones civiles como Documenta y ASILEGAL señalaron que los contratos se otorgaron por adjudicación directa y bajo reserva de confidencialidad. Asimismo, los diagnósticos de derechos humanos concluyeron que las condiciones de reinserción social y atención médica en los penales privatizados no superaron significativamente a las de los centros públicos, pese a que el costo diario por interno resultaba varias veces superior.
Comparativa de ambos esquemas.
| Característica | Hospitales (Fox y Calderón) | Cárceles (Calderón) |
| Inicio del modelo | Sexenio de Vicente Fox (2000–2006). | Cuarto Informe de Felipe Calderón (2010). |
| Figura jurídica | Asociación Público-Privada (APP) / PPS. | Contrato de Prestación de Servicios (CPS) / APP. |
| Operación privada | Construcción, mantenimiento, limpieza, comida y equipo médico. | Construcción, mantenimiento, alimentación e insumos generales. |
| Control del Estado | Atención médica, enfermería y dirección clínica. | Seguridad, custodia y procesos jurídicos de los internos. |
| Duración de contratos | 20 a 25 años. | 20 años. |
Principal crítica Sobreprecios de hasta 1,700 % respecto al valor real del inmueble.
Pago obligatorio por capacidad total (estén ocupadas o no las celdas) y opacidad.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador de 2018 a 2024, el gobierno federal inició procesos de renegociación y compra anticipada de varios de estos contratos —tanto hospitalarios como penitenciarios— con el objetivo de reducir la carga financiera a largo plazo para el presupuesto público.
Tanto en el DF., gobernado por Miguel Ángel Mancera como en los estados gobernados por el prian, había prácticas ilegales de las policías para apresar a delincuentes y si con ellos no llenaban todas las celdas, iban sobre jóvenes inocentes de todos los géneros para cubrir cuotas. Por cada preso, el Gobierno pagaba a los dueños de cárceles un promedio 5 mil pesos diarios por cada recluso, aparte de la renta del presidio. AMLO elimina estas prácticas corruptas.
MEDICINAS Y MATERIAL MÉDICO
En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, auditorías oficiales, reportes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) e investigaciones periodísticas documentaron esquemas de concentración de mercado, colusión y sobreprecios en la compra pública de medicamentos e insumos médicos.
Los principales mecanismos y hallazgos señalados en ese periodo incluyen:
Gobierno de Vicente Fox de 2000 a 2006
- Desviaciones en el Seguro Popular. El programa se creó en este sexenio para financiar la salud de la población sin seguridad social, pero sus reglas de operación permitieron compras descentralizadas y opacas en los estados. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías recurrentes en el manejo de estos fondos, donde se incluye la compra de fármacos a precios superiores a los de referencia y la falta de documentación comprobatoria.
- Colusión en licitaciones del IMSS. Entre 2003 y 2006, un grupo de laboratorios farmacéuticos manipuló licitaciones públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante acuerdos para alternarse los contratos ganadores y mantener precios artificialmente altos. La entonces Comisión Federal de Competencia (CFC) sancionó posteriormente a estas empresas por prácticas monopólicas absolutas en insumos clave como insulina y sueros.
Gobierno de Felipe Calderón de 2006 a 2012
- Concentración de proveedores. Durante esta administración se consolidó un modelo en el que cerca del 80 % de las compras públicas de medicinas se concentraba en un grupo reducido de aproximadamente 10 empresas distribuidoras. Diversas investigaciones oficiales y periodísticas señalaron que esta falta de competencia encareció los costos para el erario y elevó el gasto de bolsillo de los pacientes.
- Opacidad en fármacos de patente. En 2008 se creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud. Según el reportaje Salud, Dinero y Corrupción de SinEmbargo, la discrecionalidad en estas mesas derivó en sobreprecios significativos. Por ejemplo, entre 2008 y 2018, claves de medicamentos antirretrovirales como Truvada registraron sobreprecios promedio de hasta 438 % respecto a los estándares internacionales.
