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Un narcotraficante de Tacuarembó puede ser una pieza clave para dilucidar el móvil de la masacre
Periodistas Unidos/A Donde Van Los Desaparecidos. Ciudad de México. 25 de noviembre de 2022.- Desde hace ocho años, un ciudadano uruguayo está detenido en una prisión de máxima seguridad en México, condenado por delitos de narcotráfico hacia Estados Unidos. Su caso cobró especial relevancia en el país al ser vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa. La omisión de su figura dilató la investigación que conecta la masacre con el tráfico de heroína en autobuses acondicionados, y señala la connivencia del Ejército, la Marina, policías y políticos locales.
La detención del uruguayo es clave para desentrañar el caso Ayotzinapa, incluso habiendo ocurrido a 200 kilómetros de distancia y dos meses antes del mayor crimen reciente de lesa humanidad del continente americano. Gracias a la información revelada en septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se confirmó que el uruguayo fue señalado por la inteligencia mexicana y vinculado a la desaparición de los 43 como un antecedente que explica el motivo del ataque a los normalistas, quienes, sin saberlo, tomaron el 26 de septiembre de 2014 un autobús del transporte público que llevaba dinero o droga ocultos en su interior.
Aunque, desde 2015, el GIEI había solicitado a las autoridades mexicanas que brindasen todos los antecedentes sobre las organizaciones criminales actuantes en el estado de Guerrero, el caso del uruguayo les fue ocultado durante más de dos años. Su importancia radica en que la causa penal abierta contra él en 2014 detalla cómo funciona el mecanismo del tráfico de drogas utilizando autobuses de pasajeros, que cruzan por tierra la frontera norteamericana, confirmando una práctica deliberadamente soterrada.
En los más de 70 mil documentos de inteligencia militar a los que accedió el GIEI, se probó que la cabeza del Ejército tenía conocimiento de la magnitud del tráfico de droga en Guerrero, al menos, desde 2013, como el involucramiento de una amplia gama de autoridades de todos los niveles del gobierno, que monitorearon en tiempo real el ataque policial a los normalistas (sin intervenir para evitar su desaparición) por medio de un amplio sistema de vigilancia, infiltración de efectivos encubiertos y escuchas telefónicas sin control judicial, que era desconocido hasta el momento y cuya información es la principal carta para dar con el paradero de los estudiantes.
La relación entre grupos criminales que operaban el tráfico (entre los que está el uruguayo) con integrantes del Ejército, la Marina, policías y políticos locales revelada por el GIEI abre la puerta a una comprensión cabal de cómo funciona realmente el narcotráfico y el sostén institucional que lo hace posible, más allá de la ficción de los cárteles de colores en conflicto.
«Esta información fue ocultada desde el inicio porque es el centro y es realmente el aspecto que quieren evitar. Se crearon una cantidad de distractores al respecto: que si los azules, que si los blancos, que si los monos. No, lo que importa, y es el tema central, es el tráfico de droga», dijo Ángela Buitrago, ex fiscal colombiana e integrante del GIEI, en entrevista exclusiva para Brecha.
El mecanismo del uruguayo
Pasaban las siete de la mañana del jueves 10 de julio de 2014, cuando el uruguayo estaba parado afuera de una bodega de portón azul, en un barrio popular de la ciudad de Puebla, armado, según el relato de los militares que lo detuvieron ese día y que forma parte del expediente judicial al que tuvo acceso este semanario. Al oír la voz de alto, el uruguayo amagó, apuntándoles sin disparar, y trató de ocultarse tras un poste de luz de la vereda, para luego correr bodega adentro. Este episodio habilitó a los militares a actuar en flagrancia y meterse tras él, descubriendo el botín: 26 paquetes de heroína marcados con el diseño de un caballito y la palabra Ferrari que sumaron 24 quilos, así como otros 30 paquetes con 280 mil dólares en efectivo. Los militares desarmaron al uruguayo del fusil de asalto calibre 5,56 milímetros con el que los había apuntado y le sacaron del bolsillo del pantalón una billetera con sus identificaciones. En el expediente consta que reconoció tener 32 años, haber nacido en Montevideo, Uruguay, pero vivir en México, en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Según el relato de los militares que se transcribe a continuación, al verse desarmado, el uruguayo ofreció dinero por su liberación, argumentando ser parte de la organización criminal Guerreros Unidos: «Pidiendo en ese momento su libertad a cambio de una buena cantidad de dinero, que si se podían arreglar para recibir un soborno, ofreciéndoles en ese momento más de 500 mil dólares americanos, [de] los cuales tenía una parte en ese momento en el inmueble, que si aceptaban, pediría el resto a una persona que es contacto y que pertenece a la organización Guerreros Unidos, a quien le hablaría para que llevara el dinero».
