Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de octubre de 2025.– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves la creación de una base de datos en tiempo real para rastrear importaciones y ventas de combustibles, con el objetivo de determinar con precisión el impacto económico del contrabando conocido como “huachicol fiscal”, una práctica que ha drenado hasta 600 mil millones de pesos del erario público en el sexenio anterior y que amenaza la recaudación fiscal de la actual administración. La medida responde a la detección de más de 10 millones de litros de gasolina no declarada en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y busca integrar información de Pemex, aduanas y empresas privadas para combatir una red criminal que involucra a cárteles y funcionarios corruptos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que el nuevo sistema incluirá códigos QR en transportes y registros obligatorios de cada transacción, coordinados por un grupo federal interinstitucional. «Hasta que tengamos esta base de datos completa, no podemos estimar con exactitud la cantidad de combustible robado ni el impacto económico asociado», enfatizó la mandataria, quien destacó que Pemex, como único productor nacional, aportará datos sobre producción y exportaciones, mientras que las firmas privadas deberán reportar movimientos para garantizar trazabilidad. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la eficiencia recaudatoria, que ya registró un crecimiento histórico del 9,1% en ingresos fiscales entre enero y septiembre de 2025, sumando 542 mil millones de pesos adicionales respecto a 2024.
El “huachicol fiscal” consiste en ingresar combustibles desde Estados Unidos —principalmente de refinerías en Texas— declarándolos como aceites lubricantes o productos de menor tributación, evadiendo así el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA. Según expertos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), entre el 30% y 40% del diésel y gasolina comercializados en México son ilegales, generando pérdidas anuales estimadas en 150 mil millones de pesos (unos 6.850 millones de euros), cifra que podría escalar a 600 mil millones en el acumulado sexenal por evasión fiscal y daños a Pemex. El impacto no solo afecta las finanzas públicas, sino que ha provocado una caída del 50% en ventas de diésel en la última década, desincentivando inversiones en el sector gasolinero y fomentando el cierre de estaciones legítimas.
La red delictiva, que mueve millones desde puertos como Tampico y Guaymas, involucra a cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo, quienes utilizan empresas fantasma como Altos Energéticos Mexicanos o Grupo Base Energéticos para falsificar pedimentos y pruebas de laboratorio. Una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) reveló que estos grupos roban crudo a Pemex, lo refinan en territorio estadounidense y lo reintroducen a México etiquetado erróneamente, lavando ganancias a través de bancos y navieras. En lo que va de 2025, operativos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército y Guardia Nacional han decomisado más de 65 millones de litros de hidrocarburo ilegal, con incautaciones clave como 20 millones en menos de dos semanas en abril, pero las investigaciones, que duran hasta un año por la complejidad de la delincuencia organizada, han resultado en solo 14 detenciones en septiembre.
La oposición, liderada por el PAN en la Cámara de Diputados, ha criticado la opacidad del gobierno anterior y actual, exigiendo informes detallados sobre el contrabando que, según legisladores como Homero Niño De Rivera, sumó 170 mil millones de pesos solo en 2024. El secretario de Hacienda, Amador Zamora, evadió preguntas directas en sesiones recientes, enfocándose en logros recaudatorios, mientras la Procuraduría Fiscal de la Federación integra querellas por más de 600 mil millones en daños acumulados. Analistas como los de PetroIntelligence estiman que el impacto en el sexenio Peña Nieto (2012-2018) fue de 11.960 millones de dólares solo por robo de crudo y combustibles, cifra que subió a 17.300 millones en el de López Obrador, con efectos en cadena como desconfianza inversora y fortalecimiento del crimen organizado.
Sheinbaum subrayó la cooperación bilateral con EE.UU., que desde marzo de 2025 ha reducido el flujo ilegal mediante rastreo de cargamentos y controles aduaneros compartidos, complementando operativos locales contra grupos identificados. «Estos controles son un complemento a las investigaciones, y ya hemos visto una disminución en la llegada de combustible ilegal», afirmó, al tiempo que prometió no minimizar el problema. Expertos advierten que, sin reformas profundas, el huachicol fiscal no solo erosiona la soberanía energética —con Pemex perdiendo 250 millones de euros solo en el primer trimestre de 2025—, sino que agrava la inflación y la inseguridad en regiones fronterizas. Con esta base de datos, México aspira a transparentar el mercado y recuperar miles de millones, transformando un “foco rojo” en oportunidad para una economía más resiliente.