Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó este miércoles 30 de septiembre de 2026 la reforma constitucional aprobada por el Senado de la República que exige contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento y de manera exclusiva a quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas estatales o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las y los titulares del Poder Ejecutivo únicamente deben guardar lealtad a la bandera y al pueblo de México.
La pronunciamiento presidencial se da un día después de que la Cámara Alta avalara por mayoría calificada —86 votos a favor y 42 en contra— la modificación a tres artículos constitucionales, turnando la minuta a las legislaturas locales. La enmienda establece que las personas con doble nacionalidad que pretendan competir por dichos cargos ejecutivos deberán renunciar formalmente al vínculo jurídico con el otro Estado y acreditar la cancelación antes de solicitar su registro ante los órganos electorales.
Sheinbaum Pardo cuestionó los posibles conflictos de interés en un contexto geopolítico de constantes injerencias internacionales, señalando la incompatibilidad de rendir protesta ante dos naciones distintas. Asimismo, la titular del Ejecutivo rechazó las críticas formuladas por las bancadas de oposición sobre una supuesta restricción de derechos hacia la comunidad migrante o a la población con binacionalidad radicada en el exterior.
La mandataria puntualizó que la reforma no prohíbe la doble nacionalidad para la ciudadanía en general ni limita la participación política en la mayoría de los cargos de representación. Precisó que la norma impone una condición excepcional orientada exclusivamente a las máximas magistraturas ejecutivas del país, garantizando que los connacionales de la diáspora conserven plenamente sus derechos de doble ciudadanía.
Las nuevas disposiciones constitucionales serán aplicables a partir del ciclo electoral de 2028, precisando el dictamen que no afectará de manera retroactiva a quienes actualmente desempeñen las gubernaturas o la Presidencia de la República. El Congreso de la Unión y los congresos locales contarán con un plazo de 90 días naturales posteriores a la promulgación para armonizar la Ley de Nacionalidad y las normativas electorales correspondientes.
Para adquirir validez plena y ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma requiere el respaldo de la mayoría simple de las 32 legislaturas estatales. Diversos grupos parlamentarios en los congresos de las entidades federativas anunciaron que iniciarán los debates de ratificación en el transcurso de los próximos días.