Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de octubre de 2026.- El Gobierno de México proyecta una inversión de 1.17 billones de pesos entre 2025 y 2030 para proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica, así como para la ampliación de la red de gasoductos. El plan busca incorporar cerca de 38,000 megavatios (MW) de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante centrales de ciclo combinado y parques de energías renovables, según informó este miércoles 7 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la conferencia de prensa matutina en la Ciudad de México, la jefa del Ejecutivo precisó que 794,000 millones de pesos se canalizarán a la generación de energía, 161,000 millones a la red de transmisión y 72,000 millones a líneas de distribución. Adicionalmente, se destinarán 140,906 millones de pesos al desarrollo de infraestructura para el transporte de gas natural. El financiamiento combinará presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), capital privado y esquemas de inversión mixta bajo propiedad pública.
Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, reportó que entre 2025 y 2026 entraron en operación comercial seis centrales de ciclo combinado en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Yucatán y Baja California, sumando 3,203 MW a la red. Hacia el cierre de la administración se contempla la puesta en marcha de nueve plantas adicionales que aportarán más de 9,300 MW, junto con 58 proyectos de generación mixta y la adjudicación de 38 parques eólicos y solares en 16 entidades federativas.
Entre las obras estratégicas resalta la consolidación de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora, que al finalizar sus cuatro fases alcanzará una capacidad instalada de 1,000 MW, posicionándose entre las cinco instalaciones solares más grandes a nivel mundial. En el rubro de transmisión, la empresa pública mantiene un paquete de 60 obras en desarrollo para extender la red nacional de alta tensión hacia los 115,000 kilómetros.
La estrategia energética busca responder al incremento en la demanda industrial derivado de la relocalización de empresas (nearshoring) y garantizar la soberanía energética del Estado mexicano. El modelo financiero asigna 452,000 millones de pesos a proyectos de coinversión mixta, 200,000 millones a participación privada autorizada y 142,000 millones a la CFE.