Por Alejandro Meléndez
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de enero de 2026.- Kattya Vivanco González, maestra jubilada de 62 años, enfrenta una batalla legal contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que pretende reducir su pensión en casi siete mil pesos mensuales, pasando por alto una sentencia judicial que le otorgó la razón hace cuatro años.
La docente, quien se jubiló el 1 de febrero de 2018 tras una carrera en el subsistema DGETI (bachillerato tecnológico) de la SEP, ostentaba la plaza de profesor de tiempo completo titular «C», la más alta en el escalafón magisterial. Desde el momento de su jubilación detectó irregularidades en el cálculo de su pensión.
Una lucha de años por sus derechos
Al recibir su documento de «concesión de pensión», Vivanco se percató de que la cuota diaria establecida no correspondía a lo que legalmente le tocaba, pues se le estaba aplicando ilegalmente el criterio de tope en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), sin que existiera modificación legal ni criterios jurídicos que avalaran ese monto.
«Recalco ilegal porque hasta ese momento no había modificación legal, ni criterios jurídicos que avalaran ese monto», enfatiza la maestra.
En febrero de 2020, Vivanco inició una demanda contra el ISSSTE, fundamentada en una tesis de la Suprema Corte de Justicia que establecía que las pensiones no podían determinarse con base en las UMAs.
El juicio se llevó a cabo en la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que emitió sentencia definitiva el 20 de octubre de 2020 favorable a la docente. Sin embargo, el ISSSTE se negó a cumplir la resolución.
Fue necesario que Vivanco interpusiera una queja el 31 de enero de 2022 y ejerciera presión en redes sociales, incluso publicando una carta de denuncia en el correo ilustrado del periódico La Jornada, para que finalmente se le ajustara la cuota diaria de su pensión.
El costo de esta batalla judicial fue alto: cerca de 90 mil pesos en honorarios de abogados, además del desgaste emocional y el tiempo invertido en movilizaciones y trámites legales.
En noviembre de 2024, el director del ISSSTE, Martí Batres, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual, argumentando el artículo 50 de la Ley del ISSSTE, anunció una revisión de las pensiones que rebasen el tope de las 10 UMAs.
La pensión de Vivanco rebasa ese tope por aproximadamente cuatro o cinco mil pesos mensuales, precisamente porque cuando se jubiló era ilegal fijarla en UMAs, situación que fue reconocida judicialmente.
El 6 de agosto de 2025, tres hombres se presentaron en el domicilio de la maestra —quien vive sola— en actitud prepotente y sin identificación institucional adecuada, exigiéndole que se identificara.
«Afortunadamente reaccioné a tiempo y les respondí que yo estaba en mi casa y que en todo caso ellos eran los que debían identificarse», relata Vivanco sobre el momento intimidatorio.
El 11 de agosto, la docente compareció en las oficinas centrales del ISSSTE, en la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, acompañada de su abogado, a quien no se le permitió hablar.
Llevó consigo las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa y la impresión de 26 talones de pago correspondientes a su último año laborado, documentos con base en los cuales el juez le había dado la razón.
Noventa días después, el ISSSTE le notificó un documento de 70 páginas en donde la acusa de «dañar el patrimonio de la institución». La institución pretende reducir su pensión mensual de 38,516 pesos a 31,791.90 pesos.
Violación a la división de poderes
«Ahora resulta que el artículo 50 de la ley del ISSSTE y el acuerdo publicado por Martí Batres están por encima de una resolución judicial. Luego entonces, qué caso tiene que uno recurra y exista un poder judicial si un funcionario menor en el momento que se le ocurra puede pasar por encima de otro de los poderes, el Judicial», cuestiona la maestra.
Vivanco argumenta que si bien el artículo 50 de la ley del ISSSTE faculta a la institución para revisar las pensiones, esto aplica cuando se trata de sus propias resoluciones, no cuando existe una sentencia judicial de por medio.
«Ese artículo no le puede dar al ISSSTE la atribución de cambiar una resolución judicialmente, porque simple y sencillamente eso es violatorio de la constitución», señala.
Según información de la docente, no es el único caso: existe una relación de aproximadamente ocho mil jubilados en situación similar.
«Seguramente habrá algunos que consiguieron su pensión mediante la corrupción, pero seguramente también habrá muchos otros como yo que fue de manera legal y legítima», reflexiona.
Promesas incumplidas
Vivanco recuerda que durante su campaña electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió al magisterio echar para atrás la reforma de la Ley del ISSSTE, promesa que no solo no se ha cumplido, sino que ahora los maestros y personal del sector salud que demandaron sus derechos enfrentan intentos de reducción de sus pensiones.
«Cómo espera la presidenta que los empresarios y los ciudadanos confiemos en el poder ejecutivo que no respeta la constitución», cuestiona la maestra.
Vivanco reconoce que las pensiones son un problema en México, pero considera que se deben tomar medidas que respondan verdaderamente a la problemática y no generen más injusticias.
«En nuestro país hay más de ocho sistemas de jubilación. Hay quien recibe hasta cuatro pensiones. Los empleados privilegiados de algunos sectores como CFE tienen derecho a la pensión de la empresa, del IMSS e incluso algunos también tienen la del ISSSTE porque trabajaron en alguna dependencia, y finalmente tienen la del bienestar», ejemplifica.
Menciona casos de instituciones como Nafin o la Suprema Corte de Justicia, donde funcionarios se van con pensiones «muy jugosas» sin tener 28 o 30 años de servicio.
«Si se requiere revisar las pensiones, pero se requiere revisarlas con criterio de justicia social y no como burócrata que lo único que piensa es: esto rebasa el límite, lo ajusto y ya», enfatiza.
En espera de respuesta
Al momento de esta denuncia, Vivanco se encuentra en espera de que el mismo funcionario que le comunicó la reducción de su pensión responda al recurso de inconformidad que interpuso en diciembre pasado.
La maestra hace un llamado a denunciar el comportamiento que califica de «ilegal e ilegítimo» del ISSSTE y solicita el apoyo de la sociedad civil y de las autoridades para que se respete el estado de derecho y las sentencias judiciales.
Este caso pone en evidencia las contradicciones de un sistema que, por un lado, promete la defensa de los derechos de los trabajadores y, por otro, intenta reducir pensiones obtenidas legalmente y respaldadas por resoluciones judiciales, generando incertidumbre entre miles de jubilados que lucharon por sus derechos durante años