El parte dice que el subteniente a cargo rechazó el soborno y pasaron a inspeccionar el lugar. Hallaron los paquetes de droga y dinero dispersos en distintos vehículos: un jeep Patriot blanco con placas del estado de Guerrero, un automóvil Seat Ibiza con placas del ex Distrito Federal, una camioneta pick up Nissan blanca, también con matrículas de Guerrero. Ocupando la mayor parte de la bodega, hallaron un autobús de pasajeros que ligó este caso con el de los 43, así como a un hombre, José Bahena Salgado, que fue encausado con el uruguayo y murió en prisión un año más tarde.
Bahena tenía, literalmente, un paquete en las manos. Estaba parado tras el autobús y, según los militares, estaba «tratando de introducir dicho paquete en unas barras tubulares en la parte posterior del motor, empotradas en el automotor y acondicionadas como compartimientos ocultos». Dentro de cada tubular, hallaron un paquete negro con droga ya oculto. A sus pies, Bahena tenía otros 16 paquetes negros, marcados con el caballito de Ferrari.
De acuerdo a la diligencia ministerial que se practicó al día siguiente con los vehículos hallados, el automóvil Seat Ibiza también tenía compartimientos ocultos, uno de cada lado. Según la descripción efectuada por peritos en identificación vehicular, criminalística y fotografía en el documento al que accedió Brecha, para abrirlos debía encenderse primero el motor del vehículo, luego accionar el desempañador junto a la palanca de velocidad del automóvil, como tercer paso encender la luz interior del lado derecho y, por último, pasar un imán haciendo movimientos circulares por el área donde se encuentra el cinturón de seguridad del copiloto.
El autobús incautado es foráneo, con placas de Illinois, Estados Unidos, modelo 1999 y en cada costado luce una leyenda en inglés que dice «Owned and operated by Guelaguetza tours» (‘propiedad y operación por Guelaguetza tours’). En la unión de los maleteros se describe un sello de la aduana de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas, frontera con Estados Unidos) que dice «Revisado». Las dos tubulares metálicas huecas están ubicadas en su parte trasera, empotradas al automotor y separadas entre sí por 1 metro, a unos 40 centímetros del piso del vehículo.
«Aunque siempre se nos negó esta información, para el informe número tres (de este año) se incluyeron todas las personas capturadas en marzo, mayo y julio de 2014 por tráfico en la zona. El del uruguayo es uno de los expedientes donde se ve cómo era habitual que se utilizaran camiones o transportes públicos para hacer lo que ellos llaman caletas, y traficar esta droga», responde Buitrago al consultarle cuál es el peso que tiene el caso del uruguayo para la investigación de Ayotzinapa. Ocho años después de postulada su principal hipótesis sobre el caso, el GIEI probó la existencia de un patrón para el tráfico que es, evidentemente, el mismo mecanismo del uruguayo.
Primer antecedente
El caso del uruguayo fue el primero que la inteligencia militar refirió el 4 de octubre de 2014 (ya ocurrido el ataque a los normalistas) para robustecer la teoría del narcotráfico como móvil y que da cuenta del conocimiento que las autoridades tenían de esta práctica. «La chiva [heroína] que se elabora en Tlacotepec es enviada a Chicago USA [Estados Unidos] vía carretera en autobús, como el reciente autobús detenido en Puebla», puede leerse en uno de los nuevos documentos de la investigación, encriptado por la Secretaría de Defensa mexicana con el formato cifrado arcano, que fue enviado por la Comandancia de la 35.ª Zona Militar –ubicada en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero– a la Comandancia del 27.º Batallón de Infantería en Iguala, que tuvo una activa participación en el crimen contra los 43.
El uruguayo fue procesado el 19 de julio de 2014 (y condenado en 2021) por los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud en modalidad de posesión del narcótico clorhidrato de diacetilmorfina (heroína) con fines de comercio y el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Aunque la causa penal 32/2014 contra él fue abierta en el Juzgado Octavo de Distrito del estado de Puebla, donde fue detenido, su procesamiento fue resuelto en Toluca, estado de México, por el juez del Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, zona correspondiente a la prisión donde tanto él como Bahena fueron encarcelados. Desde hace ocho años, el uruguayo está preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, a 80 kilómetros de la Ciudad de México.
