Advierte Claudia Sheinbaum que Querétaro requiere aval federal para academia policial con agencias de EE. UU.
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló este martes 6 de octubre que el Gobierno del Estado de Querétaro deberá solicitar autorización formal del Gobierno Federal si pretende incluir la participación de agencias estadounidenses en la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial. La declaración se dio durante la conferencia matutina en la Ciudad de México, tras la polémica generada por la asistencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a la colocación de la primera piedra del proyecto sin la presencia de autoridades federales.
La mandataria precisó que, conforme a la legislación vigente, todo proyecto subnacional de cooperación internacional en materia de seguridad debe ser notificado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sometido a la evaluación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG). Este órgano colegiado, integrado por las dependencias federales del ramo y la Cancillería, analiza y dictamina la viabilidad de la colaboración antes de emitir cualquier dictamen de procedencia.
Sheinbaum detalló que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 se registraron nueve proyectos de cooperación autorizados entre Querétaro y organismos estadounidenses —ocho para la Fiscalía General del Estado y uno para la Secretaría de Seguridad Ciudadana— con una bolsa estimada de 4.6 millones de pesos. No obstante, subrayó que la edificación del nuevo centro de adiestramiento no forma parte del catálogo de iniciativas previamente aprobadas por la federación.
Por su parte, la SRE aclaró que si bien el Ejecutivo estatal envió un oficio el pasado 25 de septiembre notificando la visita del diplomático estadounidense, la misiva establecía expresamente que el acto no derivaría en la formalización de acuerdos directos de cooperación en procuración de justicia. En tanto, la Fiscalía queretana defendió la instalación argumentando que se proyecta como un centro especializado en la detección e intercepción de armas, estupefacientes y recursos de procedencia ilícita.
Pese a los cuestionamientos por la falta de coordinación con el fuero federal en delitos de delincuencia organizada, la jefa del Ejecutivo descartó un conflicto diplomático con Washington y reiteró que la postura busca garantizar el cumplimiento del marco legal e institucional en materia de soberanía.