Analiza Gobierno federal acciones legales tras la resolución del tribunal arbitral sobre el caso Vulcan Materials
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno federal se encuentra analizando los alcances jurídicos y las posibles rutas de apelación tras el fallo emitido por un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El procedimiento, iniciado por la estadounidense Vulcan Materials al amparo del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), resolvió parcialmente a favor de la empresa por restricciones operativas en sus predios de Calizas Industriales del Carmen (Calica), en Quintana Roo.
La mandataria precisó que la resolución está sujeta a un periodo de confidencialidad de 30 días, lapso durante el cual tanto el Estado mexicano como la contraparte privada pueden evaluar la solicitud de nulidad. Sheinbaum destacó que el tribunal desechó la mayoría de las pretensiones de la firma —que exigía originalmente cerca de 1,700 millones de dólares—, fijando un monto de indemnización cercano a los 150 millones de dólares por una clausura efectuada en enero de 2018 durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
El Gobierno federal sostuvo que las suspensiones posteriores a las actividades extractivas en la región del Caribe mexicano han respondido estrictamente al incumplimiento de la normatividad ambiental y a la necesidad de preservar los ecosistemas locales. La presidenta enfatizó que, al margen del resultado del arbitraje internacional, la empresa mantiene la responsabilidad legal de ejecutar planes de remediación ecológica por el daño causado en la zona de extracción.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo aclaró que la resolución no altera la propiedad de los terrenos ni la vigencia de la concesión portuaria de la compañía. Asimismo, reiteró la disposición de la administración pública para mantener abiertas las mesas de diálogo con Vulcan Materials, reafirmando el compromiso de México con la inversión extranjera bajo el cumplimiento riguroso de la legislación ambiental y el interés público.