El mismo día de su detención, la Secretaría de Gobernación mexicana emitió un comunicado, al que Brecha tuvo acceso, que lo señaló como «jefe en el estado de Puebla de un grupo delictivo, cuya presencia preponderante se encuentra en diversas zonas de los estados de Guerrero, México y Morelos», y aseguró que había asumido el liderazgo del grupo criminal tras la detención de Mario Casarrubias Salgado, otro miembro de la organización, el 29 de abril del mismo año. En octubre de 2014, cuando su hermano Sidronio Casarrubias Salgado también fue detenido, se le incautó una libreta en la que figura «el Uru», entre una nutrida lista de contactos de políticos y autoridades.
Aunque el uruguayo se negó a declarar ante el agente del Ministerio Público, Bahena sí lo hizo y lo inculpó. De acuerdo con la declaración a la que tuvo acceso Brecha (rendida al otro día de su detención), el hombre de 35 años, originario de Tlacotepec, Guerrero, declaró que había sido forzado a trabajar. Sin embargo, la Justicia no lo eximió por esto y también fue procesado. Bahena dijo que había llegado a trabajar con el Uru a Puebla a partir del lunes 7 de abril, «acudiendo a trabajar por amenazas a mi familia, ya que me amenazaban por teléfono, diciéndome que yo fuera a trabajar con el Uru, sin saber en qué». Agregó que en enero del año anterior había sido brutalmente golpeado por hombres armados que lo sacaron de su casa, así como que había sufrido el secuestro de su hija y su cuñada. Bahena recibió por teléfono las indicaciones para viajar de Guerrero a Puebla, para lo que le entregaron la pick up Nissan incautada. Le indicaron que allí debía presentarse y, según su declaración, fue el uruguayo quien le dio la llave para entrar a la bodega.
«Me entregó las llaves, me dijo que entrara y que él me enseñaría a trabajar, o sea, me enseñó a sacar unos paquetes de dinero de la parte de atrás del chasis de un autobús. En esa ocasión, saqué 22 paquetes de 16 mil, dos de 40 y uno de 12, sin conocer el contenido, si eran dólares o pesos mexicanos, por ese día me pagarían de 2 a 5 mil pesos.» Agregó que se fue temprano a dormir a un hotel y regresó a la bodega la mañana del jueves 10, cuando los militares los encontraron. A pesar de esta delación, ambos detenidos fueron defendidos por el mismo abogado particular, Herman Enrique González Pacheco.
El ocultamiento
Fue recién a fines de 2016 cuando los familiares de Ayotzinapa pudieron ligar esta información con su caso. A partir de un amparo resuelto a favor de Sidronio Casarrubias, supieron de la existencia de la libreta. Al revisarla, hallaron el apodo del uruguayo y, al buscar, dieron con el operativo de su detención, anunciado por Gobernación. Los padres y madres denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) había actuado de mala fe al no entregar esta información al GIEI antes de que terminara su primer mandato. Era entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto y los expertos internacionales tuvieron vedado su regreso al país durante más de dos años.
Buitrago recuerda claramente cómo, desde el inicio, insistieron en que la autoridad mexicana les brindara la información directamente de los órganos de seguridad, referida al trasiego en Iguala, particularmente hacia Estados Unidos. «Siempre se nos negó, se nos dijo que no había ninguna investigación en ese primer momento. También se nos dijo que no había posibilidad de tener información de eso porque no había trasiego. Así fue de claro», dijo en entrevista con Brecha.
Las familias denunciaron que el uruguayo no aparecía en los organigramas previos elaborados por el Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia), dependiente de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, que llevó la investigación del caso hasta la creación de la Unidad Especializada en Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa, en 2019, por el gobierno de López Obrador.
La omisión de su figura durante años ocultó su papel en la organización criminal y dilató el reconocimiento de la primera causa conocida en México en la que se judicializó el modus operandi de los autobuses trucados para el tráfico. Al conocerlo, las familias de los 43 pidieron a las autoridades que profundizaran las investigaciones en torno a él, vinculado a la desaparición de los muchachos: «El hecho de que la información sobre el uruguayo haya sido ocultada tanto al GIEI como a las familias hace pensar que deliberadamente se encubrió el vínculo entre los hechos de Iguala y el tráfico de drogas en autobuses», sostuvieron.
Contexto criminal
El GIEI cuenta hoy, ocho años después, con el expediente completo del uruguayo. Buitrago explicó que está nutrido de información relevante para seguir la línea que articula el estadio actual de la investigación de los 43. También hallaron una causa abierta en 2013, en Illinois, Chicago, dedicada a perseguir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos desde Guerrero. «Supimos que en esa causa se había generado toda una serie de interceptaciones telefónicas que era necesario traer al expediente», explicó la investigadora a Brecha.
