Por Alejandro Meléndez
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de setiembre de 2025.- En un país como México, donde la defensa de los derechos humanos a menudo se paga con sacrificios personales y precariedad económica, el reciente nombramiento de Vidulfo Rosales como secretario de estudios y cuenta en la ponencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con un sueldo de 118 mil pesos mensuales, ha desatado una oleada de críticas en redes sociales. Sin embargo, desde mi perspectiva, este salario no solo es merecido, sino necesario para garantizar la sostenibilidad de figuras como Rosales, quienes han dedicado su vida a luchar por los más vulnerables. Este ingreso representa una reparación tardía ante años de adversidad, y no un exceso, como pretenden pintarlo ciertos sectores conservadores.
Recordemos el contexto humano detrás de este nombramiento. Vidulfo Rosales, un abogado y activistanormalistas de Ayotzinapa, ha enfrentado no solo amenazas y hostigamiento, sino también graves problemas de salud. Hace algunos años, Rosales estuvo muy enfermo, al punto de que varias organizaciones de la sociedad civil —incluyendo colectivos de derechos humanos y grupos solidarios— organizamos una colecta pública para apoyarlo económicamente en su tratamiento y recuperación. Fue un esfuerzo colectivo que reflejó la admiración y el respeto por su trayectoria, pero también evidenció la precariedad en la que operan muchos defensores. Durante esos tiempos difíciles, Rosales resistió con un sueldo depauperado, apenas suficiente para cubrir lo básico, mientras asumía los embates legales y personales como representante de familias víctimas de violencia estatal. reconocido por su labor en casos emblemáticos como la desaparición de los 43
Aquí radica un punto crucial: la importancia del dinero para los defensores de derechos humanos. En México y en muchas partes del mundo, estos activistas sufren no solo violencia física o amenazas directas, sino también una forma sutil pero devastadora de agresión: la violencia económica. Se les margina de oportunidades laborales estables, se les estigmatiza como «conflictivos» y se les obliga a subsistir con ingresos irregulares de donaciones o proyectos temporales. Un sueldo digno, como los 118 mil pesos que ahora percibirá Rosales, no es un lujo; es una herramienta de supervivencia. Permite cubrir gastos médicos, garantizar una vivienda segura y, en última instancia, enfocarse en su labor sin la constante preocupación por el sustento diario. Criticar este salario ignora el contexto sistémico donde los defensores son sistemáticamente empobrecidos, lo que debilita su capacidad para combatir injusticias.
Lamentablemente, esta discusión no ocurre en un vacío. Hay una campaña orquestada en redes sociales contra Vidulfo Rosales, impulsada por grupos de derecha que buscan perpetuar la marginación económica de los que menos tienen. En plataformas como X (antes Twitter), se multiplican los memes, acusaciones infundadas y hashtags que lo tildan de «oportunista» o «hipócrita». Detrás de esta ofensiva, se esconde un trasfondo de racismo y clasismo: Rosales, originario de comunidades indígenas y con una trayectoria arraigada en la defensa de pueblos originarios, representa todo lo que estos sectores rechazan. No es casualidad que las críticas se centren en su salario, ignorando sus contribuciones, como si un indígena o un activista de izquierda no mereciera prosperidad. Esta narrativa no solo deshumaniza a Rosales, sino que refuerza un sistema donde la élite económica mantiene el control, marginando a quienes desafían el statu quo.
Por eso, justifiquemos el uso de este dinero: se invertirá en temas de salud y en mejorar su calidad de vida, aspectos que han sido descuidados por años de dedicación altruista. Imaginen a un hombre que ha enfrentado cáncer o enfermedades crónicas —como se reportó en su caso— y que ahora, con este ingreso, podrá acceder a tratamientos preventivos, terapias y un retiro digno cuando llegue el momento. No se trata de enriquecimiento ilícito, sino de equidad. Si criticamos los sueldos exorbitantes de políticos corruptos o empresarios evasores, ¿por qué no celebramos cuando un defensor genuino accede a una remuneración justa? Este salario podría incluso permitirle a Rosales fortalecer su labor, invirtiendo en capacitaciones o apoyando a otros activistas en situaciones similares.
El sueldo de Vidulfo Rosales no es un escándalo, sino un paso hacia la justicia social. En un México polarizado, donde la derecha usa las redes para avivar el resentimiento, debemos defender a quienes han dado todo por los derechos humanos. Apoyar a Rosales no es solo respaldar a un individuo; es invertir en un futuro donde los defensores no tengan que elegir entre su vocación y su supervivencia. Ojalá esta controversia sirva para visibilizar la violencia económica contra activistas y impulse cambios reales en su protección. Vidulfo, sigue adelante: tu lucha merece no solo respeto, sino también recursos para continuarla.