Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de septiembre de 2025.- Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal por Morena en Baja California y exalcaldesa de Playas de Rosarito, denunció este jueves como una «infamia» las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vinculan con la facción «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa, lo que derivó en el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La legisladora rechazó cualquier nexo con el crimen organizado y atribuyó las acusaciones a un intento por desacreditar su labor política.
Brown Figueredo, originaria de Rosarito y con una licenciatura en Ciencias de la Educación, ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo regidora, diputada local y alcaldesa de Playas de Rosarito entre 2019 y 2021. En 2021, fue elegida como diputada federal por el distrito 8 de Baja California, donde participa en comisiones relacionadas con desarrollo metropolitano y asuntos fronterizos. Durante su gestión municipal, según informes de inteligencia, se reportó una consolidación de operadores del Cártel de Sinaloa en el gobierno local, lo que ha generado escrutinio internacional.
Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense se basan en la Orden Ejecutiva 14059, que apunta a redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Brown es señalada por presuntamente ceder control del municipio a miembros de «La Mayiza» o «Los Mayos«, una célula liderada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael «El Mayo» Zambada. Específicamente, se le acusa de mantener una relación cercana con Candelario Arcega Aguirre, operador político del cártel, quien habría influido en nombramientos clave y en la recolección de extorsiones para los hermanos Arzate García —Alfonso «El Aquiles» y René «La Rana»—, jefes de plaza en la región. Junto a Jesús González Lomelí, otro colaborador sancionado, habrían asegurado protección policial para actividades ilícitas como el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Las medidas incluyen el bloqueo de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con personas o entidades bajo control de EE.UU. Además, se sancionaron 15 empresas vinculadas a González Lomelí, como clubes nocturnos y restaurantes en Baja California, y una compañía de transporte de Arcega Aguirre. En respuesta, la UIF mexicana procedió a congelar las cuentas de Brown y los demás implicados como medida preventiva, con el fin de analizar posibles actividades ilícitas y, de ser necesario, remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR). La UIF enfatizó que esta acción no implica una determinación judicial, sino un esfuerzo para evitar la dispersión de fondos ilícitos en la economía nacional.
En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, Brown negó rotundamente las acusaciones y afirmó que no ha recibido notificación alguna sobre el bloqueo de sus cuentas. «Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento. Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme», declaró la diputada, quien aseguró haber estado en un hospital de San Diego, California, el pasado domingo para visitar a un familiar, lo que demostraría que sus finanzas no están restringidas. Reiteró su disposición a comparecer ante cualquier autoridad y rechazó cualquier acto de corrupción o colusión con el narcotráfico durante su administración.
Este caso pone de relieve la infiltración del crimen organizado en instituciones locales de México, particularmente en zonas fronterizas como Baja California, donde grupos como el Cártel de Sinaloa compiten por el control de rutas de tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses han incrementado recompensas por información sobre líderes como «El Ruso«, mientras que en México se debate la efectividad de las medidas anticorrupción en el ámbito político.