La condena a Pablo Vega Cuevas en 2018 como operador de Guerreros Unidos en el juicio de Illinois y la información que comenzó a fluir a México permitieron contrastar esos datos con los documentos de inteligencia, vinculando ambas líneas de investigación: el tráfico y la desaparición. El GIEI halló una comunicación fechada el 1 de noviembre de 2014 entre los secretarios de Marina y Defensa mexicanos, donde se informa que, como derivación de «acciones de inteligencia», se detuvo a «B. O., operador relevante de Guerreros Unidos a cargo del diseño y la confección de compartimientos electromecánicos ocultos en vehículos y autobuses, así como de acopio y envío de droga hacia Estados Unidos». Ese mismo operador fue intervenido por la Justicia estadounidense en 2014 e identificado como un nexo entre ambas líneas, ya que aparece activo en la red de tráfico en junio, julio y agosto, así como en la noche del 26 de setiembre, cuando fueron atacados los normalistas.
Aunque esta información llegó a México en 2019, en los tres años que han pasado hasta ahora, explicó Buitrago a Brecha, «empezamos a ver cómo no solamente el caso del uruguayo sino también los de otras personas detenidas en estas condiciones eran investigados en la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] y se siguen investigando en la Fiscalía Especializada en Materia de la Delincuencia Organizada [creada en 2020 de la Fiscalía General de la República]. Lo que se nos había negado en primera instancia se volvió evidente».
Buitrago confirmó a Brecha que están buscando la intervención de la Presidencia de la República mexicana para que solicite directamente al gobierno estadounidense toda la información contenida en las interceptaciones telefónicas del juicio de Chicago. El último cúmulo de información llegó a México en julio de este año, pero los expertos esperan que el archivo completo de intervenciones llegue a manos de la fiscalía del caso. «Ahí se conocen los elementos que nos permiten afirmar que el trasiego no es un tema ocasional sino permanente y que, además de la línea de autobuses del uruguayo, hay otras identificadas por el gobierno norteamericano y la DEA [sigla en inglés para Drug Enforcement Agency (Administración de Control de Drogas)]. Sobre estos supuestos tenemos mucha información de personajes muy importantes desde hace muchos años, que tienen relación directa con varios destinos, no solo a Estados Unidos», explicó la experta.
De acuerdo a la información que se recabó para este reportaje, los militares que detuvieron al uruguayo estaban patrullando la zona con un pedido de colaboración que lo nombraba expresamente, el cual había sido enviado a la institución castrense por la SEIDO mencionada por Buitrago, fechado el 12 de junio de 2014. Este dato confirma que el uruguayo estaba siendo investigado por lo menos desde un mes antes de su detención.
Considerando que el juicio en Chicago intervino comunicaciones entre operadores de Guerreros Unidos en Estados Unidos y México en 2014, cuando el uruguayo aún estaba libre, se consultó a Buitrago si su detención tuvo que ver con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. «Ellos tienen reuniones a puertas cerradas [con las autoridades mexicanas] donde comentan los elementos que tienen, pero, en este caso, la investigación comenzó por información de comunicaciones investigadas en México. Mario Casarrubias fue detenido en marzo de 2014 y tras su detención vinieron las otras. Está claramente determinado por informes de inteligencia que estas personas participaban del tráfico», respondió la exfiscal, confirmando que existe más información que vincula al uruguayo con los Casarrubias en las escuchas telefónicas.
La experta señaló que ninguna institución uruguaya ha participado de la investigación aportando información hasta el momento, aunque destacó que «sería interesante que lo hicieran, al menos para saber desde cuándo hay una relación con ese país».
Quién es
Gonzalo Martín Souza Neves nació el 8 de junio de 1982 en Montevideo, Uruguay, como el primer hijo del matrimonio entre Richard Marco Souza, de 18 años, y María Gabriela Neves, de 17, originarios del departamento de Tacuarembó. A fines de 1998, su padre participó en la fundación del Tacuarembó Fútbol Club, mientras ganó renombre en la capital del departamento por abrir la tienda de autoservicio, sobre la avenida Manuel Oribe, Las Chapitas, de la que recibió su apodo: Chapita Souza.
Souza padre integró la directiva del Tacuarembó Fútbol Club en 2010, apadrinado por el entonces presidente, Fernando Saralegui (exdiputado por el Partido Nacional). En diciembre de 2014, cuando Gonzalo ya estaba preso en México, volvió a postularse para la presidencia del club, evidenciando que la causa del hijo no había afectado su figura pública. Perdió esas elecciones ante el coronel retirado Gustavo Aureliano Mieres Ultra, actualmente preso por el homicidio del militante comunista Óscar Fernández Mendieta, el 24 de mayo de 1973, antes del golpe de Estado, tras detenerlo ilegalmente en el Regimiento de Caballería N.º 2 de Durazno. En 2020, Chapita Souza volvió a ser parte de la directiva del club.