- Auditorías e investigaciones posteriores. En 2021, la dirección del IMSS anunció investigaciones administrativas y jurídicas sobre las adquisiciones de medicamentos y material de curación realizadas entre 2008 y 2018, para abarcar las gestiones de directores del instituto durante el sexenio de Calderón como Juan Francisco Molinar Horcasitas y Daniel Karam, debido a los sobrecostos detectados en ese periodo.
Mecanismos comunes de sobreprecio
- Compras de emergencia y adjudicaciones directas. Las delegaciones estatales del IMSS, del ISSSTE y los servicios estatales de salud recurrían frecuentemente a compras directas argumentando desabasto urgente, lo que permitía adquirir insumos fuera de los precios consolidados.
- Intermediarismo. En lugar de comprar directamente a los laboratorios fabricantes, las dependencias adquirían los productos a través de empresas distribuidoras quienes cobraban márgenes elevados por logística, almacenamiento y entrega en clínicas
POLÍTICOS DUEÑOS O INTERMEDIARIOS DE VENTA DE MEDICINAS, EQUIPOS MÉDICOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A GOBIERNO DE 2000 A 20018
Aunque la mayoría de estas empresas de políticos son del PRI y en este momento uno de Morena, los gobiernos panistas hicieron contratos con todos ellos.
«Fundación ISSSTE, A.C.»
Integrantes señalados de su Asamblea General / fundadores: En comunicados de creación y denuncias públicas se ha mencionado a figuras como José Reyes Baeza Terrazas, José Narro Robles, Guillermo Soberón Acevedo, Ignacio Campillo García, Mauricio Hernández Ávila, Rafael Navarro Meneses o Manuel Narro Meneses en reportes de prensa y María del Carmen Cabezut.
Recuperación de los 27 espacios
Entre 2017 y 2018, la asociación recibió a título gratuito o en comodato, 27 espacios dentro de instalaciones del ISSSTE para cafeterías, máquinas expendedoras, oficinas administrativas y un centro auditivo. El director general del ISSSTE, Martí Batres, informa que varios de esos espacios fueron subarrendados o explotados sin retribución para el Instituto. Tras procesos legales, el ISSSTE recuperó los 27 espacios y la Secretaría de Economía revocó la autorización para que la asociación utilizara la denominación «Fundación ISSSTE, A.C.».
Investigaciones oficiales y periodísticas identificaron a políticos y exfuncionarios como propietarios directos, socios o presuntos traficantes de influencias detrás de las principales comercializadoras de fármacos e insumos médicos:
Roberto Madrazo Pintado: excandidato presidencial del PRI y exgobernador de Tabasco señalado en expedientes de la UIF como figura central de una red de 45 empresas como HISA Farmacéutica, Medalfa y vínculos comerciales con Farmacéuticos Maypo, que obtuvieron cientos de contratos federales y estatales al formar parte de un conglomerado completo de decenas de empresas y grupos empresariales bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por más de 300 mil millones de pesos. En esta estructura también participaron su hijo Federico Madrazo Rojas y su yerno Alexis Nickin Gaxiola. Son dueños del medio LatinUS.
Madrazo realiza contratos de farmacias hospitalarias y distribución en el Estado de México; en octubre de 2026, el subsecretario de Salud Eduardo Clark, informa que entre 2022 y 2023 se otorgaron contratos por alrededor de 1,700 millones de pesos en el Estado de México para distribuir fármacos y operar farmacias dentro de hospitales públicos mediante personal privado, sin revelar el nombre de la firma por estar bajo investigación. Reportes de prensa e investigaciones sobre compras públicas han señalado a la distribuidora Medalfa, vinculada en diversos reportes periodísticos con el empresario Alexis Nickin Gaxiola, yerno del político Roberto Madrazo en contratos de logística, dispensación y suministro de medicamentos en el Estado de México.
