AP. Ciudad de México. 28 de abril de 2022.- El gobierno mexicano presentó el jueves una propuesta de reforma electoral con la que pretende eliminar las autoridades electorales de los estados y que los árbitros para las votaciones sean elegidos por los ciudadanos.
Además, propone reducir el número de legisladores y la financiación de los partidos, poner en marcha el voto electrónico y ampliar las excepciones a lo que se considera propaganda oficial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y varios miembros de su gabinete presentaron durante la conferencia de prensa matutina la iniciativa, una reforma constitucional que dejaría el control de las votaciones en manos de un nuevo organismo federal que sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral (INE), algo que algunos académicos consideran que sería una vuelta al pasado.
“No hay la intención de que se imponga un partido único”, dijo López Obrador. “Lo que queremos es que haya una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales… Dejar establecido un verdadero Estado democrático”, agregó.
La reforma, una antigua promesa de López Obrador, iniciará ahora su proceso legislativo pero parece difícil que logre el apoyo suficiente en el Congreso porque el partido oficialista y sus aliados no tienen la mayoría calificada de dos tercios necesaria para tales cambios.
El propio presidente es consciente de este reparto de fuerzas que recientemente bloqueó una reforma constitucional propuesta por su partido en materia eléctrica. Por eso dijo que el Congreso debe estudiar la iniciativa, publicitarla para que todo el mundo la conozca “artículo por artículo” y luego pronunciarse, pero insistió en que la responsabilidad del Ejecutivo era presentarla “aunque no se apruebe”.
Tanto los partidos de la oposición como distintos académicos ya habían mostrado su preocupación ante la intención del presidente que, en varias ocasiones, arremetió contra el INE y el Tribunal Electoral, organismos a los que considera corruptos.
López Obrador lleva décadas en una pelea constante contra las autoridades electorales, ya que se consideró víctima de fraude en diversas ocasiones. No obstante, fue el actual INE el que oficializó en 2018 la abrumadora victoria electoral que lo llevó a la presidencia.
Según el gobierno, las dos principales ventajas de la propuesta presentada serían que México ahorrará más de 1.200 millones de dólares de acuerdo a sus cálculos y que los ciudadanos tendrían voz al elegir a las autoridades electorales entre gente de reconocida honestidad.
Será, agregó el presidente, “el sistema más seguro para evitar el fraude… Es la aplicación plena de la democracia”.
Georgina de la Fuente, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, la consideró “muy desafortunada” y con “retrocesos importantes en algunas cuestiones”.
Durante la mayor parte del siglo XX, cuando el Partido Revolucionario Institucional gobernó ininterrumpidamente durante siete décadas, las elecciones se manejaban desde la Secretaría de Gobernación, pero a fines de los años 90 comenzaron las reformas que culminaron en 2014 con la creación de un órgano electoral autónomo.
Actualmente existe un sistema de competencias compartidas entre la autoridad central y los estados y con muchas buenas prácticas, según la politóloga, que “aunque perfectible, funciona y funciona bien”.
Por eso, De la Fuente consideró que volver a centralizar la organización de las elecciones “no sólo va en contra de las tendencias internacionales, sino que es contradictorio con lo que se busca desde el Ejecutivo, que es hacer las elecciones más baratas” porque eliminar los institutos locales no implica que los costos desaparezcan, sólo que se trasladan.
Otro punto muy criticado desde que López Obrador comenzó a plantearlo fue el de la elección popular de los árbitros electorales. “Pensar que un electorado tan desigual y tan desinformado tenga la capacidad de seleccionar a los consejeros y magistrados electorales es pura demagogia y simulación”, dijo Clara Jusidman, fundadora de la ONG Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social. A ju juicio, el poder “movería a sus clientelas” para que votaran por quienes ellos quisieran.
La iniciativa del gobierno aspira también a eliminar a los legisladores “plurinominales”, es decir, los que no son elegidos de forma directa sino que son designados por cada partido a partir de una lista, con lo que se reduciría de 500 a 300 el número de diputados y de 128 a 96 el de senadores. Además, se pondría un máximo a los representantes en las cámaras estatales y en los ayuntamientos.
Pretende también quitar dinero a los partidos, que solo podrían ser financiados con fondos públicos en campaña y cambiar la normativa sobre propaganda oficial para que se permita que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y con procesos electorales.
El Parlamento mexicano culmina este jueves su periodo ordinario de sesiones con lo que el tema previsiblemente se analizará después del verano.