Tras romper su primer matrimonio con la madre de Gonzalo, Souza padre volvió a casarse y tuvo tres hijos en Tacuarembó. El mayor, Augusto Souza González, se desempeña actualmente como coordinador de municipios en la Intendencia de Tacuarembó, un cargo ejecutivo que le fue otorgado por el intendente en funciones, el nacionalista Wilson Ezquerra. En las elecciones internas de 2019, fundó y encabezó la lista 2550 del Partido Nacional junto con Victoria Ezquerra, hija del actual intendente, y su hermano menor, Santiago Souza González. La lista fue presentada ante la Corte Electoral el 30 de mayo de 2019 con integrantes «jóvenes de todo el departamento de Tacuarembó» y se integró al sublema Juntos, apoyando a Jorge Larrañaga a la presidencia de la república. En las departamentales de 2020, Augusto Souza se sumó a la lista 5050, liderada por Wilson Aparicio Ezquerra, sobrino del intendente, presentada como un «espacio de jóvenes» dentro de la lista 50, fundada por Eber da Rosa. Antes, Augusto fue miembro de la sala disciplinaria de segunda división profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol, entre abril de 2019 y octubre de 2021, y actualmente integra la directiva del Club Atlético Estudiantes, de Tacuarembó. Hasta donde Brecha pudo comprobar, fue el fútbol lo que llevó a Gonzalo, el uruguayo, a México, país en el que estuvo entre 2003 y 2007.
Para cuando los padres y madres de Ayotzinapa se enteraron de la importancia que revestía su detención para la investigación del paradero de sus hijos, el GIEI había salido del país. Sin embargo, solicitaron al Mecanismo Especial de Seguimiento del caso, que respondía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entrevistara al uruguayo. Esta se concretó en la prisión de Almoloya a fines de 2016 y este semanario logró recabar el testimonio de una de las personas presentes en esa instancia.
La fuente narró que el uruguayo se presentó ante los representantes del organismo internacional mostrando un semblante quebrado, sosteniendo ser inocente y haber sido torturado por la PGR, aunque se negó a colaborar con el esclarecimiento del paradero de los normalistas. Contó que llegó a Guerrero por su primo, el futbolista Néstor Fabián Porley, quien falleció en la mañana del 31 de diciembre de 2007. Según notas de prensa, el futbolista murió en un accidente automovilístico cuando regresaba a la ciudad de Cuernavaca (Morelos) a bordo de su Chevy azul con placa de Guerrero, tras jugar un partido contra el equipo Unión, de Iguala. Porley llegó a jugar fútbol a México en 2003, donde se desempeñó profesionalmente en la liga de Iguala, en los clubes San Juan y Unión.
Descrito por la fuente que habló con Brecha como un hombre de «ojos claros y acento porteño», el uruguayo contó en su entrevista que antes de entrar a prisión se dedicaba a atender un restaurante y que también tenía un negocio de exportación de joyería. Dijo que estaba casado con la mexicana Liliana Almazán Martínez, con quien tuvo dos hijos.
Liliana es hija de Alfredo Almazán León, un «prominente empresario igualteco» dedicado al negocio de la joyería, que fue detenido (y liberado bajo fianza) siete meses después de la detención del uruguayo. A pesar de haber sido señalado previamente por sus vínculos con organizaciones criminales, nada había tenido la fuerza suficiente para que la autoridad actuara contra él y sus propiedades. El suegro del uruguayo es parte de la raigambre orfebre de Iguala, con negocios en el Centro Joyero, un centro comercial administrado por José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, actualmente preso por sus nexos con Guerreros Unidos y su responsabilidad en la masacre contra los estudiantes de Ayotzinapa.
Así como la familia Souza, los Almazán también están ligados al fútbol: el patriarca es dueño del Club Cañeros de Iguala y Liliana ha desempeñado recientemente cargos en su directiva. En 2003, su hijo mayor fue secuestrado y asesinado al salir del club. Tenía entonces 22 años, la misma edad del uruguayo que poco tiempo después se integró a la familia. Según relató la fuente que presenció la entrevista a Souza Neves en la cárcel, el uruguayo «en todo momento negó ser parte de Guerreros Unidos».
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* Eliana Gilet / Reportera independiente uruguaya radicada en México. Colabora con el Semanario Brecha, medio cooperativo de Montevideo, desde el año 2010. En twitter es @la_yile