Senado mexicano avala Ley General de Aguas y reformas a la normativa hidráulica nacional
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de diciembre de 2025.- El Senado de la República aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de intensas protestas de agricultores y críticas de la oposición por presunto control gubernamental sobre el recurso hídrico. La minuta, remitida por la Cámara de Diputados tras 24 horas de debate y más de 50 modificaciones, fue avalada en lo general y particular sin ajustes adicionales, y enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un nuevo marco regulatorio impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa, que reconoce expresamente el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, prioriza su uso sobre concesiones industriales o agrícolas, y prohíbe la comercialización de concesiones entre particulares, obligando a su reasignación por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con criterios de equidad y sustentabilidad. Entre sus puntos clave, se crea un Registro Nacional del Agua para mayor transparencia, se fortalece la participación ciudadana, se obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación en 180 días, y se impone un Órgano Interno de Control para sancionar violaciones, incluyendo el desvío ilegal o acaparamiento del vital líquido, que consume el 75% en el sector agrícola.
Senadores de Morena, PT y PVEM defendieron la ley como un «trinomio virtuoso» entre tierra, agua y gente, que elimina el mercado especulativo y garantiza el acceso para productores y comunidades vulnerables, vinculándola a la Estrategia Nacional Hídrica. La senadora Andrea Chávez Treviño (Morena) enfatizó que «el centro es la persona, no los acaparadores», mientras Óscar Cantón Zetina (Morena) celebró el fin de la visión mercantilista. Sin embargo, la oposición, liderada por PAN, PRI y MC, rechazó el dictamen por concentrar atribuciones en Conagua sin contrapesos, abriendo puertas a arbitrariedad, corrupción y castigo político, además de carecer de estudios económicos, impacto presupuestal y consulta a pueblos originarios.
La senadora Verónica Rodríguez (PAN) acusó que convierte el agua en «instrumento de manipulación política y electoral», y Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) advirtió sobre incertidumbre para el campo, desincentivando inversión y tecnificación. Carolina Viggiano (PRI) criticó la falta de fondos para infraestructura y vigilancia. El debate se tensó con protestas externas: agricultores de Chihuahua bloquearon cinco cruces fronterizos y carreteras, exigiendo diálogo y temiendo retiro de concesiones, aunque la Secretaría de Gobernación aclaró que no se retirarán y se mantendrán mesas permanentes de diálogo.
Esta aprobación, en medio de sequías recurrentes y conflictos por concesiones, busca regular el uso sustentable del agua ante el crecimiento urbano y la demanda agrícola, fortaleciendo servicios de potabilización, distribución y saneamiento con perspectiva de género. Una vez publicada, obligará a revisiones de concesiones inactivas para reasignarlas priorizando el consumo humano, un paso clave para la soberanía hídrica en México.