Carlos Lomelí Bolaños: empresario farmacéutico y político; exdiputado federal y exdelegado federal en Jalisco vinculado a una red de al menos nueve compañías, entre ellas Lomedic y Abastecedora de Insumos para la Salud; las cuales recibieron contratos multimillonarios de gobiernos estatales y dependencias federales para el surtido de medicamentos. Hoy de Morena, antes del PRD y de Movimiento Ciudadano.
A lo largo de distintas administraciones estatales y federales, investigaciones periodísticas y denuncias oficiales han mencionado a diversas compañías y grupos empresariales dentro de los contratos de abasto, distribución o servicios médicos subrogados, entre ellos empresas vinculadas a la familia Pérez Fayad, redes ligadas a Carlos Lomelí o compras gestionadas durante el Insabi
Manlio Fabio Beltrones: exdirigente nacional del PRI y exsenador mencionado en reportes de inteligencia financiera e investigaciones periodísticas como presunto gestor o protector político dentro de la red de intermediarios que facilitaba asignaciones en el sector salud.
Emilio Gamboa Patrón: ex coordinador parlamentario del PRI en el Senado fue señalado en indagatorias periodísticas sobre el denominado «cártel de las medicinas» por presunto tráfico de influencias en favor de distribuidoras de insumos médicos.
Miguel Ángel Osorio Chong: exsecretario de Gobernación y exgobernador de Hidalgo figura en los reportes de la UIF y análisis de contratación pública como uno de los exfuncionarios vinculados a la red de proveedores favorecidos con adjudicaciones en gobiernos estatales y federales.
José Narro Robles: extitular de la Secretaría de Salud de 2016 a 2018, fue señalado por autoridades federales posteriores por omisiones y por permitir la consolidación de esquemas de compra que favorecieron a las grandes distribuidoras intermediarias.
No existen registros públicos ni investigaciones periodísticas o judiciales para mostrar a José Narro Robles como operador de empresas privadas de medicinas, limpieza o mantenimiento con oficinas dentro del IMSS o del ISSSTE entre 2000 y 2018.
Sin embargo, su trayectoria y las investigaciones recientes en el sector salud mexicano presentan dos hechos verificables que suelen relacionarse con este tema:
- Oficinas en el ISSSTE – Caso Fundación ISSSTE
- Ocupación de espacios públicos. En febrero de 2025, la dirección del ISSSTE presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Anticorrupción contra exfuncionarios y miembros de la Fundación ISSSTE A.C., entre ellos José Narro Robles quien fungió como Secretario de Salud de 2016 a 2018 y José Reyes Baeza.
- Motivo de la denuncia. Se señaló que esta asociación civil constituida en 2017, ocupó oficinas administrativas dentro de instalaciones del ISSSTE sin contrato o trámite legal, además de recibir gratuitamente 27 espacios para cafeterías y máquinas expendedoras que posteriormente subarrendó de forma indebida a particulares. El caso se centró en el uso de inmuebles y donativos, no en empresas proveedoras de medicinas o limpieza.
- Contratos de medicinas y servicios de 2000 a 2018
- Trayectoria de Narro en ese periodo. Entre 2000 y 2015, José Narro Robles estuvo dedicado principalmente a la vida académica en la UNAM como director de la Facultad de Medicina y posteriormente Rector durante dos periodos. Su cargo como Secretario de Salud federal abarcó únicamente de febrero de 2016 a noviembre de 2018. Anteriormente, en la década de 1990, antes del año 2000, fue Secretario General del IMSS.
- Señalamientos sobre compras consolidadas. Durante su gestión como Secretario de Salud de 2016 a 2018 se coordinaron las compras consolidadas de medicamentos para el sector público. En 2019, el gobierno federal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaron redes de corrupción y monopolios de distribuidoras farmacéuticas y empresas de servicios como limpieza y mantenimiento subrogados, del sexenio anterior. Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo señaló públicamente por supuesta «omisión» al permitir sobrecostos en la compra de medicamentos, la Secretaría de Hacienda aclaró oficialmente en 2020 que las investigaciones penales de la UIF sobre farmacéuticas no incluían a José Narro Robles en este negocio corrupto, aunque sí en el de ocupación de espacios públicos por medio de su fundación privada, sin pagar un solo centavo.
