Nueva Ley de Aguas elimina mercado negro y privilegia el derecho humano al recurso
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de marzo de 2026.- El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, afirmó que la nueva Ley de Aguas representa un cambio estructural que pone fin a décadas de especulación y concentración del recurso hídrico en manos de unos cuantos. Al eliminar el régimen de privilegios del periodo neoliberal, el nuevo marco jurídico prohíbe estrictamente la transmisión de concesiones entre particulares, una práctica que fomentó un «mercado negro» donde títulos otorgados gratuitamente para uso agrícola eran fragmentados y revendidos para fines industriales o urbanos. Morales López citó ejemplos alarmantes, como el caso en Zacatecas donde un particular obtuvo ganancias por 54 millones de pesos mediante la reventa de concesiones, una actividad que a partir de ahora queda erradicada para devolver el control total del agua al Estado.
La reforma también combate la acumulación del recurso por parte de actores con alto poder económico y recupera concesiones otorgadas sin uso real, como las detectadas en Chihuahua, donde existían títulos en zonas sin infraestructura con el único fin de ser comercializados. Bajo la nueva legislación, estos volúmenes regresan a la Conagua para ser asignados a quienes realmente necesitan el agua para producir o para el consumo humano. Además, se han detectado y sancionado usos irregulares graves, como en Querétaro, donde concesiones exentas de pago por ser «agrícolas» eran utilizadas para abastecer desarrollos inmobiliarios de lujo y campos de polo, mientras las comunidades aledañas padecían escasez, prácticas que ahora conllevan multas de hasta 3.5 millones de pesos y la clausura inmediata.
En cuanto a la explotación clandestina, la autoridad reportó la detección de perforaciones ilegales y el robo de agua de acueductos en estados como Nayarit y Baja California Sur, donde el recurso se vendía de forma lucrativa a través de pipas. La nueva ley endurece las penas para estas conductas, estableciendo castigos de hasta cinco años de prisión y multas administrativas severas para frenar el lucro con un bien de la nación. Asimismo, se ha iniciado una revisión exhaustiva de grandes empresas que presentan irregularidades en sus medidores o descargas sin permiso, identificando un adeudo presuntivo global cercano a los 12 mil millones de pesos, por lo que se hizo un llamado al sector privado para regularizar su situación ante la comisión.
Los resultados financieros y operativos de esta reforma ya son tangibles, con un incremento en la recaudación de 3,500 millones de pesos durante 2025 y una proyección de crecimiento de 6,300 millones adicionales para el presente año. Estos recursos se destinan directamente a obras de infraestructura hidráulica para beneficio social, complementados con más de 7,000 operativos de verificación que han derivado en un millar de clausuras por uso ilegal. Paralelamente, se ha dado prioridad a la justicia social mediante la resolución de 9,500 trámites rezagados para pequeños productores y el reconocimiento de los sistemas comunitarios y pueblos indígenas como piezas fundamentales en la gestión del agua en sus territorios.
Finalmente, el titular de la Conagua anunció un acto de justicia para los municipios de Baja California, como Tijuana y Mexicali, al entregarles directamente sus títulos de concesión, eliminando la dependencia de intermediarios a quienes pagaron más de 531 millones de pesos en el último lustro. Con estas acciones, el Gobierno Federal busca garantizar que el agua deje de ser una mercancía sujeta a la especulación financiera y se consolide como un derecho humano fundamental. La nueva gestión hídrica no solo fortalece la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, sino que asegura una distribución más equitativa y transparente que prioriza el bienestar de la población sobre los intereses particulares.