• Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento de manera honorífica y sin fines de lucro, proveen estos servicios a más de 25 millones de personas en las zonas más marginadas del país.

• 113 Organizaciones comunitarias y redes de sociedad civil desde el sureste hasta el norte del país, instan al Nuevo Congreso a subsanar la deuda histórica de su reconocimiento jurídico pero rechazan que se amenace su autonomía con la reserva presentada a la reforma al Art. 27 Constitucional. ¡Exigen corrección del texto!

A través de un comunicado urgente, suman su firma 113 organizaciones comunitarias, de redes de organizaciones de la sociedad civil con alcance en: Baja California Sur, Campeche, CDMX, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Junto a 181 personas defensoras de derechos humanos y guardianas del agua, se pronuncian a favor del reconocimiento jurídico de las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento en un momento crítico para su autonomía.

Las más de 20,000 organizaciones y sistemas comunitarios de agua y saneamiento, de manera honorífica y sin fines de lucro, proveen estos servicios vitales a más de 25 millones de personas, en lugares donde el municipio no logra dar cobertura. A pesar de su labor crucial, estas organizaciones han sido injustamente invisibilizadas y han sufrido una discriminación estructural, por lo que no reciben apoyo, ni protección gubernamental, a pesar de haber demostrado ser pilares fundamentales en la provisión de agua en las comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad en el país.

Las diputadas Adriana Bustamante Castellanos y María Eugenia Hernández Pérez en la LXV Legislatura, presentaron una iniciativa con el respaldo de asociaciones de organizaciones comunitarias, para reformar el Artículo 115 de la Constitución, buscando otorgar reconocimiento jurídico a la gestión comunitaria del agua en vista de fortalecerla. Esta propuesta fue retomada en las reformas presidenciales al Artículo 27 que fueron aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 14 de agosto de 2024.

Sin embargo, durante la sesión, se introdujo una reserva que ahora es parte del dictamen, y que en un sentido contrario a la reforma original, pone en peligro a las organizaciones comunitarias, puesto que violenta su autonomía y las deja en riesgo de perder su patrimonio.

Las organizaciones que suscriben el comunicado, hacen un llamado urgente para incidir en que la legislatura entrante corrija el dictamen al pasar próximamente a su discusión en el pleno, puesto que de quedar el texto así se socavaría lastimosamente los derechos humanos al agua y al saneamiento de las comunidades rurales, indígenas, y en mayor situación de marginación en México.

«No permitamos que el acto de legislar se aleje del pueblo y convierta iniciativas virtuosas en herramientas de control que van en contra del bienestar común», expresan de manera conjunta en el comunicado. «Defendamos juntos una gestión equitativa, sustentable y justa del agua para todas y todos.»

A este boletín se anexa el comunicado completo. El mismo puede suscribirse en: https://n9.cl/llamadoporelagua

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Foto: Francisco Guasco / EFE

AP: Ciudad de México. 23 de noviembre de 2020.- Las autoridades mexicanas extrajeron un total de 113 cuerpos y otros restos humanos de una fosa clandestina localizada el mes pasado en El Salto, una localidad cercana a Guadalajara.

Gerardo Octavio Solís, fiscal de Jalisco, informó el domingo por la noche del resultado de los trabajos de exhumación en ese enterramiento clandestino donde también se hallaron cuatro bolsas con indicios de restos humanos y dos cráneos.

Hasta el momento, se han podido identificar 30 personas, 28 hombres y dos mujeres, dijo el funcionario.

La fiscalía informó el 1 de octubre de la ubicación de un predio en El Salto en donde había un hoyo de aproximadamente 4 por 5 metros en cuyo fondo se apreciaron, a simple vista, los cuerpos de cuatro personas. También había al lado un gran montículo de tierra.

Gracias a radares y drones, las autoridades localizaron otros tres puntos en donde la tierra fue removida, independientes al hoyo. Después de semanas de trabajo, los peritos lograron extraer más de un centenar de cuerpos.

Jalisco es estado de México donde han sido exhumados más cuerpos de fosas clandestinas y es la cuna de uno de los cárteles más peligrosos y activos en estos momentos en el país, el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Según datos más recientes de la Secretaría de Gobernación, desde 2006 al 30 de septiembre, se habían recuperado 897 cuerpos en el estado de Jalisco, 605 de ellos en esta administración.

Las autoridades encontraron la fosa de El Salto a inicios de octubre pero los hallazgos de este tipo de enterramientos son periódicos. A finales de octubre, se localizaron 59 cadáveres en el vecino estado de Guanajuato, en una fosa que estaba en pleno centro de una ciudad, Salvatierra.

México enfrenta un problema creciente con las personas desaparecidas. El gobierno federal, en su último informe de octubre, indicó que hay más de 75.000 desaparecidos desde 2006. El año con mayor registro fue 2019, con más de 8.300 personas no localizadas.

Desde 2006 se han localizado en todo el país 4.092 fosas clandestinas con 6.900 cadáveres. Más de 1.200 de esos enterramientos con casi 2.000 cuerpos se localizaron durante la actual administración.

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