Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de abril de 2026.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el denominado Plan B Electoral ya cuenta con el sustento jurídico suficiente para su implementación inmediata, descartando nuevos cambios, ajustes o recursos legales adicionales. La encargada de la política interior sostuvo que la reforma constitucional, impulsada por el Ejecutivo y avalada tanto por el Congreso de la Unión como por la mayoría de las legislaturas locales, contiene todos los elementos necesarios para hacerse efectiva una vez que se concrete su publicación oficial.
Rodríguez Velázquez explicó que el paquete de modificaciones quedó jurídicamente integrado en los términos requeridos por la Constitución. «Con lo ya planteado en esta iniciativa constitucional, guiada por la presidenta, es suficiente para hacer los cambios respectivos y hacerlo efectivo», declaró ante medios de comunicación. Con ello, el Gobierno Federal cierra la puerta a futuras propuestas legislativas para fortalecer la aplicación de esta reforma, centrada ahora en la fase de declaratoria de validez y difusión en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Respecto a los tiempos de ejecución, la titular de Gobernación señaló que la entrada en vigor de las disposiciones será obligatoria para las instancias electorales y autoridades locales de manera inmediata tras su publicación. «En cuanto esté la publicación, de inmediato las instancias locales y electorales apliquen estas reformas», puntualizó. Asimismo, adelantó que se espera que en el transcurso de este mismo día se confirme si la reforma aparece en el DOF junto con la declaratoria de validez correspondiente por parte del Poder Legislativo.
El Plan B Electoral se mantiene como uno de los temas más debatidos de la agenda política nacional. Mientras que el oficialismo defiende los cambios bajo las banderas de la austeridad administrativa y la reorganización institucional, diversos sectores de la oposición y especialistas electorales han manifestado preocupación por las posibles repercusiones en la autonomía y la capacidad operativa de las instituciones encargadas de organizar los comicios en el país.
A pesar de las críticas y los recursos legales que han rodeado este proceso, la postura de la Secretaría de Gobernación es de certidumbre jurídica. La consolidación de la reforma marca un punto de inflexión en la estructura del sistema electoral mexicano de cara a los próximos procesos democráticos, estableciendo un nuevo marco de actuación para los organismos locales y federales bajo la dirección de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.