Trabajadoras del hogar, entre la vida familiar y la lenta conquista de derechos
Foto: Rodrigo Arangua / AFP
Por Luján Scarpinelli
AFP. Ciudad de México. 20 de febrero de 2019.- Con el mismo empeño friega platos, baldea suelos y lava ropa. Trabaja donde los demás descansan, pero ameniza el esfuerzo físico con juegos y demostraciones de afecto que la hacen partícipe de una calidez familiar ajena que le llega como propia.
Como Cleo, el personaje de una empleada del hogar polifuncional que protagoniza la película “Roma”, Ignacia Ponciano representa a millones de mujeres de un sector social con escasas oportunidades, que vive al servicio de una clase privilegiada en México.
“Nacha”, como la llaman sus allegados, llegó a casa de los Rodríguez hace 30 años, a sus 19. En su adolescencia, había dejado San Diego Xuchitepec, un pueblo rural del vecino Estado de México, en busca de una oportunidad en la capital. Se quedó donde consiguió al mismo tiempo un trabajo y un hogar.
La historia, sin embargo, no es exclusiva de un país sino reflejo de una tradición en América Latina, donde se repite sin fronteras esta relación que entrelaza la vida laboral y personal de las trabajadoras.
La situación de estas mujeres, a quienes homenajea el director Alfonso Cuarón, las ha echado a la suerte de encontrar condiciones justas en la vivienda de sus patrones, mientras el oficio lentamente se encuadra en un marco normativo.
Varios países de la región establecieron leyes para el rubro en los últimos años. Pero otras realidades simultáneas, como las crisis económicas y las migraciones, obstaculizan esas ambiciones de formalidad que más de una decena de naciones ratificó con el Convenio 189 de la OIT, vigente desde 2013.
Ardua conquista
En la casa a la que llegó “sin saber hacer nada”, cuenta Ignacia, se ocupaba de la limpieza, de la cocina y de cuidar a Penélope, hija de su patrona Elizabeth, que se había separado de su marido y vivía con su hermana. Pero como el lugar era punto de encuentro para la familia, “Nacha” se convirtió en una persona de confianza para todos.
En esa cercanía también se basaba la relación laboral, desprovista de formalidades. Pero esa normalidad de antaño está en transición: las “muchachas” van adquiriendo derechos para protegerse del azar.
Según la OIT, hay 18 millones de trabajadores domésticos en América Latina. Con un 93% de personal femenino, esta ocupación es “una de las más importantes para las mujeres de la región”, dice un documento.
Sumido en un 77,5% de informalidad, el sector sufre “uno de los mayores déficits de trabajo decente” dadas la baja afiliación a la seguridad social, escasos ingresos, dificultades para la inspección o falta de mecanismos de negociación colectiva, agrega la OIT.
Relaciones impersonales
Con nuevas costumbres y regulaciones, las trabajadoras del hogar que conviven con sus empleadores se han convertido en excepciones.
Ese cambio se refleja en las casas. Según Lourdes Cruz González Franco, investigadora de la Universidad Nacional de México (UNAM), la inclusión de espacios destinados al personal de servicio en los planos arquitectónicos, en general en azoteas, ya no es la regla. “Aunque no se puede generalizar, porque los cuartos de servicio se mantienen en construcciones para la clase alta, hay una tendencia a prescindir de ellos, o a readaptar esos espacios y destinarlos a otros usos, como estudios o cuartos de visitas”, explica.
A diferencia de lo que se plasma en “Roma”, ambientada a principios de la década de 1970, estas trabajadoras hoy cumplen horas de casa en casa, lo que da lugar a relaciones más superficiales. Además, diferencian sus labores entre limpieza y tareas de cuidado.
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros, cuentan con normativas que establecen pisos salariales y otros beneficios. Aunque la práctica tiene un ritmo distinto.
En diciembre, la Suprema Corte mexicana obligó a incorporar en tres años a unas dos millones de trabajadoras al sistema de seguridad social, para garantizar su acceso a salud pública y otros beneficios.
Sin embargo, países que ya han avanzado en este campo, como Argentina, prueban que el desafío no termina en la norma. Desde 2013, la ley otorga al rubro similares derechos que al resto: horas extras, vacaciones, licencia por maternidad. No obstante, el 57% del trabajo en casas particulares aún es informal.
La fragilidad de estas empleadas también sucumbe a dificultades económicas y sociales. Lo confirma el caso de Brasil, donde la enmienda constitucional de 2013 favorable a las domésticas se topó con una recesión entre 2015 y 2017, que hizo mella en las garantías: hoy, casi un tercio de las 6,2 millones trabaja informalmente.
Medio kilo de carne
Igualmente, la retribución a las domésticas sufre la crisis venezolana. Marbelis Martínez, de 41 años, limpia apartamentos. Aunque la ley laboral la ampara desde 2012, apenas puede comprar medio kilo de carne con su paga semanal. “Pero ni siquiera me alcanza para comprar medio cartón de huevos [15 unidades]”, se lamenta.
La crisis empujó a un millón de venezolanos hacia Colombia. Esta realidad, coinciden expertos, incrementó la precariedad en el sector. Pese a la protección legal vigente, el 61% de 750.000 empleados domésticos gana menos que el salario mínimo (245 dólares), mientras que el 99% no cobra horas extras, estima el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
En Estados Unidos, meca de muchos latinos, una encuesta del sindicato nacional de domésticas concluye que “las trabajadoras están expuestas a los caprichos de sus empleadores”. Según el estudio, 23% de los despidos son por quejas sobre las condiciones de trabajo, y 18% por reclamos sobre el incumplimiento de sus contratos. A muchas otras, su situación migratoria las obliga a callar.
Pero el desamparo también tiene lugar en la propia patria. En Guatemala, cuenta Maritza Velásquez, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, donde la mayoría de las empleadas proviene de regiones indígenas, son pocas las que ganan el salario mínimo de 384 dólares. “El sueldo mensual puede ir de 90 a 320 dólares, pero casi no hay denuncias, por temor a represalias”, señala Velásquez.