Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de septiembre de 2025.- El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentado en Palacio Nacional, destacó avances en seguridad pública, como la reducción del 25% en homicidios dolosos y del 34% en feminicidios, así como la consolidación de la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, el informe pasó por alto la creciente crisis de derechos humanos en México, particularmente en lo que respecta a las desapariciones forzadas y los abusos cometidos por agentes del Estado, un silencio que ha generado críticas de organizaciones nacionales e internacionales.
Según datos oficiales, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, se reportaron 6,726 personas desaparecidas, un promedio de 41.5 casos diarios, lo que representa un incremento del 60% en comparación con el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La cifra acumulada de personas desaparecidas supera las 124,000, con un aumento alarmante de casos entre adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, que crecieron un 75% respecto a 2024. Organizaciones de derechos humanos, como las que representan a familias de víctimas, han denunciado la “indiferencia” del gobierno ante esta crisis, especialmente tras el hallazgo de un crematorio clandestino en Jalisco en marzo de 2025, que evidenció la magnitud de la violencia vinculada al crimen organizado.
El informe de Sheinbaum omitió mencionar medidas específicas para abordar las desapariciones, limitándose a destacar en conferencias posteriores un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y reformas para facilitar la identificación de personas desaparecidas. Esta ausencia contrasta con las críticas de Human Rights Watch (HRW) en su “World Report 2025”, que señala que México enfrenta una “crisis de derechos humanos” debido a la violencia extrema de los cárteles y los abusos generalizados por parte de militares, la Guardia Nacional y otros agentes estatales, que operan con “impunidad casi total”. HRW documentó casos de torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas del Estado, pero el informe presidencial no abordó estos señalamientos ni propuso estrategias para garantizar la rendición de cuentas.
La militarización de la seguridad pública, aprobada en septiembre de 2024, fue presentada en el informe como un logro para fortalecer la seguridad, pero no se mencionaron las preocupaciones expresadas por la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas instancias han advertido que la ampliación del rol del ejército en tareas de seguridad y la reforma judicial, que incluye la elección popular de jueces, podrían debilitar el derecho a un juicio justo y exacerbar los abusos. “La falta de un compromiso claro para investigar y sancionar los abusos de agentes del Estado envía un mensaje de impunidad”, señaló un representante de HRW en un comunicado reciente.
Organizaciones civiles han instado al gobierno a implementar una estrategia integral que combine la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, la sanción a los responsables y la prevención de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. La omisión de estos temas en el informe podría reflejar una estrategia política para priorizar logros en seguridad, como la reducción de homicidios y el combate al tráfico de fentanilo, que ha sido elogiado por Estados Unidos. Sin embargo, esta narrativa deja sin respuesta las demandas de las familias de víctimas y podría erosionar la confianza en la capacidad del gobierno para abordar una de las crisis más graves de México.
Analistas sugieren que Sheinbaum enfrenta el desafío de equilibrar la continuidad de la política de “abrazos, no balazos” heredada de AMLO con la necesidad de responder a las presiones internacionales y nacionales por una mayor protección de los derechos humanos. La falta de un pronunciamiento claro en el informe sobre estas cuestiones podría complicar las relaciones con organismos internacionales y generar tensiones con la sociedad civil, que exige resultados concretos en un contexto de violencia persistente. Para consolidar su liderazgo, Sheinbaum deberá complementar los avances en seguridad con acciones contundentes que aborden la crisis de derechos humanos, garantizando justicia para las víctimas y transparencia en las operaciones de las fuerzas del Estado.