Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de diciembre de 2025.- El Gobierno de México pidió formalmente a Estados Unidos información detallada sobre un exagente de la DEA acusado de lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país y clasificado como terrorista por Washington. La solicitud, impulsada por la presidenta Claudia SheinbaumSeguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional., busca esclarecer posibles vínculos con operaciones en territorio nacional y fortalecer la cooperación bilateral en la lucha antidrogas, según reveló este martes el secretario de
El implicado, identificado como Paul Campo, de 61 años y retirado de la DEA desde 2016, fue arrestado el viernes pasado en una corte federal de Nueva York junto a su socio Robert Sensi, por conspirar en narcoterrorismo, distribución de narcóticos, apoyo material a una organización terrorista y blanqueo de capitales. Según la acusación del fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole, los detenidos acordaron lavar hasta 12 millones de dólares en ganancias del CJNGServicio de Impuestos Internos (IRS) a través de un informante encubierto haciéndose pasar por miembro del cártel., comenzando con una transacción inicial de 200 mil dólares convertidos en criptomonedas que, en realidad, fueron enviados a cuentas controladas por el
García Harfuch enfatizó que México «no tolerará» la infiltración de exagentes en redes criminales transfronterizas y que la información solicitada ayudará a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar posibles ramificaciones locales, incluyendo el uso de bienes raíces en Nueva York y Tampa para mover fondos. «Esto deshonra a quienes sirven con integridad en las agencias de seguridad», coincidió Cole en el comunicado de la DEA, al resaltar que no hay evidencia de contacto directo con miembros reales del CJNG, pero sí discusiones sobre contrabando de efectivo y obtención de armas de uso militar.
El abogado de Campo, Mark Gombiner, calificó las acusaciones de «sensacionalistas e incoherentes», negando planes para armar al cártel y argumentando que las reuniones fueron con un informante, no con narcotraficantes. El caso, asignado al juez Paul G. Gardephe y procesado por la Unidad de Narcóticos de Nueva York, genera interrogantes sobre la vigilancia interna en la DEA y podría tensar la relación bilateral, ya marcada por temas como el fentanilo y aranceles propuestos por el presidente Donald Trump. Sheinbaum reiteró el compromiso con la «coordinación sin subordinación» para desmantelar estas redes.