Las principales empresas concentradoras de ese periodo —como Grupo Fármacos Especializados de la familia Pérez Fayad, Farmacéuticos Maypo de la familia Arenas Wiedfeldt y DIMESA de Carlos Álvarez Bermejillo— no eran propiedad directa de políticos en funciones, sino de empresarios privados señalados por operar mediante cabildeo político y colusión, motivo por el cual la Cofece multó a cinco de ellas en 2021.
«Se puede morir de la cura antes de morir de la enfermedad”. Michael Landon.
¿Votará la clase media por el PAN?
El impacto financiero en ese sector durante ambos gobiernos se mide a través de los gastos catastróficos en salud cuando un hogar destina más del 30 % de su capacidad de pago a atención médica o medicinas, lo que suele derivar en endeudamiento o pérdida de patrimonio y la contracción económica reportada en ese periodo.
Indicadores clave 2000–2012
- Hogares con gastos catastróficos: al inicio del gobierno de Vicente Fox año 2000, el 4.1 % de los hogares mexicanos —aproximadamente 910,000 familias— enfrentaron gastos catastróficos por motivos de salud. Con la implantación del Seguro Popular en 2003 y su expansión durante el sexenio de Felipe Calderón, la proporción nacional de hogares con este tipo de gasto excesivo se redujo progresivamente hasta situarse alrededor del 1.7 % a 2 % hacia el final de ese periodo. Sin embargo, en 2009-2010 el alcance de la epidemia por la gripa A1N1, de acuerdo con las cifras finales de la Secretaría de Salud, en México se registraron 72,548 casos confirmados y 1,316 defunciones entre 2009 y 2010.
- Peso de los medicamentos: estudios basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) señalan que, durante esa década, más del 60 % de los hogares que sufrieron desfalcos financieros por salud tuvieron como causa principal la compra de medicinas y la atención ambulatoria privada.
- Vulnerabilidad de los estratos medios: aunque el mayor riesgo de endeudamiento o empobrecimiento recayó en los deciles más pobres, los tres deciles más bajos tenían hasta 2.5 veces más riesgo que los más altos en 2000, brecha que bajó a 1.5 veces en 2010; los estratos medios urbanos sin seguridad social (IMSS o ISSSTE) quedaron frecuentemente desprotegidos. Al no calificar siempre como población prioritaria en los primeros años de los programas focalizados, muchas familias de ingresos medios recurrieron a créditos o ahorros para cubrir padecimientos crónicos u hospitalizaciones privadas.
- Retroceso de la clase media: de acuerdo con el Informe Regional sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 2002 y 2012 cerca del 16 % de los mexicanos de clase media sufrieron una reducción considerable en sus ingresos o cayeron en vulnerabilidad económica, siendo los choques de salud y el desempleo dos de los principales detonantes.
Situación de las deudas actuales
No existe un padrón público que rastree cuántas personas siguen pagando hoy en día créditos bancarios, préstamos familiares o deudas adquiridas específicamente entre 2000 y 2012.
Panorama vigente: en las mediciones más recientes de la ENIGH, publicadas por centros de análisis como México Evalúa y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se observa que el problema del gasto de bolsillo persiste: más de 1.1 millones de hogares en el país enfrentan anualmente gastos catastróficos por salud, destinando cerca del 38 % de su gasto médico directamente a la compra de medicamentos.
NOTA: ni duda cabe: el color azul del PAN no sólo es de su bandera, también es de que los tienen bien azules.
* El eufemismo suaviza o disimula una idea dura, tabú o incómoda, mientras que el disfemismo hace lo contrario: nombra algo de forma despectiva, cruda o burlona para rebajarlo o enfatizarlo.

