Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de octubre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves que empresarios de Estados Unidos figuran en varias carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en el contrabando y evasión fiscal de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”. Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que este esquema ilícito no podría operar sin complicidades transfronterizas, y destacó avances en su combate que han reducido significativamente el volumen de importaciones ilegales.
Sheinbaum explicó que el huachicol fiscal implica técnicas sofisticadas como la subvaluación de mercancías –declarar un valor menor para pagar menos impuestos–, facturación falsa o triangulación de importaciones, lo que permite el ingreso de millones de litros de gasolina y diésel sin el pago correspondiente al fisco mexicano. “No se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal sin que haya alguien del otro lado”, afirmó la presidenta, aludiendo a redes que disfrazan diésel como lubricantes para evadir aranceles y regulaciones aduaneras. Esta revelación surge en el contexto de una investigación periodística de Reuters, publicada el miércoles, que expone cómo la empresa estadounidense Ikon Midstream operaba como fachada para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comprando diésel en Canadá y trasladándolo a México de forma ilícita, involucrando a los tres países norteamericanos en el esquema.
“Hay varias carpetas de investigación en la FGR relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener órdenes de aprehensión, otras tendrán que informar la Fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en ellas”, detalló Sheinbaum, quien señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también indaga casos paralelos. La colaboración bilateral es clave, según la mandataria, para desmantelar estas estructuras transnacionales que no solo afectan las finanzas públicas mexicanas –con pérdidas estimadas en miles de millones de pesos anuales–, sino que financian actividades delictivas en ambos lados de la frontera.
El huachicol fiscal representa una evolución del robo tradicional de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pasando a un modelo más técnico y corporativo que explota vulnerabilidades aduaneras. A inicios de septiembre, la FGR abrió un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por permitir la entrada de grandes volúmenes de hidrocarburos disfrazados de aditivos, un caso que se vincula directamente con las indagatorias actuales. Sheinbaum celebró que, gracias a detenciones recientes, mayor vigilancia en aduanas y operativos conjuntos, el ingreso ilegal ha disminuido “de manera importante”, reflejado en el aumento de ventas legales de Pemex y empresas importadoras reguladas.
Expertos en seguridad energética, como los del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierten que este delito erosiona la confianza en el mercado de hidrocarburos y subsidia indirectamente al crimen organizado. La presidenta reiteró el compromiso de su administración con la erradicación total del fenómeno, prometiendo mayor transparencia en las investigaciones y fortalecimiento de controles fronterizos. “El Gobierno de México no descansará hasta que estas redes sean desarticuladas por completo”, concluyó Sheinbaum, en un mensaje que resuena en redes sociales donde usuarios destacan la necesidad de justicia transnacional.
Este escándalo subraya las complejidades del comercio energético en Norteamérica, donde la interdependencia económica choca con desafíos de seguridad compartidos, recordando la urgencia de mecanismos multilaterales más robustos para prevenir abusos que trascienden fronteras.